Redacción
Puede ser que el pico de contagios asociados al covid-19 haya quedado atrás en Colombia, pero los efectos derivados de la pandemia se vuelven más evidentes con el correr de los meses. Aparte de las consecuencias negativas en materia económica y social, aumentan las evidencias sobre un incremento significativo en los casos de corrupción, especialmente a nivel regional y local.
Y es que la lista de funcionarios sindicados, suspendidos o investigados por el mal uso de los recursos públicos es cada vez más numerosa. Las acusaciones de las pasadas semanas incluyen a los alcaldes de Villavicencio, Anapoima, Cereté, Necoclí, Malambo, San Pedro o Calarcá, al igual que los gobernadores de San Andrés y Vichada, entre muchos otros.
Las cifras son elocuentes. Según la Procuraduría General de la Nación, desde que comenzó la emergencia sanitaria en marzo van 837 registros con inicio de actuación disciplinaria, que comprenden 417 alcaldías, 26 gobernaciones y 32 concejos municipales.
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El dato supera con creces el ritmo usual. Basta con señalar que desde 2017, los fallos del ente de control contra personas que fueron elegidas popularmente suman 1.094.
Si bien en este caso no han concluido los procesos, quienes saben del asunto señalan que los indicios son fuertes y probablemente derivarán en castigos de diverso orden. También la Contraloría y la Fiscalía vienen actuando, lo cual debería conducir a juicios de responsabilidad fiscal y penas de cárcel en el futuro cercano.
Aun así, la amenaza sigue presente, algo que incide sobre el prestigio de las instituciones y el ánimo de los ciudadanos. De acuerdo con el sondeo que elabora Invamer cada dos meses, desde hace cuatro años la corrupción aparece como uno de los dos principales problemas del país. En la encuesta de agosto, 84 por ciento de los interrogados afirmaron que el tema está empeorando.
“La pandemia no paralizó a quienes sin escrúpulos han pretendido defraudar recursos destinados a la contención y manejo de la crisis. Sobrecostos, direccionamiento contractual, cubrimiento de favores políticos, pagos a financiadores de campañas o uso de recursos para objetos innecesarios son algunas de las conductas que hemos estado investigando y sancionando”, subraya el procurador Fernando Carrillo.(Le recomendamos: Así seguirá sancionando Procuraduría a funcionarios elegidos por voto).
Efecto colateral
Aunque no hay duda de que el mal viene desde antes, vale la pena examinar por qué se extendió con más fuerza de la mano del coronavirus. La explicación recae en el uso de la figura de la urgencia manifiesta, ante la aparición de un evento extraordinario. Debido a ese motivo, no se siguen los protocolos usuales de contratación, que incluyen abrir licitaciones y la presencia de un número plural de oferentes para la entrega de un bien o la prestación de un servicio.
Acudir a métodos más expeditos tuvo una justificación sólida. Dado el tamaño del desafío, resultaba imperativo reaccionar con rapidez para adquirir tanto insumos médicos como elementos de protección que comprenden mascarillas o desinfectantes.
Al mismo tiempo, las cuarentenas obligatorias hicieron indispensables medidas de mitigación para proteger a los hogares más vulnerables. La compra y distribución de mercados debía operar en forma inmediata, pues el hambre no da espera.
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No obstante, una cosa es responder con velocidad y otra es abusar o hacerse el de la vista gorda ante los abusos. Los ejemplos documentados de la lata de atún a 19.000 pesos en Arauca o el tapabocas de 45.650 pesos en Palermo, Huila, distan de ser los únicos y apuntan a un detrimento patrimonial considerable.
Más inquietante todavía es la presencia de redes de corrupción. Un trabajo escrito por Jorge Gallego, Mounu Prem y Juan Vargas, docentes de la Universidad del Rosario, analizó casi 360.000 contratos suscritos durante la primera ola de la pandemia y encontró que en aquellos lugares en donde la capacidad estatal es menor y ya se han detectado antes altos niveles de venalidad, la presencia de sobrecostos es elevada. Además, los beneficiarios de los giros resultaron ser en alta proporción los donantes de campaña.
“La contratación directa acabó siendo habilitada de manera informal por la declaratoria de emergencia social”, señala el profesor Jorge Gallego. “Encontramos que esa facultad se dirigió especialmente a compra de bienes y fundamentalmente, alimentos, y que la discrecionalidad se usó mal”, agrega.
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Como si lo anterior no fuera suficiente, se han visto gastos decididos de un plumazo que no están directamente relacionados con consideraciones humanitarias o de salud. De tal manera, garantizar que haya una buena dotación en un hospital determinado es muy distinto a entregar la ejecución de obras públicas a dedo, pues en eso no consiste la urgencia manifiesta.
Tales circunstancias han disparado las alarmas de los observadores. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, sostiene que “el riesgo de corrupción es mucho mayor ahora”. De acuerdo con la entidad, persisten los sobrecostos y la falta de idoneidad de los contratistas, mientras que al mismo tiempo falta claridad en los recursos que efectivamente se han invertido para atender la pandemia.
Causas conocidas
El preocupante diagnóstico plantea la hipótesis de si el problema es peor que antes. La pregunta es válida porque la amenaza del coronavirus sigue presente, incluyendo la eventualidad de rebrotes que impliquen respuestas excepcionales como las que se vieron hasta el 30 de agosto.
De igual manera, es previsible que el papel de los gobiernos sea más notorio ahora, no solo para controlar la emergencia, sino para proveer fondos en favor de personas y empresas, además de financiar programas que ayuden a la reactivación. En el presupuesto nacional de 2021, la inversión ascenderá a 56,8 billones de pesos, el mayor monto de la historia.
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Por lo tanto, está en juego la salud de la población, al igual que la propia credibilidad del Estado. En la medida en que los ciudadanos registren que el esfuerzo realizado tiene como propósito el bien común, se verá fortalecido el sistema democrático.
Si, en cambio, la percepción es que unos pocos acabaron llenándose los bolsillos, tendrán más eco los llamados de quienes proponen hacer borrón y cuenta. Fenómenos como el populismo se nutren del desencanto de la gente.
Al respecto, vale la pena escuchar el campanazo de alerta. La investigadora de Fedesarrollo Daphne Álvarez dice que “la corrupción es la misma de siempre: simplemente hay más recursos disponibles”. Para la experta, existen estructuras en las que participan desde congresistas hasta autoridades locales, que operan de manera coordinada para sacar tajada del erario. Y esas redes aprovechan la oportunidad que nace cuando se relajan los controles.
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¿Por qué el flagelo persiste? La respuesta está relacionada con el sistema electoral, la debilidad de los partidos y el abominable maridaje entre contratistas privados que financian campañas, con el compromiso expreso de ser recompensados si las personas que respaldan llegan al poder. En condiciones normales existen ciertas barreras formales que hacen algo más difícil que funcione esa dinámica perversa, pero ahora que estalló la crisis se aplica el refrán de ‘en río revuelto, ganancia de pescadores’.
Sobre el papel, hay maneras de impedir los abusos. En la práctica, los sistemas de vigilancia tratan de ser cooptados y en más de un caso acaban formando parte de los engranajes políticos, lo cual pasa por ignorar las faltas de los del mismo bando o perseguir a los adversarios. Quizás el caso más aberrante es el de las contralorías regionales, que son bastiones del poder local y poco se preocupan por el buen uso de los fondos públicos.
Cuando a lo anterior se le agrega la falta de efectividad de la justicia o las componendas entre diferentes colectividades que acaban repartiéndose la torta en ámbitos departamentales o municipales, el diagnóstico llega a ser deprimente. Al respecto, la politóloga Mónica Pachón, de la Universidad de los Andes, entrega un parte descarnado: “La corrupción en Colombia es sistémica y la política no es el único origen”.(Le recomendamos: Magistrados que tenían el caso de Arias se declararon impedidos).
Respuestas posibles
Perder la esperanza ante semejante afirmación es fácil. Resulta imposible desconocer que múltiples intentos de reforma han fracasado, tanto en el campo judicial como en el de los partidos y el sistema electoral. La consulta anticorrupción de hace dos años desembocó en una frustración que se acentuó por la falta de ánimo del Congreso para volver leyes los remedios propuestos.
Mientras llega la oportunidad de hacer una cirugía de fondo que exigirá liderazgo y voluntad política, vale la pena subrayar que no todo está perdido. En la sociedad civil, la academia y las propias entidades estatales hay personas que destapan ollas podridas y logran que se castigue a los ladrones, más allá de amenazas y presiones.
Las cosas serían mucho peores de no contar con datos claves. El sistema electrónico de contratación pública, más conocido como Secop, es una herramienta que sirve mucho, pues obliga a que todas las adjudicaciones queden en la red.
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Por cuenta de la información disponible es posible hacer cruces y diseñar sistemas de alerta temprana, algo que ahora es más fácil gracias a la mejora en los sistemas de procesamiento y el uso de algoritmos. De hecho, parte de los escándalos revelados en los meses pasados son atribuibles a una mayor capacidad analítica en los entes de control.
Al mismo tiempo, vale la pena impulsar los mecanismos de Colombia Compra Eficiente, cuya tienda virtual sirvió para poner orden en la adquisición de papelería, combustible, computadores o vehículos, entre otros. La firma de convenios marco evita la dispersión de precios e incluso puede cobijar a las obras públicas de pequeño alcance. Tampoco se pueden desconocer los pliegos tipo que sirven para acabar con las licitaciones hechas a la medida de un solo proponente.
Para María Margarita Zuleta, quien fuera zar anticorrupción y ahora está vinculada a la Universidad de los Andes, parte de los abusos actuales se pueden mitigar con varias acciones que incluyen una mínima planeación de las compras, requisitos de experiencia a los proveedores, precios de referencia y una argumentación relacionada con la pandemia que justifique la urgencia en las adquisiciones. “El afán necesita quedar sustentado”, añade.
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También es clave en la ecuación el papel de los órganos de control, que pasa por una mayor adopción de la tecnología y el uso de su poder sancionatorio de manera efectiva y oportuna. Aquí, el peligro es que la politiquería acabe inclinando el fiel de la balanza o que eventuales decisiones en los ámbitos internacionales impidan que los funcionarios elegidos por voto popular puedan ser sancionados.
Debido a ello, el papel de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía es insustituible, tanto para alertar sobre posibles irregularidades como para exigir resultados o aplicar la sanción social que tanta falta hace en un país que premia más la viveza que la honestidad. Como lo señala Fernando Carrillo, “hacia el futuro hay que garantizar que la corrupción siga combatiéndose sin cuartel, bajo parámetros de absoluta transparencia del Estado”.
Por tal razón, no se puede bajar la guardia en la lucha contra el que es un monstruo de mil cabezas. Las secuelas que dejará el coronavirus en el largo plazo serán profundas y prolongadas. Y si al desempleo, las quiebras empresariales y la falta de oportunidades se les suma el saqueo de los recursos públicos, la enfermedad será peor que la propia pandemia.
RICARDO ÁVILA
ANALISTA SENIOR DE EL TIEMPO
En Twitter: @ravilapinto
