¿Coronavirus? Eso no es nada. Hay una plaga peor.
Al contrario de lo que piensa la gente, a mí me parece que la pandemia que nos tiene encerrados a los colombianos desde hace ocho meses no es la desgracia más dañina que nos ha caído encima. Hay una maldición peor, más demoledora, más infame, más costosa, más destructiva. No lo duden: la maligna corrupción que está ahogando a este país es más perversa que el virus.
Con decirles, aunque parezca insólito, que la corrupción le ha hecho daño a la propia pandemia, hasta contagiarla con su veneno, como voy a demostrarlo en esta crónica. No se desesperen. Aguarden y verán.
Ya se sabe que el coronavirus ataca el cuerpo y lo mata. Pero la corrupción, además del cuerpo, mata también el alma y las esperanzas, destruye sueños e ilusiones, destroza los principios morales de la sociedad, acaba con la salud, los presupuestos, con la educación y la comida, con la familia y las amistades.
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Hay que ver los contratos que las oficinas gubernamentales han firmado en todo el país, durante la pandemia, para comprender el tamaño gigantesco de la corrupción que nos está agobiando el alma y los bolsillos.
Me detengo a conversar con el contralor general, Felipe Córdoba, quien se ha distinguido, precisamente, por el interés que pone cada día en la vigilancia de semejantes negocios. Es él quien me dice que, durante la actual emergencia sanitaria, las entidades públicas colombianas han celebrado 540.000 contratos por 53 billones de pesos. Mírenles el tamaño a las cifras.
“Y entre marzo y noviembre –agrega el señor Córdoba–, en la Contraloría hemos revisado 150.000 de esos contratos, por 11,7 billones de pesos, referentes a compras para atender a la gente en la pandemia”.
Como resultado de esa monumental inspección, la Contraloría ha encontrado, hasta ahora, 460 casos sospechosos, y ha obligado a renegociar numerosos contratos, logrando una rebaja de 34.000 millones de pesos en los sobrecostos. Además, fueron suprimidos otros diecisiete contratos que valían 21.500 millones.
En la Contraloría General, María Fernanda Rangel tiene a su cargo la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que fue creada hace menos de un año y, por primera vez en este país, se encarga de todos estos controles e investigaciones.
Ellos hicieron el balance de los sobrecostos que, a lo largo y ancho de Colombia, se han producido en la contratación pública durante la emergencia de la pandemia.
“De las 460 alertas que hemos emitido –me comenta la doctora Rangel–, 222 corresponden a compras para el suministro de alimentos. Eso representa el 48 ciento de todas las negociaciones sospechosas, nada menos”.
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Y, como si fuera poco, las 238 sospechas restantes corresponden a convenios para suministrar medicamentos e insumos médicos y hospitalarios. Así se completa el ciento por ciento de los contratos dudosos.
“Alimentos como el arroz, el atún y el aceite se repiten en esos contratos”, explica el contralor Córdoba. Y entre los productos médicos, los más sospechosos son la compra de tapabocas, termómetros y camas hospitalarias.
“Hemos encontrado compra de termómetros con un sobrecosto hasta del 230 por ciento. Más del doble de lo que realmente valen”, dice la señora Rangel. ¿De modo que el robo se concentra especialmente en la comida de los hambrientos, la medicina de los más pobres y la dotación de los hospitales públicos? ¿En comida y salud? Ustedes me van a perdonar, pero, viendo eso, no tengo otra manera de decirlo: son unos bellacos. Hijos de mala madre.
La Contraloría General también ha logrado hacer un mapa de las regiones más afectadas por el coronavirus de la corrupción. El departamento del país con más contratos sospechosos de sobrecostos es Antioquia, con 35 casos, seguido por Cundinamarca, con 33, y Valle del Cauca, con 32.
En cuanto a la cantidad de dinero que cada región invirtió en esas negociaciones oscuras, me avergüenza admitir que la costa Caribe, mi tierra, es la peor, la más afectada de todo el país, con 130.412 millones de pesos. Viene luego la otra costa, la del Pacífico, con 78.278 millones, seguida en tercer lugar por los Llanos Orientales (Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada), con 62.880 millones.
Cuarta es la región denominada Centro Oriente, que incluye a Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, con 56.031 millones de pesos.
La covid-19 en Colombia sigue afectando a los ciudadanos.
César Melgarejo. EL TIEMPO
No se escapa ni la selva: en el quinto puesto de este vergonzoso campeonato figuran Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima, que han invertido en esos negociados turbios 44.055 millones. Y el Eje Cafetero cierra esta lista de la infamia, con 35.938 millones.
Ustedes se estarán preguntando, con toda razón, de dónde proviene semejante cantidad de dinero para esas compras retorcidas. La investigación de la Contraloría General también ha logrado determinar su procedencia.
El 40 por ciento de dichas negociaciones se financió con recursos departamentales. Son 110 contratos que valen 231.095 millones y se concentran en 28 gobernaciones, lo cual significa, para espanto y horror, que está metido en este infierno de tramposos el 89,6 por ciento de los departamentos colombianos. Otro 26 por ciento del dinero de los contratos investigados proviene del Gobierno nacional, por 146.287 millones de pesos. Un 20 por ciento tiene origen en ciudades capitales.
Hasta ahora, la Contraloría General ha logrado recuperar más de 15.000 millones de pesos de esos contratos con sobrecostos.
Transparencia por Colombia es el capítulo que representa en nuestro país, desde hace más de veinte años, a la organización Transparencia Internacional, entidad mundialmente respetada que conforman más de cien países y tiene su sede en Alemania.
Andrés Hernández Montes, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, me dice que, durante la pandemia, “se destaca el incremento de denuncias de la ciudadanía contra la corrupción, expresando su descontento con nuevas movilizaciones sociales en medio del aislamiento, y se está haciendo un seguimiento muy particular a la contratación pública”.
“Las nuevas generaciones, entre los 18 y los 35 años, son ahora más críticas frente a la labor del Estado”, me explica Hernández. No hay duda de que en este país estamos viviendo un momento clave, la ciudadanía reclama más resultados del Gobierno frente a la corrupción.
Para ilustrarlo con un solo ejemplo, en la última encuesta sobre corrupción 20 de cada cien encuestados reconocieron que en el último año tuvieron que pagar un soborno por usar servicios públicos.
Y eso que el 78 por ciento de los encuestados creen firmemente que sufrirá represalias si denuncia casos de corrupción. Por eso, Transparencia por Colombia está haciendo un llamado a que haya medidas más efectivas de protección a los denunciantes.
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Volviendo a la corrupción durante la pandemia, el señor Hernández Montes me cuenta que, entre finales de marzo y mediados de septiembre, “en Transparencia por Colombia recibimos denuncias de 47 casos por presunta corrupción. Fueron reportados por 63 personas distintas, lo que significa que un hecho de corrupción tuvo a más de un ciudadano haciéndole seguimiento. La gente colabora cada día más”.
Hernández añade que, a medida que pasan los días, “los corruptos en Colombia han sofisticado sus acciones, métodos y prácticas. Cada día son peores y más variados los agentes de la macrocorrupción”.
Y eso que no hemos hablado del daño en la moral pública. La investigadora Karen Daniela Sandoval, de la Universidad Externado de Colombia, sostiene, por ejemplo, que la corrupción “tiene impactos profundamente negativos no solo en la economía y la política del país, sino que crece cada vez más la desconfianza en las instituciones, en el mismo sistema político del país y en la democracia. Es una de las razones por las cuales la sociedad ha dejado de creer en la justicia”.
Me duele en el centro del corazón decirles lo que voy a decirles, pero yo sé cuál es mi obligación con la verdad y con los lectores.
El informe de Transparencia Internacional, que circula por el mundo entero, midió este año, en más de cien países, los índices de sobornos para ganar contratos del Estado y apropiarse de los dineros públicos.
Las calificaciones de corrupción en cada país van desde la peor, que es cero puntos, hasta la mejor, que es cien. Este año Colombia apenas obtuvo 37 puntos y ocupó el puesto número 96. No solo quedó lejísimos del primero, sino que ni siquiera se acercó al promedio mundial, que es de 43 puntos. Qué vergüenza (en esta oportunidad los países mejor calificados fueron Dinamarca y Nueva Zelanda, con 87 puntos cada uno, y luego Finlandia, con 86).
En la última encuesta sobre corrupción 20 de cada cien encuestados reconocieron que en el último año tuvieron que pagar un soborno por usar servicios públicos
Transparencia Internacional concluye su análisis sobre Colombia con estas palabras tristes y dolorosas como una cachetada, pero realistas: “Es uno de los países donde se hacen menos esfuerzos en la lucha anticorrupción. En Colombia esos esfuerzos están estancados”.
Y eso que, allá en sus oficinas de Alemania, a ellos no les ha llegado una de las peores noticias: que, de las pocas personas condenadas por corrupción en Colombia, más del 60 por ciento pagan su condena con la casa por cárcel.
Imagínense, pues, cómo será la debacle ahora que nos cayó encima la pandemia con su plaga de contratos amañados. Por eso me despido repitiendo, una vez más, que, al contrario de lo ocurrido en el mundo entero, en nuestro querido país no fue el virus el que contagió a la corrupción. Fue exactamente al revés.
JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO