Agustín Junior Cuadrado Alean, más conocido como ‘El Monstruo de la Laguna’ fue hallado penalmente responsable de por lo menos 5 casos de abusos sexual. Una menor de edad, víctima.
Un juzgado penal del circuito de Montería dictó sentencia condenatoria en contra de Agustín Junior Cuadrado Alean y lo condenó a 15 años de prisión por el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo.
Debido al contundente material probatorio recaudado por una fiscal seccional el procesado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre mayo de 2021 y julio 2022 cuando el procesado, de 26 años de edad, engañó a por lo menos cinco mujeres, a quienes les ofrecía un empleo de servicio doméstico y las persuadía para llevarlas hasta una supuesta finca en zona rural de Montería.
Las víctimas, cuatro de ellas entre los 19 y los 23 años, y una menor de 17 años de edad, fueron engañadas de la misma forma, y al final accedidas carnalmente bajo amenazas de muerte, con arma corto punzante y objetos contundentes.
Una de las víctimas, quien fue abusada en junio de 2021 reconoció a Agustín Junior por el colegio donde estudió bachillerato con él, y se dio la tarea de buscarlo y hallarlo por una red social. Esto fue clave en la investigación.
Al condenado también le fue impuesta la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal privativa de la libertad.
El sentenciado había sido detenido, el 19 de septiembre del año anterior, tras materializar una orden de captura en su contra en el barrio La Granja, de Montería.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
