Redacción
Si bien la pandemia ha golpeado a todo el país en términos económicos, sociales y de salud, los problemas estructurales que trae el campo se han agudizado por el efecto de la crisis, y son otra fuente de preocupación para el sector privado y expertos.
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Y aunque en los reportes de mercado laboral del Dane de los últimos meses se ve que las principales ciudades tienen problemas de desempleo que no eran tan evidentes desde antes; por otro lado, los datos señalan que los viejos dolores de cabeza de informalidad, desocupación e inactividad del campo han empeorado.
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De acuerdo con el departamento estadístico, mientras que entre marzo y septiembre del año pasado había casi 4,7 millones de ocupados en centros poblados y rural disperso, en el mismo periodo de este año, había 4,2 millones de personas trabajando en esas zonas, lo que representó una caída de 10%. Y aunque está por debajo del total nacional en ese lapso (-15,9%), problemas estructurales como el de la informalidad saltan a la vista.
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Eso señala un informe que el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), que dice que al comparar marzo y julio del 2020 con el mismo periodo del 2019, se han perdido cerca de 578.705 empleos, de los cuales el 65% ha sido informal y el 35% formal.
Asimismo, señala que los efectos se han concentrado en las actividades que se clasifican como no agropecuarias, pues representan el 73% de los puestos informales perdidos y el 59% de los formales.
A eso se le suma una caída de la demanda de alimentos. Para José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, de los mayores problemas que están teniendo los productores es la reducción del consumo y el aumento de productos importados, lo que afecta de igual manera la situación del sector agropecuario.
Adicional a ello, se han reducido los ingresos de los hogares rurales, que son más vulnerables a caer en pobreza, como se vio en los datos que reportó el Dane de 2019.
Según la actualización metodológica de esa entidad, la incidencia de personas que están en esa condición para los centros poblados y rural disperso fue de 47,5% el año pasado, superior al nacional, que fue de 35,7%.
Y si se revisan los datos de pobreza extrema también se observa que en esas zonas el porcentaje de personas en esa condición es superior al del total nacional o la de las ciudades, pues para el 2019 fue de 19,3%, mientras que para todo el país fue de 9,6%.
Precisamente, en el informe de Rimisp, manifiestan que por la pandemia el ingreso laboral promedio por miembros del hogar ha caído más del 10%, lo que puede incidir en la llegada de nuevos pobres rurales.
Para Ángela Penagos, directora de la Iniciativa en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes, “las zonas rurales sí tendrán efectos importantes en el mercado laboral y en los ingresos de los hogares.
Por lo tanto, para evitar que los efectos rezagados que se observan profundicen las brechas ya existentes, en términos de medidas de choque y más coyunturales, se recomienda una expansión de los programas de protección del ingreso a las zonas rurales y vinculadas a las actividades agroalimentarias”, dice.
De acuerdo con la directora, se debe pensar en que estas zonas tengan instrumentos como una renta básica, como el Ingreso solidario, y que tenga una cobertura focalizada que priorice a las mujeres cabeza de familia y hogares con presencia de jóvenes.
Algo similar manifiesta Roberto Angulo, socio fundador de la firma de Inclusión, quien plantea que se amplíe la cobertura y los montos de las transferencias monetarias que ha hecho el Gobierno por la pandemia en el campo. “Yo propondría que se enfoquen en los municipios Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) con focalización especial, pero inversa”, dijo.
Jorge Enrique Espitia, investigador del centro de política fiscal de la Universidad Nacional, también expresó que dado el impacto de la pandemia en población pobre y vulnerable, se podría incluso pensar en una renta de un salario mínimo, que tendría un costo mensual de 0,22% del PIB, pero que “y cubriría un porcentaje importante de los hogares del sector y tendría un gran impacto social sobre la pobreza”.
Otro de los puntos que destacan los expertos es que será clave darle un mayor impulso en inclusión financiera, conectividad y digitalización.
Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, se debe tener un foco importante en estos procesos, así como pensar en salidas para la flexibilidad laboral de esta población.
“Nosotros hemos insistido en varias ocasiones que se debería pensar en un régimen laboral distinto para estas zonas, porque la situación es distinta. Por eso la informalidad es tan alta”. Asimismo, resaltó que también serán claves estrategias para impulsar el emprendimiento femenino y la participación laboral de las mujeres rurales.
Angulo resalta que será crucial que se busquen maneras de eliminar los principales cuellos de botella que tiene el campo para su desarrollo, que es la estructuración de proyectos. “Los PDETS deben verse como una gran plataforma de iniciativas, y ahí el Gobierno puede tener gran parte de la solución”.
Finalmente, Penagos reiteró que “esto pone de relieve que el desarrollo rural, el agropecuario y el ordenamiento del territorio con los elementos ambientales y ecosistémicos no da espera”, apuntó.
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Además de las propuestas que pusieron sobre la mesa los expertos, el Gobierno también incluyó dentro del plan de reactivación algunas iniciativas para impulsar al campo y mitigar los efectos de la pandemia en esas zonas.
De acuerdo con un documento al que este diario tuvo acceso, el Gobierno incluyó en uno de sus compromisos uno por el campo y la paz con la legalidad.
Eso incluye tres programas con 82 proyectos, que buscarían crear 104.384 empleos, lo que valdría $4 billones. Eso incluye la aceleración de las obras PDET y algunos avances para que haya más campesinos emprendedores, a través de un acceso a crédito, extensión y comercialización sostenible de sus productos. Y para el caso de los PDET, que para los expertos pueden ser gran parte de la solución a los problemas estructurales del campo, habrá un adelanto de vigencias futuras por $5 billones.
Por otro lado, para impulsar la digitalización, lanzaron las iniciativas ‘Campo a un clic’ y ‘Agricultura por contrato’
