Redacción
Semana y media después del inicio de las sesiones virtuales del Senado y la Cámara de Representantes, el balance de la actividad legislativa tiene más sombras que luces.
Ello porque si bien los congresistas han hecho presencia casi en su totalidad en las plenarias y las comisiones que se han citado hasta ahora, persisten tanto las dificultades técnicas como las dudas jurídicas sobre la validez de las reuniones no presenciales.
En primer lugar, ni los senadores ni los representantes están seguros de usar las plataformas digitales Zoom Profesional y G-Suite a las que recurrieron la semana pasada, respectivamente, porque aunque funcionan para discutir no son aptas para votar.
Pero más allá de las limitaciones de esas herramientas, mientras sigue la discusión al interior del mismo Congreso sobre la legalidad de lo que se apruebe en las sesiones virtuales, parece haber un consenso tácito de no discutir ni votar proyectos de ley durante los próximos días.
“Hasta tanto la Corte Constitucional no se pronuncie y no tengamos la certeza que podemos votar y aprobar o negar proyectos de ley, es mejor ser prudentes y evitar la discusión de estos, pues correríamos el riesgo que los mismos estén viciados en su procedimiento”, sostuvo Gabriel Velasco, senador por el Centro Democrático.
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En ese sentido, y dada la necesidad de analizar las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para atender la emergencia generada por el Covid-19, en la primera plenaria virtual del Senado, realizada el lunes 13 de abril, se decidió citar al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y a la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, quienes acudieron el miércoles.
Desde entonces, varias de las comisiones de ambas corporaciones han convocado a otros funcionarios implicados en la atención de la pandemia, como los ministros de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y del Interior, Alicia Arango, y el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez.
De igual forma, el titular de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que ayer estaba citado a un debate de control político por la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que justamente generó una polémica al comienzo de la sesión.
Esto porque algunos de los integrantes de esa corporación aseguraron que, en medio de la actual virtualidad legislativa, estas convocatorias tampoco tienen validez, dado que no se pueden votar y que solo pueden ser asumidas como citaciones de información, ante lo que algunos representantes aseguraron que a partir de la próxima semana regresarán a las sesiones presenciales.
¿Sesiones o teleconferencias?
En opinión de varios expertos y parlamentarios, la virtualidad del Legislativo, que es positiva en tanto permite que los ciudadanos conozcan los puntos de vista de los líderes políticos, se puede asociar a una teleconferencia, pero no a una sesión formal del Congreso de la República, y no solo en lo que se refiere a la aprobación de proyectos de ley, sino justamente por los debates de control político.
El senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo, por ejemplo, aseguró en relación a los funcionarios que han sido convocados a raíz de la pandemia, que “estos no son debates de control político”.
“La gracia del Congreso es hacer verdaderos debates de control político, verdaderas controversias con los congresistas teniendo tiempos suficientes para cuestionar las políticas del Estado. El presidente Duque sacó más 30 decretos y aquí no ha habido un debate de fondo sobre esto”, puntualizó.
A su vez Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, indicó que las sesiones virtuales se pueden hacer para escuchar a los funcionarios del Gobierno Nacional o de los gremios, pero insistió en que no tienen ningún efecto jurídico.
“Como servidores públicos, tenemos que regirnos por el principio de legalidad y esas sesiones no las establece ni la ley ni la Constitución, y lo otro es que el Artículo 140 de la Constitución establece la posibilidad de cambiar la sede del Congreso, pero por decisión del pleno de ambas cámaras por separado y esa posibilidad no existió”, agrega el congresista.
Por ello, en su opinión lo que procede es que tener sesiones presenciales de las comisiones, ya que permiten garantizar la distancia necesaria entre sus integrantes para evitar el contagio del coronavirus, y proceder a aprobar los proyectos de ley.
Sin embargo, para el analista político Jhon Mario González, además de que las dudas que tienen algunos congresistas sobre la validez constitucional de votar algunas normas desincentiva la aprobación de iniciativas de ley y de reformas constitucionales, “hay que anotar que, antes del inicio de la legislatura, el Gobierno tampoco tenía muy claro qué era lo que iba a presentar al Congreso, tenía unas ideas, pero no estaban muy definidas”.
Así, coincide con Motoa en que la prioridad ahora debe ser evaluar el manejo que el Ejecutivo le ha dado a la crisis derivada del coronavirus, puesto que son de 70 los decretos legislativos que el presidente Iván Duque expidió a través del estado de excepción.
“Hay que entender que un Congreso en tiempos de crisis tiende en un primer momento a perder poder frente al poder que concentra el Gobierno, porque la sociedad necesita de decisiones rápidas, pero eso no quiere decir que requiera de control político, el cual es fundamental para el juego de contrapesos que se requiere en una democracia”, concluyó González.
Asumirían riesgo legislativo
El presidente del Senado, Lidio García Turbay, abrió la posibilidad de que los congresistas asuman un “riesgo legislativo” en el sentido de tomar la decisión de aprobar proyectos de ley de manera virtual.
“Hemos hecho consultas de manera informal, porque las consultas no se pueden hacer a la Corte Constitucional porque esta emite fallos, se pueden hacer es a la Sala de Consultas del Consejo de Estado, pero hemos recibido información de que si ellos están trabajando de manera virtual, porque no hacerlo el Congreso de la República”, dijo durante la plenaria del pasado lunes.
El presidente García agregó que con ese objetivo está organizando una reunión para el próximo viernes con los voceros de cada uno de los partidos con representación legislativa.
Habló de “adoptar una metodología y un riesgo legislativo, porque creo que si cometemos un error, de que no sean legales las sesiones, pues se caerá lo que se apruebe, más no nosotros vamos a estar inmersos en algún tipo de riesgo jurídico”.
Según los cálculos, la Corte Constitucional podría tomarse un mes en anunciar su fallo con respecto a la legalidad de las sesiones virtuales del Congreso, pero mientras tanto, García ya radicó un proyecto de ley autorizando las reuniones no presenciales.
