En un nuevo reporte sobre los avances en las investigaciones que se están desarrollando por la contratación en el marco de la pandemia de coronavirus, la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía entregaron sus resultados.
La Contraloría General informó que abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por un presunto detrimento de 2.212 millones de pesos.
A Orozco la Contraloría lo investiga por presuntos sobrecostos en dos contratos para suministrar kits de alimentos y de aseo y por el pago de mayores valores, así como gastar más dinero en una intermediación que era innecesaria en un contrato para divulgar campañas sobre el coronavirus.
Uno de esos contratos investigados se firmó el 26 de marzo pasado con la empresa Sierra Pineda S.A.S. Mientras los kits costaban en total en el mercado, según los precios de referencia del DANE, unos 4.002 millones, el gobernador pagó en el contrato 5.154 millones de pesos, para un presunto sobrecosto en ese caso de 1.151 millones.
El segundo contrato por el que es investigado Orozco se firmó el primero de abril con la firma Enred Gropu S.A.S, por 5.000 millones de pesos. En ese caso, los sobreprecios serían de 827 millones.
(Lea también: El preocupante expediente de corrupción en medio de la emergencia)
El tercero proceso en su contra tiene que ver con un contrato con la empresa Leon Gráficas S.AS., en el que se habría causado un presunto detrimento de 143 millones de pesos. En esa investigación, la Contraloría dijo que la labor que desempeñó el contratista puede calificarse como «una mera intermediación en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello».
Pese a esto, asegura la investigación, la gobernación decidió tercerizar ese proceso y reconocerle al contratista mayores valores entre un 38 y 55 por ciento que «no están justificados».
Incluso, señala la Contraloría, en algunas de las pautas se exaltaba la figura del gobernador y nada tenía que ver con la promoción de la salud y prevención del coronavirus. Así, había cuñas de un minuto que nombraban el nombre de Orozco tres veces.
(Le puede interesar: Policía intervino más de 1.800 fiestas este fin de semana)
Pero además de estos casos, el organismo aseguró que abrió procesos de responsabilidad fiscal, también por presuntos sobrecostos, contra el alcalde de Cartagena, Willliam Dau Chamat, por un detrimento que sería de 193 millones.
También se abrió un proceso fiscal contra el gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, por un presunto daño al erario de 112 millones en la compra de víveres.
La Contraloría también abrió investigaciones fiscales por sobrecostos en contratos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres en Casanare, por 236 millones, así como del municipio de Girardot por 54 millones, y la alcaldía de Chiriguana (Cesar) por 24 millones.
En su intervención, el fiscal general Francisco Barbosa afirmó que en el ente acusador se han abierto 177 indagaciones por hechos de corrupción en los 32 departamentos.
También dijo que se imputarán cargos por delitos de interés indebido en contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y diversos tipos de peculado a los alcaldes de Necoclí y Barbosa (Antioquia), así como a los alcaldes de San José de Miranda (Santander) y El Charco (Nariño). Además dijo que se imputarán cargos al suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios para el que además se pedirá una medida de aseguramiento.
El Fiscal también dijo que hay 17 personas contra las que se están solictando audiencias para imputarles cargos a funcionarios y a dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional.
Barbosa dijo que en la Fiscalía se han tomado decisiones sobre 14 alcaldes en tres semanas, pero también afirmó que hay que tener en cuenta que «hay una gran mayoría de funcionarios que lo están haciendo bien». Por eso, dijo, «este escenario es para decir que estas entidades no son entidades para perseguir la función pública, sino a aquellos que se desvían de la función pública”.
Por su parte, el procurador general Fernando Carrillo dijo que adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones y 396 casos disciplinarios en alcaldías por presuntas irregularidades con contratos del coronavirus.
Los casos que ya están en juicio disciplinario en la Procuraduría son los del gobernador de Arauca, el de Vichada y tres funcionarios de la gobernación de Quindío.
Además, recordó el Procurador, por hechos irregulares en contratos están suspendidos los acaldes de Armenia (Quindío), el alcalde y el secretario administrativo de Calarcá (Quindío), los alcaldes de Cereté y Tierralta (Córdoba), el alcalde de Malambo (Atlántico), la alcaldesa de Sucre (Sucre), el alcalde y el secretario general de Palocabildo (Tolima), y el secretario de gobierno de Puerto Tejada (Cauca).
El procurador general Fernando Carrillo y el Fiscal General afirmaron que se le va a poner lupa a los financiadores de campañas locales que están obteniendo contratos de coronavirus.
Según Barbosa, se ha detectado 44 contratos de aportantes en campañas: 6 de ellos a gobernaciones, 37 para alcaldías y un aportante a edil.
El procurador Carrillo aseguró que, tomando como base una alerta que lanzó la ONG Transparencia por Colombia junto con otras organizaciones, hay por lo menos 117 financiadores de campañas locales que aportaron 4.700 millones de pesos y recibieron contratos más de 12.500 millones de pesos.
«En el 95 por ciento de los casos, el valor del contrato supera 10 o 15 veces el valor del aporte”, dijo Carrillo. Por eso, señaló el Procurador, «está clarísimo que esto es un pago de favores a financiadores de campaña”, dijo.
En el 95 por ciento de los casos, el valor del contrato supera 10 o 15 veces el valor del aporte
Carrillo también advirtió que la Procuraduría evidenció adicionalmente 147 contratos por 47.028 millones de pesos que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos en 2018 y 2019, encontrando que a solo ocho de esos contratistas se les adjudicaron 49 contratos por casi 43.494 millones de pesos. “Esto muestra una cartelización de la contratación como pago a la financiación de las campañas”, insistió Carrillo.
El contralor general Carlos Felipe Córdoba habló, por ejemplo, del caso de Vichada, en donde uno de los aportantes a la campaña del alcalde dio 40 millones de pesos y hoy tiene un contrato de 1.700 millones de pesos.
También habló de la contratación de aportantes en Boyacá por 102 millones de pesos. En la gobernación de Caquetá, algunos hicieron aportes por 157 millones de pesos, y tienen contratos por 1.600 millones de pesos.
Lo mismo , dijo Córdoba, pasó con la gobernación de Amazonas en donde una empresa entregó 20 millones para la campaña y hoy tiene contrato por 316 millones.
Otros casos son los de la alcaldía de Andes, en Antioquia, en donde un contratista aportó 2 millones y recibió un contrato por 29 millones; en Argelia (Antioquia), en donde un particular aportó 8 millones y recibió un negocio por 120 millones de pesos.
En la alcaldía de Barbosa (Antioquia), una mujer aportó 10 millones y tiene un contrato por 24,5 millones, entre otros municipios.
La Contraloría General aseguró que ha revisado contratos para atender la pandemia por 3,9 billones de pesos, que equivalen al 19 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades públicas en lo que va corrido del año, que superan los 20,6 billones.
En esos contratos, el 62 por ciento ha tenido como objetivo comprar alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, con costos de 2,4 billones de pesos. El 38 por ciento restante son contratos de prestación de servicios que suman 1,5 billones.
En esta revisión, el organismo afirmó que ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos que, en promedio, son del 21 por ciento en los contratos. Esos sobrecostos sumarían unos 484.000 millones de pesos, de los cuales el 40 por ciento, unos 193.000 millones, corresponde a contratos realizados por 25 gobernaciones.
La Contraloría General aseguró que ha revisado contratos para atender la pandemia por 3,9 billones de pesos.
Jaiver Nieto / EL TIEMPO
(Le puede interesar: Fiscalía inicia inspección judicial en Finagro)
Eso significa que los sobrecostos encontrados crecieron en un 15,4 por ciento, con respecto al último reporte que era del 15 de mayo, pues en esa fecha los sobrecostos estimados eran de 419.000 millones.
Además, dice el organismo, sus alertas han llevado a las administraciones a renegociar contratos que antes valían 101.000 millones de pesos, reduciendo su monto a 54.0000 millones.
La Contraloría también abrió una indagación preliminar contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por posibles sobrecostos en 94 órdenes de proveeduría, con un valor de 98.827 millones de pesos, para entregar kits de alimentos y asistencia a damnificados y afectados por la pandemia de coronavirus.
También abrió dos indagaciones preliminares contra la Gobernación de Antioquia por un contrato con la fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín para entregar 47.433 kits de alimentos por 3.827 millones de pesos, así como un contrato con la fundación SACIAR-Banco, para entregar 58.646 paquetes alimentarios por 4.459 millones de pesos.
En esos contratos, la Contraloría afirma que evidención presuntos sobrecostos del 10,03 por ciento y del 12,29 por ciento, equivalentes a 385 millones y 548 millones, respectivamente.
(Le recomendamos: La misteriosa desaparición de interceptaciones del ‘cartel de la toga’)
«Cabe destacar que los contratos se celebraron directamente con fundaciones que, por tratarse de entidades sin ánimo de lucro, en principio, debían ofrecer condiciones más favorables para la entidad pública contratante», dijo el organismo.
Otra de las indagadas preliminarmente es la gobernación de Santander, por un contrato de 2.098 millones de pesos con la Comercializadora Internacional de Productos Colombianos, para suministrar alimentos. Allí se pudo haber presentado un sobrecosto de 162 millones de pesos. Otra indagación preliminar contra esa gobernación se dio por un contrato de 5.956 millones de pesos con la Unión Temporal Multipae 2020, para suministrar alimentos a niños, niñas y adolescentes y jóvenes de colegios oficiales. En ese negocio, de 48 alimentos en 34 se encontraron presuntos sobrecostos entre el 1 y el 14 por ciento.
También hay una indagación preliminar contra el Gobernador del Cesar por un contrato de 2.202 millones con Credimercar CD S.A.S, al que se le compraron kits de mercado en donde en cada mercado comprado se habría encontrado un presunto sobreprecio de 34.301 pesos. La Gobernación del Cesar también tiene otra indagación preliminar por el contrato de 1.350 millones con Inversiones Merk Jagua, para comprar mercados en los que pudo haber sobreprecios del 21 por ciento.
También hay una indagación preliminar contra la gobernación de Santander por un posible sobrecosto de 1.946 millones en un contrato con Makropharma Distribuciones Farmacéuticas; una indagación a la gobernación de Magdalena por problemas en un contrato con Bigstar Alimentos; otra investigación previa contra la Gobernación de Putumayo por presuntos sobreprecios del 24 por ciento en un contrato de 899 millones; y una indagación contra la gobernación de Vaupés por un sobrecosto en contrato de 1.146 millones de pesos con la Corporación para el Desarrollo Social Indígena de Colombia Panure.
También hay indagaciones preliminares contra la gobernación de Cundinamarca, dos contra la alcaldía de Cúcuta, una contra la alcaldía de Yondó (Antioquia), otra contra Cota (Cudnamarca); contra la alcaldía de El Copey, la de El Paso y la de Aguachica (Cesar), así como contra Sabaneta (Antioquia).
JUSTICIA