Redacción
Condenan al exmagistrado Francisco Ricaurte en primera instanci. La Corte Suprema lo encontró culpable de haber pertenecido a una red de corrupción de magistrados, abogados y políticos que torcían procesos judiciales en el alto tribunal. Desde el pasado 10 de marzo estaba detenido a la espera de conocer el monto de su pena.
El Juzgado 10 Penal de Bogotá condenó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte a 19 años de prisión por su participación en el escándalo del cartel de la toga. Se trata de una organización que, según una investigación de la Fiscalía y el apoyo clave de la DEA, torcía expediente en la Sala Penal del alto tribunal con la ayuda de magistrados, abogados y millonarios sobornos de congresistas y gobernadores. Ricaurte fue condenado por por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias de servidor público.
El despacho judicial acreditó su responsabilidad en este caso de corrupción judicial y cuestionó severamente su rol hace 15 días, cuando el juez del caso dictó un sentido de fallo condenatorio. “A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”, explicó el juez.
El juez del caso señaló que no encontró prueba alguna que demostrara la inocencia de Ricaurte y que sucedió todo lo contrario ya que “actuó con dolo directo (…) contra la administración pública y denotan la gravedad de las conductas que ocupada un lugar distinguido y en la cúspide de autoridades judiciales como la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura”. El funcionario judicial también descartó de entrada otorgarle algún beneficio judicial como la casa por cárcel. Ricaurte, quien asistió a la audiencia de manera virtual desde la cárcel La Picota en Bogotá, también tendrá que pagar 485 salarios mínimos, es decir, cerca de $440 millones. El fallo fue apelado por la defensa de Ricaurte ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El Juzgado 10 Penal del Circuito dio plena credibilidad al testimonio del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien dijo que Ricaurte era su conexión en la Corte Suprema. Moreno fue condenado en 2018 a 4 años y 10 meses de prisión, por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada. “Teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí pero el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema), señaló Moreno en agosto de 2020 en medio del juicio.
#ÚLTIMOMINUTO | Ante la contundencia de los elementos de prueba y los argumentos presentados por la #Fiscalía, el juez décimo Penal del Circuito de #Bogotá impuso 19 años y 2 meses de prisión al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por hechos de corrupción en la justicia. pic.twitter.com/AYDItsLPUj
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 25, 2021
La captura de Moreno, en junio de 2017, fue la génesis del cartel de la toga. En ese momento, el alto funcionario de la administración de Néstor Humberto Martínez fue capturado en su propia oficina del ente investigador, luego de que la DEA entregara unos audios a las autoridades colombianas que daban cuenta que Moreno le había pedido un millonario soborno a Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba, quien tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana por un supuesto desfalco del erario de ese departamento.
En los audios también se mencionaron algunos de los supuestos miembros del cartel de la toga como los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos y Camilo Tarquino y el magistrado suspendido Gustavo Malo, quienes hoy se encuentran enfrentando procesos judiciales por este caso e insisten en su inocencia. Por estos hechos ya aceptaron su responsabilidad los congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes eran investigadas en el alto tribunal por sus supuestos nexos con el paramilitarismo. Los senadores del Partido de la U y Liberal, respectivamente, millonarios sobornos para torcer las investigaciones.
Según el abogado Moreno, quien fue extraditado en mayo de 2018 a Estados Unidos para pagar una condena por delitos en ese país y volvió en diciembre de 2020, parte de esos dineros habrían llegado a los exmagistrados. En esos testimonios dados por Moreno a la Fiscalía o la Comisión de Investigación y Acusación (de la Cámara de Representantes) señaló que era muy cercano a los exmagistrados Bustos y Ricaurte, a quienes se ha referido como “su papá” y “Pacho”, respectivamente.
Francisco Ricaurte estudió derecho en la Universidad de Cartagena y cuando apenas superaba la mayoría de edad, a los 20 años, se vinculó como escribiente en uno de los juzgados de la capital del Bolívar. De acuerdo con Caracol Radio, durante ocho años trabajó como colaborador del despacho y como auxiliar judicial en la Procuraduría y, en 1990, con 28 años, se posesionó como juez municipal. Durante los siguientes años se concentró en la rama del derecho que lo llevó a la Corte Suprema en su adultez, siendo nombrado juez laboral de circuito en Cartagena.
La defensa de Ricaurte
Juan Sebastián Fajardo, abogado de Francisco Ricaurte dijo a principios de marzo durante los alegatos finales que la Fiscalía pudo haberse amparado en las “frases rimbombantes” de Luis Gustavo Moreno, cuyos testimonios “falsos” tendrían a por los menos tres exmagistrados en investigación (Ricaurte, Leónidas Bustos y Gustavo Malo). “Para las frases rimbombantes, para lo sonoro que resulta una ‘organización criminal’ que vendía fallos en la Corte Suprema, para eso sí despliegan armas (la Fiscalía). Pero para valorar la totalidad de la prueba, ahí sí no. Ahí sí se les cae la estantería al piso. Moreno es un testigo al que todo le olía mal, pero que no se había dado cuenta que hace rato había perdido el olfato”, dijo Fajardo.
Siguiendo con sus alegatos, la defensa de Ricaurte le dijo al juez que su cliente debe ser declarado inocente, entre otros argumentos, porque la supuesta “empresa criminal” garantizaba unos supuestos fallos que nunca se dieron. De acuerdo con el abogado Fajardo, no hay prueba que demuestre que la Corte Suprema de Justicia emitió decisiones a favor de los presuntos clientes de Luis Gustavo Moreno. De hecho, durante el juicio el funcionario Héctor Casanova, magistrado auxiliar de la Sala Penal de la alta corte, indicó que en ese despacho estaba prácticamente prohibido dejar que un caso prescribiera, es decir, que se perdieran las investigaciones por dilación en el proceso.
“Que a los medios de comunicación le han vendido que el cartel de la toga existía, puede ser, pero ninguna decisión se emitió. La feria de sentencias solo existía en la cabeza de Luis Gustavo Moreno. Lo único que quedó acreditado en este juicio es que la única corrupción se demuestra en el caso del magistrado auxiliar Camilo Ruiz”, dijo el abogado Juan Sebastián Fajardo el 2 de marzo de 2021. De acuerdo con la defensa de Ricaurte, el único rastro del actuar criminal del “inepto” cartel de la toga, cuyo único beneficiario habría sido Moreno, se encuentra en el caso de Camilo Ruiz, quien en febrero de año pasado aceptó su responsabilidad por interceder en dos procesos del despacho del magistrado Gustavo Malo.
El Espectador
