De acuerdo con la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la decisión de la Corte busca evitar la liberación del exmandatario hasta que el tribunal internacional resuelva un recurso planteado por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta, hechos ocurridos durante el gobierno de Fujimori y por los que fue condenado a 25 años de prisión en 2009.
El Estado peruano debe “abstenerse de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional” que ordena liberal al expresidente, explicado en un documento la Corte-IDH, que además manifestó estar preocupado por la decisión de liberar a Fujimori.
“CIDH manifiesta profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte IDH en los casos Cantuta y Barrios Altos”, citó.
El 17 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional de Perú avaló el hábeas corpus solicitado por Fujimori para restituir el indulto concedido por el gobierno en 2017 y anulado 10 meses despues.
El Cejil y otros oenegés, en representación de familiares de víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, solicitaron suspender la liberación, resaltando que «las víctimas no fueron informadas ni escuchadas», por lo que «no existe recurso alguno en Perú que permita garantizar sus derechos».
Habitantes de dichas localidades fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre ellos homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según revelan sentencias de la Corte-IDH del 2001 y 2006, respectivamente.
*Con información de AFP.
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