Redacción
El director de la cárcel de Villavicencio, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró que no es posible garantizar el aislamiento en el penal si hay gente durmiendo debajo de las camas y en los baños.
Rodríguez añadió que tampoco se puede garantizar una atención médica adecuada a los internos si los médicos renuncian porque no les dan los equipos de bioseguridad.
Esos son solo dos de las múltiples razones que expuso Rodríguez en un debate virtual ante la Asamblea del Meta, al argumentar la disparada de los casos de coronavirus en el centro de reclusión. En este momento, hay 859 contagiados, entre internos, guardianes y personal administrativo.
Desde su oficina en el centro de reclusión, Rodríguez apuntó que el principal problema es el hacinamiento que hay dentro del centro de reclusión y la falta de acciones de las autoridades desde distintos niveles para resolverlo, entre otras por el “abandono estatal del centro de reclusión y la burocracia”.
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“Se hacen mesas de trabajo, consejos de seguridad, en las que se dan muchas ideas, se firman muchas actas, pero no hay resultados, la burocracia nos está carcomiendo y dentro del penal hacemos lo que podemos”, dijo.
La cárcel tiene capacidad para 900 internos, al inicio de la emergencia estaban recluidos 1.835 personas, es decir que había una sobrepoblación del 100,3 por ciento.
Pese a que no se han permitido más ingresos y traslados y otras personas han quedado en libertad, en el penal todavía hay 1.750 reclusos, lo que significa que sigue el hacinamiento, ahora del 94,4 por ciento.
«¿Cómo puedo garantizar un aislamiento si hay gente durmiendo debajo de las camas y en los baños?”,se preguntó Rodríguez. A lo que sumó que se trata de un tema sanitario que no se había manejado en ninguna cárcel del mundo.
A la sobrepoblación carcelaria se sumaron los amotinamientos de los internos que empezaron el 22 de marzo cuando tumbaron rejas, puertas y paredes. “Cuatro de los líderes fueron trasladados a la cárcel de Picaleña, por solicitud nuestra porque si seguían acá continuaban los desórdenes”, sostuvo Rodríguez.
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Para reparar los daños, los guardianes hicieron una recolecta con la que compraron rejas y volvieron a construir las paredes. “Esa tarea no nos compete a nosotros ni al personal de custodia y seguridad, pero si esperamos que la haga la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), nos quedamos esperando”, dijo.
Rodríguez añadió que el pasado 30 de marzo “cuando íbamos a poner a buen recaudo a los internos del patio Colombia nos volvieron a tumbar las rejas con pesas de hacer ejercicio”, aseguró. Entonces tuvieron que hacer nuevos traslados por personas que eran un problema, eran unos líderes negativos, agregó.
Aislamiento
“Tenemos unos sitios de aislamiento que no son los ideales”. El lugar donde estaba la reclusión de mujeres lo acondicionaron para quienes tuvieran la enfermedad leve y están alistando los talleres de carpintería de los patios Colombia y Santander para ubicar otros internos.
La directora de la Uspec, Lissette Cervantes, dijo en un debate en la Cámara de representantes, hace ocho días, que los médicos no quieren trabajar en la cárcel de Villavicencio.
“Ellos han renunciado porque nos los han dotado de los elementos de protección necesaria para que cumplan las funciones, no ha sido por capricho o miedo, lo que pasa es que no pueden ir desprotegidos a la guerra”, dijo.
Rodríguez aseguró que para los servicios médicos del centro de reclusión “la Uspec hace un contrato con la Fiduprevisora y esta, a su vez, con la ESE municipal, pero a la hora de saber que pasó con el personal o los medicamentos, uno dice que es el otro y el otro que es el otro y, finalmente, nadie responde”.
La directora de la Uspec se había comprometido a traer tres carpas medicalizadas en un consejo de seguridad con los viceministros del Interior, Defensa y Justicia que se cumplió hace quince días en Villavicencio.
Únicamente trajeron una carpa para 20 pacientes, en la que solo puede estar una persona 20 minutos porque es muy bajita y el calor es insoportable durante el día.
Una tutela dispuso el traslado de 69 internos mayores de 60 años para el centro el Yari, orden que no se ha podido cumplir porque ese centro para menores infractores está a cargo de Bienestar Familiar, pero el predio recién construido aún no ha sido entregado por la gobernación. El lugar tiene capacidad para 84 personas y con algunas adecuaciones se podrán llevar 134, que son el total de adultos mayores que hay en el penal, contó.
En el penal hay una sobrepoblación del 94 por ciento.
Alcaldía de Villavicencio
Por el Decreto 546 de emergencia carcelaria van a salir 62 personas a cumplir sus penas en los domicilios.
Rodríguez también dijo que la gobernación del Meta y la alcaldía de Villavicencio establecieron unos protocolos para la salida de los reclusos, por decisiones de los jueces, que no se pueden cumplir porque eso es inconstitucional.
“Nos piden que los tengamos aislados, cuando nosotros no podemos tenerlos dentro de la cárcel porque la libertad es un derecho que deben cumplir de inmediato. De manera que tan pronto llega la orden del juez se revisan los antecedentes, se hace el trámite administrativo y el mismo día quedan en libertad”. Lo único que pueden hacer desde la cárcel, aseguró, es notificarles a las autoridades de salud quienes van a salir.
NELSON ARDILA ARIAS
Para EL TIEMPO
VILLAVICENCIO
