Los empleos o plantas temporales serían una figura orientada a luchar contra la precarización laboral y la privatización del empleo público, según lo dicho a EL TIEMPO por César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. También agregó que desde la entidad se adelanta esta propuesta con el fin de brindar equidad salarial y beneficios laborales.
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Esta forma de contratación está estipulada en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, encargada de fijar los lineamientos que regulan al empleo público.
El tema cobró especial relevancia luego de que el Gobierno emitiera una directriz presidencial con la que buscará reducir drásticamente los contratos por prestación de servicios.
Esta directiva establece que solo se realicen si son «estrictamente necesarios», bien sea por el volumen de trabajo o la necesidad de conocimientos especializados. Además, establece que las contrataciones deberán ser justificadas.
«(…) La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia«, puntualiza el documento.
Propuesta para reemplazarlos
Es de ahí que Función Pública, organismo encargado de gestionar toda la contratación de servidores públicos en el país, proponga usar la figura de los empleos temporales.
Según la legislación, la creación de plantas de personal temporal debe contar con cuatro condiciones: que sean funciones que no realiza el personal de planta, que tengan una duración determinada, que suplan necesidades de personal por sobrecarga de trabajo y, por último, que tenga una duración no superior a doce meses.
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Con esta posible decisión, se buscaría tener potencial técnico y capacidad administrativa para poder ejecutar las políticas públicas. “Lo que se trata es de tecnificar, de profesionalizar la Administración Pública, para que cumpla con una mayor capacidad institucional”, aseguró Manrique.
Los empleos temporales y la meritocracia
El empleo temporal también sería una herramienta para luchar contra la ‘contratación a dedo’. Según aseguró el director de la entidad, “no se trata de contratar aleatoriamente o subjetivamente; sino que tiene que hacerse una contratación planificada, desarrollando unos procedimientos para establecer si se necesitan o no y cuántos funcionarios”.
Precisamente, la legislación establece que para acceder a una planta transitoria es necesario entrar a la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta entidad se encarga de promover la igualdad y el mérito a la hora de ingresar a un puesto público.
Por ejemplo, recientemente la Procuraduría General de la Nación le llamó la atención a la Alcaldía de Cali, ya que este organismo suscribió 75.509 contratos directos entre enero del 2020 y junio del 2022, lo que significó un costo de más de 2,8 billones de pesos. Esta forma de afiliación laboral suele ignorar las etapas de análisis de contratistas.
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Según la Procuraduría, en 2021 esta Alcaldía pagó 1,5 billones de pesos en contratos directos, mientras que para los empleos que se ofrecieron por proceso competitivo se destinaron 437.175 millones de pesos.
Seguimiento a contratos por prestación de servicios
La Administración Pública se encuentra en este momento en el proceso de recopilación de datos sobre los contratos por prestación de servicios en las entidades estatales. Para esto, el plazo de entrega fue el 23 de septiembre, aunque por demoras se vieron obligados a aumentarlo hasta el 26 del mismo mes.
“Vamos a cruzar todo los gastos, porque había un subregistro de contratos de prestación de servicios que no nos informaban”, afirmó Manrique al respecto.
Aunque aún no se conoce la cifra exacta, el director de la Administración Pública aseguró que se trataría de entre 500.000 y 650.000 contratos bajo esta modalidad. Precisamente, Manrique dice que, para lograr la transición a este modelo de empleo temporal, se puede usar el dinero destinado a cubrir los contratos por prestación de servicios.
Con relación a lo anterior, el medio de comunicación ‘Vorágine’ hizo públicos unos documentos enviados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en los que se revelan los gastos en nóminas paralelas, mayormente por prestación de servicios, durante el 2021 y 2022.
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El director del Dapre, Mauricio Lizcano, dijo a medios de comunicación que el gasto del gobierno Duque durante 2021 fue de 4 billones de pesos en esa modalidad de contratación. Además, el medio encontró que, al sumar ambos años, la cifra ascendía a 7,9 billones.
En el año 2021, el Sena gastó más de un billón de pesos en nóminas paralelas, que es casi el triple que Defensa (la segunda entidad que más gastó). Además, el sector de Inclusión usó casi el mismo dinero que Ambiente y Desarrollo, Educación y Hacienda juntos.
En cuanto a las nóminas paralelas del 2022, el Sena volvió a ser la entidad que más dinero gastó en este tipo de contratación y, diferente al año anterior, Defensa utilizó menos dinero que Agricultura. Sin embargo, estos dos rubros continúan destinando más dinero a contratación de nóminas paralelas que la unión de los últimos cinco.
Precisamente, la decisión del presidente Gustavo Petro de pedir a sus ministerios la disminución de este rubro se conjuga con la petición de eliminar cerca del 30 % de contratos por prestación de servicio, una vez venzan las actividades.
Por el momento, el empleo temporal se trata de una propuesta que está evaluando la entidad y espera tener el consolidado de contratos por prestación de servicios pronto, para poder saber cuánto podría costar dicha transición y su factibilidad.
ANDRÉS PINEDA
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO