Redacción
Luego de haber anunciado la aprobación del documento el pasado viernes, ayer el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó el texto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en el que, entre otras cosas, plantea que se espera que por la crisis suba la pobreza y se debiliten las clases media y vulnerable.
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De acuerdo con el documento, que además cita otras proyecciones de Fedesarrollo y el Banco Mundial, revela que el Gobierno estima que el aumento de la pobreza sería de 6,3 puntos porcentuales, por lo que pasaría de 35,7% a 42%.
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Asimismo, señala que eso significa que las clases media y vulnerable también se reducirían, con una caída de 3,9 pps y 2,1 pps, respectivamente. Con eso, la primera pasaría de 30,4% a 26,5%; y la segunda de 31,3% a 29,2% del total.
Cabe recordar, en ese sentido, que las personas ubicadas en la clase vulnerable son aquellas que tienen ingresos mensuales superiores a $327.674, que es la línea de pobreza monetaria fijada en 2019; pero no logran tener las mismas condiciones de una persona de clase media.
Ante ese panorama que identificó el Gobierno, y que es más optimista que el que proyecta Fedesarrollo, con un ascenso de la pobreza a 47,6%, o el Banco Mundial, de 45,5%, se planteó la posibilidad de reestructurar los programas sociales, con el fin de tener una mejor focalización y mitigación de las personas en esas condiciones.
“A pesar de que las estimaciones revelan que las medidas de mitigación están bien focalizadas, no resultan ser suficientes para evitar el retroceso en cuanto a reducción de la pobreza. Se requieren esfuerzos adicionales para mejorar la implementación y focalización de las medidas que ya existen.
En especial, es importante promover la actualización de la información socioeconómica de los hogares en el Sisbén IV, así como el registro de hogares nuevos en la encuesta para ampliar el Registro Social de Hogares (RSH)”, dice el documento.
Asimismo, plantean que será clave que haya acuerdos de intercambio de información entre entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial, “con el fin de contar con un mayor volumen de datos sobre los hogares y los beneficiarios de programas sociales, lo cual será clave para mejorar la focalización de la oferta social del país”.
De igual forma, llama la atención que también proponen que la población migrante vulnerable pueda acceder a los programas sociales para superar los niveles de pobreza, así como una mayor participación de estas personas en los programas de reactivación del Gobierno.
INCENTIVOS A EMPRESAS Y A HOGARES
De acuerdo con los datos proporcionados por el DNP, el 44% de las acciones que se plantean en el documento Conpes están dirigidas a los hogares, con 798 iniciativas; el 37% al sector productivo (671) y el 19% al Gobierno (355 acciones).
Para el caso de las empresas, como ya lo habían planteado en el borrador de ese documento, se prevé reducir los costos para abrir o cerrar organizaciones.
En concreto, la Dian queda con la tarea de proponer unas modificaciones legales al Régimen de Tributación Simple, y así ampliar la base impositiva con la inclusión de empresas de diferentes ingresos que puedan acogerse al régimen ampliado, previa presentación y aval de la Comisión de Expertos Tributarios, dice el texto.
Asimismo, la Superintendencia de Sociedades diseñará la propuesta de un instrumento normativo “que fortalecerá las herramientas dispuestas en la Ley de Insolvencia Empresarial con especial énfasis en la reducción de los costos de cierre de las empresas de manera que se dispongan de medidas más ágiles para su liquidación, para atender de mejor manera los procesos de insolvencia y así facilitar la recuperación de las empresas que han tenido dificultades con la crisis”.
Como ya lo habían solicitado gremios y representantes empresariales, el Gobierno también tendrá algunos incentivos para la formalización empresarial, créditos de línea directa para micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de dinamizar el sector.
Finalmente, y en cuanto a los problemas estructurales del mercado laboral, agudizados por la pandemia, el Gobierno plantea que a partir del informe de la Misión de Empleo se definan las medidas prioritarias en ese sentido a partir del segundo semestre de 2021.
