Redacción
La Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, llamó la atención a las contralorías territoriales para que agudicen la vigilancia de los recursos públicos destinados a hacer frente al coronavirus en el país.
“Actuar con prontitud en estos momentos de crisis y entregar resultados oportunos a la ciudadanía debe ser la prioridad de los organismos de control fiscal”, dijo la funcionaria tras un exhaustivo análisis a la contratación pública realizada entre marzo y abril de este año (información registrada en el aplicativo SIA-Observa).
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De la muestra analizada por la Auditoría, la cual alcanza los $ 577 mil millones en contratación, se encontró que los departamentos en donde más recursos se comprometieron fueron: Valle del Cauca con más de $ 50 mil millones a través de 222 contratos; Magdalena, con más de $ 44 mil millones en 222 contratos, y Cundinamarca, con más de $ 41 mil millones, distribuidos en 887 contratos.
“La situación de urgencia manifiesta es un mecanismo legal que procura la celeridad en materia de contratación, pero, sin el debido control, esta puede convertirse en una oportunidad para la corrupción”, advirtió la Auditora.
En el reporte de la entidad se destaca que, si la información analizada se toma por entidades, llama la atención la magnitud del monto de algunos contratos. Por ejemplo, mientras el Distrito de Barranquilla celebró 119 contratos por un valor de $ 19.600 millones, en el Valle del Cauca solo la Secretaría de Gestión de Riesgo comprometió cerca de $ 29.000 millones en 6 contratos y la Secretaría de Bienestar Social celebró 8 contratos por más de $ 12.000 millones.
Igualmente, destaca que, en Casanare, el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres ejecutó $ 10.550 millones en 10 contratos y la Alcaldía del municipio de Uribia, en La Guajira, comprometió $ 9.200 millones en 8 contratos.
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Para la Auditoría, otro aspecto inherente a la contratación, y “que resulta inquietante”, es el relacionado con el pago de anticipos.
En este sentido, menciona a Casanare con $ 4.930 millones, seguido de La Guajira, con $ 3.860 millones, y Sucre con $ 3.780 millones.
Eso sí, el organismo deja en claro que, si bien pactar anticipos no es ilegal, “estos deben utilizarse exclusivamente para atender el objeto y obligaciones del contrato respectivo, y es ahí donde los órganos de control deben estar atentos para verificar que estos recursos no se desvíen para fines distintos, más aún cuando el 74 % de los contratos se ejecutaron en menos de dos meses”.
Según el reporte de la entidad de vigilancia, si bien es de esperarse que a mayor población la contratación para combatir la pandemia sea más alta, esto no necesariamente ocurre.
En ese punto, se menciona a departamentos como La Guajira, Sucre, Meta y Santander, entre otros, “en donde los valores contratados son superiores al promedio del resto de territorios”.
Igualmente, reseña que se esperaría que ante una mayor población vulnerable debería haber mayor contratación para la atención del covid-19. Pero asegura que en departamentos como Valle del Cauca tienen valores menores de contratación que otros como Meta y Boyacá, “a pesar de tener una población vulnerable 4 y 3 veces más grande que ellos, respectivamente”.
A renglón seguido, la Auditoría revela que de los 20 municipios con mayor contratación contemplados en la muestra se destaca el caso de Coveñas (Sucre), que con una población de 20.000 habitantes, tiene contratos por más de mil millones de pesos, muy por encima de San Juan de Pasto, que tiene una población 21 veces mayor.
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La corrupción en mayores o menores proporciones es corrupción y no se puede tolerar
El organismo igualmente encontró contradicciones en la relación entre la cantidad de recursos invertidos y la magnitud de la pobreza multidimensional. Según la muestra que se analizó, cuanto mayor es el índice de pobreza multidimensional, menor es la contratación para atender la pandemia.
“Municipios como Cartagena, Barbosa, Villa Rica, Cereté, Barrancabermeja, Simití y Sevia, caracterizados por los altos índices de pobreza de su población, presentan los menores valores de contratación con ocasión del covid-19”, reseña el reporte.
Y en ese mismo sentido destaca que al contrario sucede en las ciudades de Medellín, Villavicencio, Neiva y Cúcuta, en donde la pobreza es menor, pero el recurso invertido es más alto.
El reporte igualmente da cuenta de anomalías en lo que tiene que ver con el costo de algunos de los elementos adquiridos.
Por ejemplo, se evidenció que el valor promedio de un tapabocas N95 es de $ 20.996, pero en Mocoa se adquirieron 100 a un costo unitario de $ 48.000 pesos. En Villanueva, en Santander, se compró una cantidad similar pero por un valor de $ 27.731 pesos por unidad y en Peque, en Antioquia, se compraron 30 tapabocas a $ 24.910 cada uno.
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La Auditoría igualmente toca el caso de los sobrecostos en los mercados que, como ayudas, se han dado en algunas zonas del país. Señala que el costo promedio de los mercados, calculado por regiones, es de $ 60.720 pesos, pero se encuentran excepciones como la región del Pacífico, donde un mercado tenía un costo de $ 117 mil esos en promedio o la región Centro Sur, con costo promedio de $ 100 mil pesos.
“Para algunos, puede que un sobrecosto de $ 1.000 sea insignificante, pero esos mil pesos sumados en cientos y miles de contratos, también con sobrecostos, terminan impactando significativa y negativamente las arcas del Estado. La corrupción en mayores o menores proporciones es corrupción y no se puede tolerar, allí es donde deben intervenir los organismos de control”, dijo la Auditora.
REDACCIÓN POLÍTICA
