El Consejo de Estado determinó que la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagen no afectó los derechos e intereses colectivos de la comunidad, al no haberse probado que esa decisión afectara la moralidad administrativa, el patrimonio de la Nación o la continuidad en la prestación del servicio público de energía.
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La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio del medio de control de la acción popular, interpuso el expresidente Álvaro Uribe. La acción jurídica señaló que, durante el gobierno de este último, se alcanzaron avances significativos en materia de rentabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa.
Como logros importantes, señaló la reducción de las pretensiones de una demanda que pretendía interponer EPM en contra de Isagen, que superaba los $6.000 millones, y se redujo a cerca de $3.000 millones. Anotó que, gracias a este tipo de gestiones, se elevaron los márgenes de rentablidad, al punto de que la utilidad neta registrada en el 2012 superó los $460.000 millones.
“Para el accionante, la decisión del consejo de ministros de poner en venta 1.572 millones de acciones de la empresa, que son propiedad del Estado, ponía en riesgo el patrimonio de los colombianos, pues se esperaba recibir 4,5 billones de pesos, cuando solo entre el 2011 y el 2012 sus activos se habían incrementado en más de un billón de pesos”, señala un comunicado del alto tribunal.
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Aseguró que este proceso de enajenación no solo ponía en riesgo las finanzas públicas sino los compromisos de la Nación en materia de generación de energía eléctrica, con los usuarios de servicios públicos domiciliarios y con el cuidado del medio ambiente.
Con la intención de que el Consejo de Estado amparara los derechos colectivos exigidos, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que la venta se decidió sin tener en cuenta muchas variables macroeconómicas; que el Estado actuó en favor de terceros, al fijar el precio con métodos que distorsionaban la realidad. Ratificó sus reparos frente a los compromisos de generación y venta de energía de la empresa, la vulneración del medio ambiente y la afectación al patrimonio estatal.
El Consejo de Estado advirtió que el Gobierno sí podía tomar esta decisión, en la medida en que fue el resultado de lo examinado por un consejo de política económica y social (Conpes), celebrado el 19 de abril del 2004, en el cual se establecieron políticas para sanear las finanzas públicas, propiciar la democratización de la propiedad accionaria, promover el desarrollo de las regiones, entre otras.
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Todas estas medidas, dijo la sala, no están sujetas a control judicial por parte del juez popular, pues son de competencia exclusiva del Ejecutivo. Precisó que, como lo concluyó el Consejo de Estado al conocer la demanda de nulidad contra el decreto que autorizó la venta, estas determinaciones son propias de la facultad discrecional del Gobierno.
De lo anterior, la sala sostiene que no se cumple el elemento objetivo de la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa; la cual es la violación de los principios jurídicos en los que debe fundarse la actuación de la administración. Tampoco se evidencia la configuración del elemento subjetivo, pues no obran en el proceso pruebas acerca de la existencia de conductas amañadas o corruptas que hayan servido de instrumento para efectuar la venta.
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Lo anterior, si se tiene en cuenta que la determinación obedece a las conclusiones del Conpes del 19 de abril del 2004. Allí se señaló la necesidad de acudir a mecanismos como este para financiar diferentes proyectos y no propósitos corruptos, deshonestos o irracionales. De hecho, el proceso se inició con una participación de 5,8 billones del Estado en Isagen, mientras que su venta se concretó en más de 6,4 billones.
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