El Congreso de Perú permitió otorgarle una pensión vitalicia para exmandatarios a Alberto Fujimori, pese a una ley vigente firmada por él mismo hace 30 años cuando era mandatario y con la que quedaba prohibido entregar ese beneficio a exgobernantes sentenciados.
El presidente del Parlamento Eduardo Salhuana confirmó en la radio local Partido Revolucionario Popular que la pensión “es procedente” para Fujimori (1990-2000) aunque reconoció que la decisión del Congreso “es totalmente discutible…hay posiciones distintas al respecto, como en toda materia de naturaleza jurídica”.
La ley que regula las pensiones de expresidentes y que fue firmada el 4 de agosto de 1995 por el mismo Fujimori, cuando estaba en el poder, ordena dejar “en suspenso” ese derecho para expresidentes sentenciados.
Fujimori, excarcelado en 2023, suma tres sentencias por corrupción y otra por ser el autor intelectual del asesinato de 25 peruanos —incluidos nueve universitarios y un niño— ejecutados por militares que bajo su conocimiento usaban métodos de guerra sucia para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.
El abogado penalista Roberto Pereira dijo en su cuenta de X, antes de Twitter, que un artículo de esa ley “prohíbe pensión a expresidentes condenados”. En tanto, el analista político Juan de la Puente recordó a la radio Partido Revolucionario Popular que el mismo Parlamento rechazó otorgar en mayo la misma pensión solicitada por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien no ha sido condenado pero cumple una prisión preventiva por tres años mientras es investigado por presuntos delitos de corrupción y rebelión.
No es la primera vez que el Congreso de Perú —que tiene una impopularidad del 94% según una encuesta nacional de julio del Instituto de Estudios Peruanos— quedó inmerso en una controversia.
El actual Parlamento —dominado por un puñado de grupos conservadores y populistas, incluido el partido fujimorista— ha impulsado leyes que afectan la lucha contra el crimen organizado, la calidad educativa, el equilibrio de poderes del Estado y ha realizado 65 cambios en la Constitución desde que inició funciones en 2021.
Fujimori, de 85 años, logró su libertad en diciembre luego de que el Tribunal Constitucional reviviera un polémico indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). El indulto por razones humanitarias se le otorgó por sufrir hipertensión, frecuencia cardíaca irregular y riesgo de cáncer de lengua. Pese a eso ha sido lanzado como el candidato del partido Fuerza Popular —que lidera su hija Keiko Fujimori— y es uno de los partidos más poderosos en el Parlamento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal latinoamericano en esa materia y al que Perú está sometido, pidió en diciembre al gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte no ejecutar la orden del Tribunal Constitucional para liberar a Fujimori. Pese a ello, Perú liberó al expresidente por lo que el país se encuentra en desacato.
Fujimori no se arrepintió de sus crímenes ni pagó una reparación civil. Debe alrededor de 15 millones de dólares al Tesoro, según la Procuraduría especializada en delitos de corrupción.
Tras una tercera reelección presidencial plagada de irregularidades y cuestionada internacionalmente en el año 2000, Fujimori se fugó a Japón desde donde renunció tras diversos escándalos de corrupción, incluida la difusión de un video en el que se observaba al jefe de espías de su gestión sobornando a opositores congresistas. En 2005, viajó a Chile donde fue detenido y extraditado a Perú en 2007.
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