Luego del fallo emitido por la Corte Internacional de la Haya, en el litigio limítrofe con Nicaragua, el presidente Duque acompañado por varios funcionarios de su gabinete se pronunció sobre la decisión y dijo que «queda claro nuestro interés de defender este Archipiélago histórico e indivisible, así como los derechos de los raizales y de todos los colombianos».

(Corte señala que Colombia “violó los derechos soberanos de Nicaragua”). 

El presidente Duque aseguró además que su Gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el mar Caribe, ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Duque reaccionó así luego de conocer el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que consideró que Colombia ha violado «la soberanía y la jurisdicción» de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y le ordenó «cesar de forma inmediata» su conducta. (Lea la declaración completa del presidente Duque). 

“Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia”, manifestó Duque en una declaración al país desde la isla de San Andrés.

Minutos antes, el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Gustavo Arrieta, había dicho que el fallo en el que el tribunal le exigió a Bogotá “cesar de forma inmediata su conducta” en aguas nicaragüenses en el Caribe permite en realidad al país “mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la Armada”.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la CIJ, Arrieta explicó que en el veredicto de este tribunal hubo “un pequeño regaño por algunas operaciones de la Armada (colombiana) en alguna zona”, pero entendió que el tribunal “consideró que no eran infracciones mayores de derecho internacional y no les atribuyó consecuencia alguna” para Bogotá.

“Hemos logrado lo esencial para Colombia, que era mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la armada, mantener la integralidad del archipiélago, y reconocer a la comunidad raizal para que pudiera pescar en la zona. Salimos muy contentos”, aseguró.

En cuanto a la propuesta del tribunal a ambas partes a buscar acuerdos bilaterales sobre la situación de la comunidad raizal, para que esta pueda acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales en aguas nicaragüenses, Arrieta señaló que se trata de “decisiones políticas que hay que tomar, son decisiones de los gobiernos”.

“Vamos a analizar con mucho detalle la sentencia, a ver qué dice, y procederemos de acuerdo con eso”, subrayó.

La CIJ consideró hoy que Colombia ha violado “la soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y con su “interferencia con las actividades de investigación científica marina y pesquera de las embarcaciones con bandera o licencia nicaragüense y con las operaciones de las embarcaciones navales” en aguas nicaragüenses.

Con esto, la Corte de la ONU exigió a Colombia “cesar inmediatamente su conducta” tanto en lo que respecta a sus actividades de pesca en aguas nicaragüenses, como a su interferencia en las operaciones de investigación por parte de Nicaragua en sus propias aguas.

“No nos ordena cesar nuestra presencia en aguas nicaragüenses, eso no es verdad, lo que dijeron es que no podíamos hacer operaciones de control del medio ambiente porque eran atribuciones de Nicaragua, pero nunca nos ordenaron que no hagamos presencia ni que salgamos de la zona, jamás, en ninguna parte”, interpretó Arrieta.

El fallo, añadió, mantiene «las posibilidades de que la Armada de Colombia esté allí y haga operaciones de lucha contra el crimen organizado en la zona». Además, el tribunal consideró que el decreto presidencial colombiano que estableció una «zona contigua integral» desde el continente hasta el archipiélago, en el que se omite la delimitación fijada por la CIJ en un fallo anterior de 2012, “no se ajusta al derecho internacional consuetudinario”.

PORTAFOLIO
Con información de EFE

Luego del fallo emitido por la Corte Internacional de la Haya, en el litigio limítrofe con Nicaragua, el presidente Duque acompañado por varios funcionarios de su gabinete se pronunció sobre la decisión y dijo que «queda claro nuestro interés de defender este Archipiélago histórico e indivisible, así como los derechos de los raizales y de todos los colombianos».

(Corte señala que Colombia “violó los derechos soberanos de Nicaragua”). 

El presidente Duque aseguró además que su Gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el mar Caribe, ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Duque reaccionó así luego de conocer el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que consideró que Colombia ha violado «la soberanía y la jurisdicción» de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y le ordenó «cesar de forma inmediata» su conducta. (Lea la declaración completa del presidente Duque). 

“Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia”, manifestó Duque en una declaración al país desde la isla de San Andrés.

Minutos antes, el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Gustavo Arrieta, había dicho que el fallo en el que el tribunal le exigió a Bogotá “cesar de forma inmediata su conducta” en aguas nicaragüenses en el Caribe permite en realidad al país “mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la Armada”.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la CIJ, Arrieta explicó que en el veredicto de este tribunal hubo “un pequeño regaño por algunas operaciones de la Armada (colombiana) en alguna zona”, pero entendió que el tribunal “consideró que no eran infracciones mayores de derecho internacional y no les atribuyó consecuencia alguna” para Bogotá.

“Hemos logrado lo esencial para Colombia, que era mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la armada, mantener la integralidad del archipiélago, y reconocer a la comunidad raizal para que pudiera pescar en la zona. Salimos muy contentos”, aseguró.

En cuanto a la propuesta del tribunal a ambas partes a buscar acuerdos bilaterales sobre la situación de la comunidad raizal, para que esta pueda acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales en aguas nicaragüenses, Arrieta señaló que se trata de “decisiones políticas que hay que tomar, son decisiones de los gobiernos”.

“Vamos a analizar con mucho detalle la sentencia, a ver qué dice, y procederemos de acuerdo con eso”, subrayó.

La CIJ consideró hoy que Colombia ha violado “la soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y con su “interferencia con las actividades de investigación científica marina y pesquera de las embarcaciones con bandera o licencia nicaragüense y con las operaciones de las embarcaciones navales” en aguas nicaragüenses.

Con esto, la Corte de la ONU exigió a Colombia “cesar inmediatamente su conducta” tanto en lo que respecta a sus actividades de pesca en aguas nicaragüenses, como a su interferencia en las operaciones de investigación por parte de Nicaragua en sus propias aguas.

“No nos ordena cesar nuestra presencia en aguas nicaragüenses, eso no es verdad, lo que dijeron es que no podíamos hacer operaciones de control del medio ambiente porque eran atribuciones de Nicaragua, pero nunca nos ordenaron que no hagamos presencia ni que salgamos de la zona, jamás, en ninguna parte”, interpretó Arrieta.

El fallo, añadió, mantiene «las posibilidades de que la Armada de Colombia esté allí y haga operaciones de lucha contra el crimen organizado en la zona». Además, el tribunal consideró que el decreto presidencial colombiano que estableció una «zona contigua integral» desde el continente hasta el archipiélago, en el que se omite la delimitación fijada por la CIJ en un fallo anterior de 2012, “no se ajusta al derecho internacional consuetudinario”.

PORTAFOLIO
Con información de EFE