Redacción
Por S. Graciela Landriscini*
El Poder Ejecutivo nacional y el Congreso, impulsan dos iniciativas legislativas que buscan morigerar los efectos devastadores de la pandemia económica vivida en los últimos años y la pandemia sanitaria.
La intención es volver a recorrer un sendero de desarrollo económico con inclusión, y acorde a la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021. Ello responde a la convicción y decisión política de impulsar un modo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos, que reúna cinco condiciones estructurales en simultáneo: inclusión social, dinamismo, estabilidad macroeconómica, federalismo y soberanía nacional.
En las sesiones extraordinarias de febrero, se tratan para su aprobación el proyecto de “Ley de Incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda”, y el proyecto de “Ley de financiamiento a la Ciencia y Tecnología”. Desandar el camino de la especulación financiera y la fuga de divisas, para otorgar prioridad a la actividad de producción, al empleo, las exportaciones con valor agregado y la incorporación de la ciencia y tecnología al sistema económico y a la gestión social, a través de la inyección de recursos financieros para institutos, centros de investigación básica y aplicada, salarios y proyectos integrados de vinculación y transferencia tecnológica en el territorio con criterio federal y de género, es el objetivo de ambas proyectos.
El primero de ellos, está orientado a la inversión privada en obras nuevas, o con 50% de avance, a ampliaciones e instalaciones, y a la terminación de obras de viviendas sociales paralizadas durante el gobierno anterior, que en un número de 55.000 en el país, representan un una importante porción de las familias que esperan su solución habitacional, entre las que se hallan familias jóvenes y migrantes de distintos grupos sociales, de sectores vulnerables, y hogares monoparentales, con mamás a cargo de sus hijos.
Inclusión social, dinamismo, estabilidad macroeconómica, federalismo y soberanía nacional. Es loque se procura con las leyes de incentivo económico.
La iniciativa prevé beneficios para los inversores en obras directos o a través de terceros, que se traducen en el cómputo como pago a cuenta del Impuesto sobre Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones en proyectos inmobiliarios que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2022, y diferimientos de pagos del Impuesto a las Ganancias y a la transferencia de Inmuebles de personas físicas y sucesiones por dos años desde el momento en que los inmuebles o el derecho sobre estos hubieren sido transferidos y/o enajenados. También contempla la afectación a los proyectos de obras privadas de fondos por tenencia de ahorros no declarados en moneda nacional o extranjera en el país o en el exterior, a partir de su declaración acorde a los procedimientos que defina la Administración Federal de Ingresos Públicos, y su afectación al destino constructivo previsto en la Ley, hasta transcurrido el período de 120 días desde la entrada en vigencia de la misma. No podrán ser objeto de normalización para su afectación a las inversiones en construcción, las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes.
Se procura estimular la cadena de valor de distintos rubros asociados a la industria de la construcción, empleo directo, indirecto e inducido de distintas especialidades y calificaciones en fabricación de materiales, insumos, componentes y equipos, de las viviendas, y en comercialización y transporte, y se apuntará a nuevas instalaciones que promuevan la eficiencia energética y la protección del medio ambiente, avanzando en el ordenamiento urbano de los proyectos que serán evaluados para su aprobación.
En cuanto al segundo proyecto, la ciencia y tecnología para la innovación social y productiva se convierte en un recurso fundamental con el financiamiento que la nueva ley prevé para centros e institutos de investigación localizados en el territorio nacional, y tiene una consideración especial respecto a la remuneración del trabajo de científicos, tecnólogos y transferencistas, y dispone una especial consideración en materia de género, y áreas geográficas de menor desarrollo, lo cual la convierte en un instrumentos de federalización de la ciencia y la tecnología.
*Diputada Nacional por Río Negro
Todos los días un correo con las noticias más importantes del día.
