Tomado de www.elcolombiano.com
La polémica Ley de Garantías se cayó por vicios de constitucionalidad, es decir, por irregularidades en el trámite de esa norma ante el Congreso, fallas sobre las que se había alertado desde finales de 2021.
El punto final que se le pone a la reforma que había cambiado los parámetros de la ya tradicional Ley de Garantías para las elecciones de este 2022 tendrá retroactividad, lo que se traduce en que los contratos que se hayan firmado en este tiempo deben reversarse.
Si hubo desembolsos de dinero durante mencionado lapso esos fondos deberían reembolsarse nuevamente, un tema delicado si se tiene en cuenta que en este tiempo se han movilizado recursos por $52.3 billones a los que ya les está siguiendo la pista la Contraloría.
Las cifras que reveló esta semana esa institución dejan ver el trasfondo de los cuestionamientos a esa norma: desde que empezó a regir, el 13 de noviembre de 2021, se han firmado 645.495 contratos a los que la Contraloría les puso.
La ponencia que tumbó esa norma es de la magistrada Diana Fajardo y son tales las implicaciones de esta decisión que el alto tribunal publicará en los próximos días unos parámetros sobre cómo se deben retroceder los convenios ya firmados, según conoció EL COLOMBIANO.
La votación que tumbó la Ley de Garantías estuvo en una proporción 8 a 1 y el magistrado Antonio José Lizarazo se apartó de participar en la decisión.
La reforma a la Ley de Garantías fue aprobada por el Congreso en 2021 dentro de la votación del presupuesto general de la Nación y dio la posibilidad de celebrar contratos de entidades territoriales en los que participara el Gobierno Nacional, a pesar de estar en un año electoral.
El problema sobre esa diligencia es que se tramitó por fuera de los parámetros que establece la Constitución, ya que ese tipo de cambios deben aplicarse bajo el formato de una ley estatuaria y no con un artículo incluido dentro de otro proceso legislativo, como sucedió en este caso.
En otros términos, una ley estatutaria solo podía modificarse con un trámite de la misma categoría, y no con una reforma. Tras la decisión de la Corte Constitucional la Ley de Garantías volverá a operar tal como estaba trazada hasta antes de finales de 2021.
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