Redacción
Vinculaciones laborales informales, elementos de bioseguridad insuficientes, dificultades para transportarse o cambios en sus contratos son algunas de las circunstancias que el personal de salud, la primera línea de defensa en la batalla contra el coronavirus, vive en el país.
Esa realidad, que a cuenta gotas sale a la luz pública a través de denuncias en las redes sociales o los medios de comunicación, fue corroborada por la Contraloría General.
El organismo de control hizo una encuesta en los 32 departamentos del país, en la que participaron 12.230 profesionales de la salud. Entre ellos hay 4.639 auxiliares administrativos, 3.073 médicos, 1.360 enfermeras, 521 odontólogos, 437 bacteriólogos, 218 fisioterapeutas y 190 instrumentadores quirúrgicos, entre otros.
La encuesta, conocida por EL TIEMPO, revela las difíciles condiciones en las que trabaja una buena parte del personal de la salud.
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Por ejemplo, una de las principales conclusiones es que aunque hay un 40 por ciento que es personal de planta, con un contrato a término indefinido, los demás tienen vinculaciones laborales inseguras. Así, el 38 por ciento es contratista por prestación de servicios, el 13 por ciento tiene un contrato tercerizado, el 6 por ciento es provisional y el 3 por ciento restante está por libre nombramiento y remoción.
Estas condiciones de tercerización e informalidad no garantizan las condiciones laborales del personal de la salud, sobre todo en estos momentos de crisis
Según el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, el derecho laboral se basa en la favorabilidad para los empleados, pero en el sector de salud hay unos “niveles de informalidad” alarmantes. En lugar de tener un contrato laboral, muchos tienen contratos por prestación de servicios que les implica cargas adicionales, que los deja sin una vinculación laboral, sin prestaciones ni estabilidad.
“Estas condiciones de tercerización e informalidad no garantizan las condiciones laborales del personal de la salud, sobre todo en estos momentos de crisis”, dijo Pineda.
Pero la pandemia no solo ha dejado en evidencia las malas condiciones laborales del sector salud, sino que las ha potenciado. El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales, como cambiar su contrato, darles menos o más horas de servicio, o cambiar la forma de pago. El 22 por ciento dijo, por ejemplo, que ha visto reducida su jornada laboral y, con ello, sus ingresos.
El pago del salario no está llegando a tiempo para todos. El 22 por ciento le dijo a la Contraloría que el pago de sus honorarios no es puntual, sobre todo en Cesar, Antioquia y Caquetá. Al 14 por ciento les deben su salario desde hace tres o seis meses, el 5 por ciento dijo que desde hace 6 a 10 meses, y un tres por ciento dijo que llevan más de 10 meses sin pagarles.
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A las malas condiciones laborales se suman las dificultades para tener elementos de protección y bioseguridad y un transporte seguro. Un dato alarmante de la encuesta de la Contraloría es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad.
El 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad
Por ejemplo, los mismos empleados dijeron que tuvieron que comprar 2.379 caretas de protección, 2.050 monogafas, 2.881 respiradores N95 y 1.135 batas manga larga.
Además, un 20 por ciento contestó que no les entregan caretas en la institución, y otro 20 por ciento, que no les dan monogafas.
La mayoría de quienes dijeron que no les proveen las caretas, según la encuesta, están en Antioquia (17 por ciento), seguido de Norte de Santander (6,27 por ciento), Santander (5,98 por ciento) y Valle del Cauca (3,35 por ciento).
Con todas estas dificultades, cuando la Contraloría le preguntó al personal sanitario qué tan seguro se siente atendiendo pacientes en su institución, el 56 por ciento dijo que medianamente seguro, el 14 por ciento dijo que nada seguro y solo el 30 por ciento está muy seguro en su trabajo. Además, el 53 por ciento cree que debería tener más implementos para garantizar mayor seguridad tanto a los médicos como a los pacientes.
Los 10 departamentos donde hay más inseguridad para el servicio médico son Antioquia, Cesar, Caquetá, Santander, Valle del Cauca, Arauca, Caldas, Norte de Santander, Cauca y Meta.
En cuanto al transporte, el 28 por ciento se mueve en vehículo particular y el 26 por ciento, en moto o bicicleta. Pero el otro 24 por ciento lo hace caminando; el 17 por ciento, en transporte público masivo, y el 5 por ciento, en taxi.
Esta situación también influye en la seguridad del personal médico, pues aunque un 68 por ciento le dijo al organismo de control que no tiene ninguna dificultad para trasladarse al trabajo, el otro 19 por ciento dijo que faltan medios de transporte; el 6 por ciento, que faltan medidas sanitarias en los medios de transporte, y el otro 7 por ciento habló de otro tipo de dificultad.
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Con estos resultados, el contralor Pineda asegura que la situación del personal de la salud en Colombia es “preocupante”, por lo que se necesitan mayores esfuerzos de los ministerios de Trabajo o Salud, de las ARL y los empleadores para que el personal médico pueda trabajar en condiciones más dignas.
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