Contrabando de cigarrillos subió a 35 % en 2023, la más alta en ocho años | Regiones | Economía

El consumo de cigarrillos ilegales en Colombia alcanzo durante el 2023 el 35 %, la cifra más alta registrada desde 2015, de acuerdo con el estudio ‘Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia 2023’ realizado por la firma Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND).  

El top cinco de los departamentos con mayor ilegalidad en el consumo de cigarrillos son: La Guajira con el 91 %, Cesar con el 85 %, Sucre con el 75 %, Bolívar con el 74 % y Norte de Santander con el 74%.

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“Por causa del contrabando de cigarrillos, Colombia ha perdido 3,6 billones de pesos en los últimos cinco años. Contrarrestar este fenómeno nos llama a seguir aunando esfuerzos técnicos, operativos y de comunicación para que las bandas criminales que se valen del contrabando de cigarrillos para lavar dinero no usen a la población civil como medio para delinquir”, aseguró el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera Amado.

La FND dijo que una de las problemáticas es que este delito afecta directamente a la ciudadanía porque el impuesto por el consumo de cigarrillos se destina para financiar el deporte y la salud en las regiones. Es decir, que si se ingiere más tabaco de forma ilegal se reducen los ingresos de estos rubros, pero de todas maneras se está afectando la salud pública.

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Por otro lado, parte de los recursos recolectados de la venta de cigarrillos terminan en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Asimismo, de acuerdo con el estudio, en lugares donde se había controlado el contrabando volvió a incrementar como en los casos de Quindío en donde creció un 29 %, Chocó con el 22 %, Cauca con 15 % y Cundinamarca con el 19 %.

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Por su parte, otros departamentos se destacaron por la reducción del consumo de cigarrillos. Por ejemplo, en el caso de Córdoba se redujo en un 32 %, Sucre 16 %, Vichada 14 %, Arauca 13 % y Magdalena 11 %. Se destacan los casos de Caquetá y Guainía, donde no se reportó el consumo de cigarrillos ilegales.

De otro lado, se encontró que el 83 % de las cajetillas de cigarrillos que se comercializan de contrabando se venden en tiendas de barrio.

El informe contratado por la FND menciona que la mayor motivación de los consumidores para acudir a estos productos es el valor, con un 89 %, seguido por la disponibilidad con el 42 %. El costo promedio de una cajetilla ilegal de cigarrillos de 20 unidades es de 4.208,54 pesos, siendo Ultima los más económicos.

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Las principales marcas ilegales que se encontraron en el mercado colombiano fueron: Rumba, Carnival, Real y Marshal, provenientes de Uruguay (11,4 %), Corea del Sur (6,9), Emiratos Árabes / Dubái y China (3,9 %).

Otro de los grandes hallazgos es que el Observatorio de Registro y Control Anticontrabando (Orca) de la FND se encontró que durante el año pasado se aprehendieron 5,5 millones de productos de cajetillas de cigarrillos que están avaluadas en más $ 11.500 millones.

De las cajetillas de cigarrillos que se comercializan de contrabando se venden en tiendas de barrio.

La alerta es que el impuesto al consumo de estos productos representa una importante fuente de ingresos para los departamentos. Por ejemplo, entre 2015 y 2023 el 48 % del total de los ingresos tributarios provino de allí. En el caso de 2023, se recaudaron $ 4 billones. Adicionalmente, el estudio recalca que a pesar de que muchas personas saben que estos recursos recaudan impuestos y van destinados a salud, recreación y deporte, a las personas que los compran ilegal parece no importarles.

También, el 53 % de los encuestados dijeron conocer que se paga un impuesto por el consumo de cigarrillos y que el 61 % sabe que el dinero recaudado está destinado a salud, recreación y deporte, mientras que el 71 % dice no estar dispuesto a pagar más por una cajetilla sabiendo cuál será el fin del impuesto recaudado.

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La FND recordó que quien comercialice productos ilegales podría exponerse al decomiso de la mercancía y el cierre de su establecimiento por 120 días, la cancelación o suspensión de la licencia o registro y multas que pueden ir hasta la privación de la libertad.

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