Aunque el arranque de la economía en el 2020 no fue tan dinámico –en el primer trimestre el producto interno bruto (PIB) apenas avanzó un 1,4 por ciento anual–, buena parte de las proyecciones de los centros de estudio y de los analistas del mercado apuntaban a que el crecimiento se situaría como uno de los mejores de los últimos años, 3,2 por ciento anual, más si se tenía en cuenta que la economía mundial lo haría al 2,7 por ciento y Latinoamérica, al 1,8 por ciento, según el Banco Mundial.
Claro, en las cuentas de los expertos no estaban los efectos de un virus que comenzó como algo aislado en una remota población china (Wuhan), pero que en diciembre del 2019 cobraba sus primeras vidas y comenzaba a expandirse por el mundo con tal rapidez que solo tres meses después ya se había transformado en una devastadora pandemia, la covid-19, que arrastró la economía colombiana a su mayor caída histórica, 15,8 por ciento al cierre del segundo trimestre del 2020.
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Un desplome que no fue exclusivo del país. La economía mundial recibió un golpe similar, lo que hará que al cierre del año se contraiga en conjunto 4,9 por ciento, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En Colombia, el impacto fue inmediato, desde el momento en que el Gobierno ordenó la cuarentena a partir del 23 de marzo. El primer contagio se detectó el día 6 de ese mismo mes, lo que hizo que el balance económico del primer trimestre alcanzara a recoger los primeros efectos del confinamiento y la parálisis de la economía.
En esa última semana de marzo, la economía operó al 65 por ciento de su capacidad. Esto hizo que el PIB en ese tercer mes del año se contrajera 4,9 por ciento, teniendo en cuenta el índice de seguimiento económico. Ese pobre desempeño contrastó con el de los dos meses anteriores (enero y febrero), cuando la economía avanzó en promedio 4,1 por ciento.
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Con una economía paralizada y las restricciones a la movilidad de las personas era claro esperar que la desaceleración de la economía estaba a la vuelta de la esquina. El impacto negativo no se hizo esperar en sectores como el del turismo, la construcción de edificaciones, el entretenimiento, la industria no esencial, la minería y el financiero; mientras que la inversión, las exportaciones y los gastos de la economía se frenaron.
Pese a las medidas de restricción en la movilidad, el consumo mantuvo una dinámica positiva gracias al gasto de los hogares en bienes y servicios esenciales y al mayor gasto público.
Pero esto no sería suficiente para evitar el desplome, más aún cuando el desempleo, sin que hubiese llegado el covid-19 al país, venía en aumento. En febrero, la tasa de desocupación nacional llegó al 12,2 por ciento anual.
La situación de Colombia se complicaba a medida que el resto de las economías del mundo también se paralizaban, los mercados financieros y bursátiles se desplomaban y el precio de las materias primas, como el petróleo, retrocedía a niveles históricamente bajos. En abril, el barril de crudo Brent, principal referencia para el país, se cotizó en promedio a 16,38 dólares.
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La contundencia de los efectos del cierre de la economía y las bajas probabilidades de hallar pronto una vacuna para combatir la covid-19 y frenar su expansión obligaron al Gobierno a diseñar una serie de medidas que permitieran aliviar la situación de millones de colombianos que para abril ya habían perdido sus empleos o habían visto caer de manera drástica sus ingresos.
En abril, la tasa de desempleo del total nacional se disparó hasta el 19,8 por ciento y en junio alcanzó un máximo de 21,4 por ciento
Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO
En abril, la tasa de desempleo del total nacional se disparó hasta el 19,8 por ciento y en junio alcanzó un máximo de 21,4 por ciento, con más de 4,9 millones de personas que habían perdido sus trabajos.
La declaración de emergencia económica y sanitaria no se hizo esperar y con esta, las medidas para mitigar los efectos sobre la economía y los millones de hogares golpeados.
El Estado dispuso de recursos por más de 38 billones de pesos, más 4 billones adicionales, como seguro para darles tranquilidad a los inversionistas y a los mercados. Dichos recursos estuvieron encaminados a la compra de equipos médicos para elevar la capacidad de operación de clínicas y hospitales. Se apropiaron recursos adicionales para fortalecer los programas de ayudas sociales como Familias en Acción, que atiende a 10 millones de personas; Jóvenes en Acción, con 204.000 jóvenes, y más de 1,5 millones de personas del Programa Adulto Mayor.
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Desde el Gobierno se impartió la orden de reconexión de servicios públicos –agua, luz y gas natural– a más de 1 millón de familias que los tenían suspendidos por falta de pago y se les congeló la tarifa. Se aceleró la devolución del IVA, contemplado en la anterior reforma tributaria, a las familias más vulnerables a partir de abril.
Para proteger el empleo y evitar la quiebra masiva del aparato productivo se expidieron normas que incluían alivios financieros para las pequeñas y medianas empresas (periodos de gracia y prórrogas en el pago de sus créditos), y se fortaleció el Fondo Nacional de Garantías (FNG) de tal manera que este pudiera servir de respaldo a las empresas de todos los sectores y a los trabajadores independientes que necesitaran tramitar préstamos ante la banca comercial para atender sus obligaciones salariales y de proveedores, así como para mantener operando su maquinaria.
Bancóldex puso en marcha líneas de crédito en condiciones favorables, se eliminó el IVA para importación de productos y tecnologías de la salud y los aranceles, por seis meses, a 110 productos del sector salud y de bienes de capital y materias primas para empresas de transporte aéreo. También se tomaron medidas tributarias como la modificación de plazos para presentar el impuesto de renta de grandes contribuyentes y personas jurídicas, entre otras.
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