Las más recientes decisiones que han tomado el Gobierno Nacional y los mandatarios regionales y locales para frenar el avance del coronavirus en el país tienen en ascuas a los empresarios, concesionarios viales, contratistas y a diferentes actores del sector de la infraestructura, pues numerosos frentes de obra, contratos, trabajadores, ingenieros, entre otros, ya sienten los efectos de la parálisis.
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Incluso, importantes líderes del sector de la infraestructura, como el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, han tratado de atenuar los efectos de las restricciones que se han extendido a diferentes regiones. Aún así, el gremio no ha logrado calcular cuánto le costará al sector afrontar esta coyuntura.
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Esta semana, el dirigente gremial hizo llegar varias comunicaciones a representantes del Gobierno (como la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Gutiérrez), no solo hablando de las dolencias del sector, sino buscando prontos alivios.
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Sin embargo, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, dejó claro a través de una resolución (la 471 de marzo de 2020) que con las medidas establecidas por el Gobierno para frenar el virus se suspenden obligaciones de los contratos de concesión como planes de obra, traslado de redes, gestiones prediales y ambientales, giros de equity, entre otros.
Entretanto, señala esta Resolución, con la actual coyuntura no se suspenden las obligaciones de operación y mantenimiento de carreteras, puertos, aeropuertos y red férrea. “Para ello el concesionario deberá establecer un protocolo de trabajo en condiciones seguras”, dice el documento.
Mario Huertas Cotes, presidente de la firma constructora Mario Huertas (la cual ha participado en tres proyectos de concesiones viales de cuarta generación), dijo a este diario que las medidas para contener el coronavirus “están generando graves afectaciones a los proyectos de infraestructura”, las cuales se han visto reflejadas en suspensión de obras y gestiones de contratos, en problemas para la operación e ingresos de los proyectos y, también, en maquinaria y personal en estado de ociosidad.
Esta situación, advierte Huertas, se ve traducida en un impacto financiero que podría llevar a incumplimientos con entidades financieras y, también, a una parálisis de los proyectos.
Pero más allá de estas consecuencias, agrega, resulta preocupante que se dé una reducción en el recaudo de peajes, pues esto perjudica no solo el cubrimiento de costos de las iniciativas sino el repago a los financiadores.
“Hemos solicitado al Gobierno que además de las medidas de suspensión de plazos, se adopten medidas relacionadas con la compensación por costos ociosos, menores ingresos de recaudo y, en general, por las afectaciones económicas que está generando este evento”, apunta Huertas.
A su vez, Argelino Durán, ingeniero consultor y expresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, indicó que bajo estas circunstancias no existe forma de desplazar el personal hasta los frentes de obra y tampoco de efectuar trabajos de campo enfocados en estudios de suelos.
Además, señaló Durán, la situación se complica para el sector ya que se adelantan conversaciones con la banca para pedir refinanciación de deudas. “Hay muchos empleos en riesgo y la liquidez de la infraestructura anda muy afectada porque no se han girado recursos a los contratistas”, añadió.
Finalmente, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, dijo que “existe un riesgo de atención de las obligaciones de carácter financiero” y, también, de las de tipo tributario. Además, advirtió que “hay un riesgo de brindar sostenibilidad a las relaciones laborales y, especialmente, de contar con un flujo de recursos para el pago de salarios y costos del sistema de seguridad social”.