Redacción
Si bien Colombia es un país altamente informal, con seis de cada diez trabajadores en esta condición, en el campo la situación es aún más compleja, pues en las zonas rurales el indicador de informalidad está en 86%. De allí que en el proyecto de reforma laboral que radicó el Gobierno ante el Congreso de la República haya un apartado específico para el sector rural.
El artículo 29 propone la creación del ‘contrato agropecuario’, una figura que aplica “cuando el trabajador o trabajadora labora en la ejecución de tareas propias de la actividad agropecuaria en toda la cadena de producción primaria, sin perjuicio de su reconocimiento como persona campesina”.
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El proyecto precisa que si las actividades realizadas para este contrato se mantienen por más de 27 de semanas continuas para el mismo empleador, se entenderá estipulado con este a tiempo indefinido, y se aclara que ese tipo de contrato no aplica para las empresas agroindustriales a quienes les aplican las normas generales del Código Sustantivo del Trabajo.
Sumado a ello, el artículo 30 del proyecto propone la creación de la modalidad de jornal agropecuario, para remunerar este tipo de contratos. Así se podrá acordar el pago del salario, así como de prestaciones sociales y beneficios legales.
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Si bien desde los gremios del agro se percibe esto como una iniciativa positiva, su implementación en la práctica tiene varios desafíos y también son varias las opiniones en el sector.
La reforma laboral se discutió, antes de ser radicada, en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, en la cual Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) es uno de los gremios participantes, junto al Gobierno y los sindicatos.
“Desde la SAC siempre hemos hablado de la importancia de formalizar el campo, de contar con un contrato agropecuario. Le hicimos una propuesta a la ministra, que es parcialmente recogida en la reforma”, explicó el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya.
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Según el representante gremial, el texto recoge elementos importantes para el sector, pero asegura que también “faltan algunas cosas”, como que se pueda pagar por horas, y que en la reforma pensional las prestaciones sociales puedan hacerse por horas.
“Se dejó un jornal diario, y que las prestaciones sociales se paguen con base en el diario, pero si se trabaja un día se pagan por el cuarto de un mes, es decir, una semana. Y eso no va a resolver el problema de los trabajadores rurales que tienen hasta tres empleadores por día”, explicó.
Esto, según Bedoya, tiene que ver con las dinámicas de los cultivos de ciclo corto, los pequeños y medianos productores, y explotaciones que demandan trabajo estacional, donde está el grueso de la informalidad en el campo.
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“Por ejemplo, un trabajador rural en la mañana ordeña vacas en una finca, pero en la tarde va a otra a participar de las labores de mantenimiento de un cultivo de papa. Ese trabajador hoy no tiene la posibilidad de contar con un empleo formal porque el régimen laboral no lo habilita para tener una contratación por horas, con los consecuentes aportes de prestaciones sociales”, cuestionó Bedoya.
Pero además, el directivo de la SAC enfatizó en que en el sector agropecuario hay empleo formal e informal, y que estos últimos sentirán algunos impactos de la reforma, más allá del contrato agropecuario.
“Hay sectores ampliamente formales, como el del banano, la palma, el aguacate hass, las flores, avicultura, porcicultura y la industria láctea, donde hay empresas con colaboradores de jornada laboral normal y contratación formal. Ese universo se va a ver impactado por la generalidad de la reforma y los cambios en los derechos individuales y colectivos”, comentó.
Desde Fedecacao, su presidente, Eduard Baquero, destacó que “es un tema importante para el sector agropecuario, teniendo en cuenta que nunca se había contemplado nada similar antes y por mucho tiempo se había insistido en la importancia de formalizar”.
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En el caso del subsector cacaotero, comentó Baquero, que alrededor del 94% son pequeños productores, con menos de cinco hectáreas. Según un censo interno del gremio, 84,4% de esos pequeños productores contratan jornales. “Hay que mirar su implementación y quienes tendrían que pagar esos jornales, que son los pequeños productores”, dijo.
Desde Analac, el gremio de los productores lecheros, su presidente Felipe Pinilla coincidió en la importancia de avanzar en la formalización, y calificó como positiva la idea, pero también mostró preocupación por cómo será el proceso.
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“El contrato agropecuario puede ayudar a formalizar el jornal o los ocasionales, pero queda una pregunta al Gobierno de cómo se hará”, dijo Pinilla, quien aseguro que el planteamiento debe aterrizarse a la aplicabilidad de la norma.
“Si un productor quiere contratar un jornal agropecuario para el siguiente día debe ser algo ágil de hacer y con reglas de juego claras, sobre, por ejemplo, quien hace los aportes sociales. Hay todo un reto de explicar de qué se trata el contrato agropecuario”, aseguró.
Afiliados al sisbén, un punto a revisar
Una de las complicaciones que podría enfrentar el proyecto tiene que ver con aquellos trabajadores rurales informales afiliados al Sisbén, y que por este medio reciben subsidios del Estado.
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El presidente de Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), José Félix Lafaurie, destacó que en el sector rural hay mucha gente ‘sisbenizada’ y que por ello, “hay que ver cómo se logra formalizarlos, porque el Sisbén no acepta que se les vincule laboralmente. Hay muchos temas que hay que discutir a profundidad”.
Lafaurie reiteró la necesidad de tener presente que las condiciones del contrato laboral rural no pueden ser las mismas del urbano.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista de Portafolio
