La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería –ANM y la empresa concesionaria Cerro Matoso S.A por un posible detrimento de 619.000 millones de pesos.
(Lea:Cerro Matoso espera su nueva licencia ambiental en el 2020)
El detrimento se habría generado porque Cerro Matoso no habría pagado todas las regalías que debía girar al Estado por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012. Esto ocurrió con la mina de Cerro Matoso que opera en Montelíbano (Córdoba).
(Lea: Precio internacional del Níquel, respiro para la producción nacional)
De los $619.000 millones establecidos como detrimento patrimonial, aproximadamente $231.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por haber deducido a gastos no pertinentes, como vestieres, cafetería, hotel y clubes
Otros $386.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por costos de procesamiento y transporte de níquel deducidos que no se encuentran claramente demostrados.
Y un estimado de $2.400 millones corresponderían a regalías no pagadas por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel producido y comercializado
El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y el concesionario vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento, señala el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba
CERRO MATOSO RESPONDE
Frente a la investigación, la compañía en un comunicado señaló que la cifra mencionada por la Contraloría es desproporcionada e injustificada, ya que desconoce la fórmula contractual y adicionalmente incluye el cobro de regalías por hierro, que la compañía no está obligada a pagar según la ley y los contratos.
Asimismo afirmó que la compañía siempre ha pagado regalías de buena fe y ceñida a la normatividad legal y contractual que le aplica.
«La empresa considera que el alcance de esta investigación carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca», puntualizó.