La caída de los aranceles adicionales a la importación de textiles fue apenas uno de los temas que podrían eliminarse del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno.
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Los magistrados de la Corte Constitucional tienen en sus despachos solicitudes de inexequibilidad contra más de 40 puntos de esta ley, incluyendo dos que piden que todo el PND sea declarado como inconstitucional.
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El paquete de demandas unitarias incluyen todos los temas: desde cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pasando por gastos asociados a la salud, hasta llegar a que se elimine parte del salvavidas financiero de Electricaribe.
En todo caso, gran parte de las solicitudes presentadas están relacionadas con puntos económicos incluidos en el PND, que fue aprobado hace cerca de un año en el Congreso.
AJUSTES AL TEXTO
Por ejemplo, la Corte tendrá que dirimir si tumba o no la contribución especial para tribunales de arbitramento económicos, que tienen que pagar quienes salgan beneficiados por los laudos de más de $73 millones.
Para el demandante, la creación de ese tributo establece una diferenciación entre quienes van a la justicia ordinaria y quienes van a la arbitral, siendo “artificiosa, abiertamente discriminatoria” y desigual.
En esto coincide la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, aunque del otro lado están la Presidencia de la República, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Otras dos de las demandas van en similar sentido.
Por un lado, se busca eliminar del ordenamiento jurídico la tasa creada para quienes deseen realizar consultas previas. Este pago incluye honorarios de profesionales, acceso a la información de los proyectos y los viáticos, entre otros.
Por otro lado, las empresas del sector de servicios públicos tendrían un respiro si se tumban las contribuciones especiales que deben, con el fin de financiar gastos de funcionamiento e inversión de la Creg, la CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos.
En cuanto a impuestos adicionales, existe una demanda más que, de aprobarse por parte de la Corte Constitucional, beneficiaría a todos los colombianos de estratos 4, 5 y 6, y a los comerciantes e industriales.
ELECTRICARIBE
Se trata de la sobretasa de $4 por kilovatio/hora consumido, que pagan las personas naturales de estratos más altos y un grupo de empresarios, con el fin de pagar parte del pasivo de Electricaribe.
En este caso, el demandante asegura que los dineros que se recaudan por este impuesto “tienen una destinación especial que no pueden considerarse inversión social, ni cumplen con los requisitos de distribución territorial”. Es decir, que se usan específicamente para una zona del país que no beneficia a todos los habitantes que pagan la sobretasa.
En materia energética, también podría haber novedades para los agentes comercializadores del mercado de energía mayorista. En este caso, se pretende tumbar la obligatoriedad de que dichas empresas o personas tengan que comprar mínimo entre 8% y 10% de energía de fuentes no convencionales renovables.
Por su parte, los trabajadores independientes también podrían ser impactados por cuenta de una demanda. Particularmente, porque se busca eliminar el artículo 244 del PND que ajustó aspectos del ingreso base de cotización de quienes tienen este tipo de vinculación.
El Centro de Estudios Empresariales CEEISB, que demandó este punto, asegura que la norma vulnera el principio de unidad de materia, es decir, que todo proyecto de ley debe referirse a un mismo tema, por lo cual no podría incluirse en el Plan de Desarrollo.
No obstante, para el Ministerio de Trabajo, esta iniciativa va de la mano con el pacto por la equidad del PND, “si se tiene en cuenta que al definir la base de cotización de los afiliados independientes (…) lo que se pretende es, precisamente, crear las condiciones para garantizar su protección frente a las distintas contingencias que pueden afectar su vida o salud”.
TODA LA LEY
La decisión final de este caso estará en manos de la Corte Constitucional, que además deberá resolver dos demandas interpuestas por ciudadanos contra toda la ley del Plan de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’. Una fue presentada por la firma Suárez Camacho Abogados, mientras que la otra la radicó el congresista León Fredy Muñoz.
En ambos casos, se le pide a la Corte que declare totalmente inconstitucional el PND, ya que habría tenido vicios de trámite tal y como le pasó a la Ley de Financiamiento. Argumentan que no hubo publicidad y que el Senado aprobó el proyecto sin saber qué estaba votando.
IMPORTACIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES
Incluir en el PND el incremento de los aranceles a las importaciones de confecciones, mediante los artículos 274 y 275, fue uno de los temas que mayor controversia generó entre gremios del sector el año pasado. En el primero se establecía un impuesto de 37,9% a las prendas traídas del exterior cuyo valor fuera menor o igual a US$20 por kilo.
Por su parte, el artículo 275 estipulaba un arancel de 10% ad valorem, dependiendo del valor del producto- más US$3 por kilo bruto. Cabe indicar que ambos aplicaban para artículos de los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas, es decir, prendas y complementos de vestir y no a las telas.
Dichas medidas entraron a regir a comienzos de noviembre del año pasado, pero fueron tumbadas este miércoles por decisión de la Corte Constitucional que las declaró inexequibles. El Mincomercio, por su parte, no se pronunció al respecto y prefirió esperar a que salga el fallo completo.
