Actualmente, cursa en el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca reformar el Sistema General de Participaciones, SGP. Pronto terminará su trámite allí y seguramente será norma constitucional con el apoyo de todas las bancadas. Aunque la intención de esta reforma es incrementar considerablemente los recursos de las regiones y fortalecer la descentralización a través de estas transferencias, también plantea retos significativos que no han sido corregidos al día de hoy en el texto a discutir en último debate.
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De no ser corregidos, el corazón del proyecto, el anhelo por la descentralización verdadera, no será más que una promesa incumplida. El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que la reforma al SGP sea fiscalmente responsable, no comprometa la inversión en el país y logre su verdadero objetivo: la descentralización.
Este proyecto, que tendrá su octavo y último debate en los próximos días en la Cámara de Representantes, tuvo mejoras en su paso por el Senado, con colegas de distintas bancadas logramos que el proyecto sea coherente con las metas macroeconómicas del país para que este sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, velando así por la sostenibilidad fiscal. Esto no es incompatible con el objetivo primordial del proyecto: corregir la deficiencia de recursos del SGP y cerrar las profundas brechas territoriales.
Al introducir la compatibilidad del texto de la reforma con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el proyecto corrige, pero no del todo, uno de los problemas más profundos que tenía en su versión inicial: el proyecto radicado es impagable y, en palabras del DNP, ponía “en riesgo la viabilidad del Estado como un todo”. Sumado a esto, condicionar la entrada en vigencia de esta reforma a la promulgación de una ley de organización y funcionamiento del Sistema General de Participaciones y de distribución de competencias al interior del Estado, es un cambio positivo en aras de tener una ley que cumpla la promesa incumplida de la descentralización.
Sin embargo, aun con estas correcciones y aciertos, la reforma tiene todavía varios puntos por mejorar. Estos no son detalles menores y siguen siendo cruciales para velar por una reforma responsable y una descentralización real. En el transcurso del proyecto se logró cambiar el plazo para presentar la ley de traslado de competencias de 6 a 12 meses. Esta fue una decisión responsable, pues medio año para construir, concertar y presentar un proyecto de transferencia de competencias es un plazo irreal.
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Congreso de la República.
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Lastimosamente, este plazo fue reducido de nuevo de 12 a 6 meses en la ponencia para último debate, situación que no garantiza una ley de competencias seria y responsable. Como este ajuste, varios de los cambios positivos que logró el Senado, los echó para atrás la Cámara de Representantes.
Igualmente, como lo he dicho en repetidas ocasiones como presidenta de la Comisión IV del Senado, el aumento del SGP al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación produce una presión fiscal alarmante. Esta no es una alarma nueva, ya que ha sido prudentemente comentada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ANIF, Fedesarrollo y los propios Ministerio de Hacienda y DNP.
Haber reducido el aumento del SGP del 42,5% al 39% no es suficiente y no es compatible con las recomendaciones de la Misión de Descentralización. Un aumento del 37% del SGP, como lo recomienda la Misión, puede otorgarle recursos a las regiones y entidades territoriales, teniendo en cuenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las capacidades reales del Estado frente a su realidad Macroeconómica.
Otro detalle a corregir es la contradicción entre transferencia de recursos y competencias. En el proyecto, a mi parecer haciendo lo correcto, se establece en el artículo 1 que “la transferencia de recursos fiscales, responsabilidades de gasto y competencias adicionales entre la Nación y las entidades beneficiarias, incluyendo los asignados para el cierre de brechas económicas sectoriales y territoriales, que resulte en virtud de la modificación del SGP y del régimen de competencias, se hará de manera gradual, simultánea y equivalente, de modo tal que no comprometa el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal”.
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Esto termina contradiciendo lo estipulado en el artículo 2 que obliga a incrementar los recursos cada año aun sin asegurar que las entidades territoriales tengan la capacidad de asumir las competencias correspondientes. No se puede borrar con el codo lo que se hace con la mano.
Es entonces necesario tomar las medidas para corregir estos errores en el menor tiempo posible para que la Ley que reforma el SGP sea una ley seria y responsable con las finanzas del país. Se debe acompañar este aumento de recursos con un fortalecimiento institucional de las entidades territoriales para aumentar así las capacidades administrativas y acompañar el aumento de los recursos con instituciones cada vez más sólidas que permitan el desarrollo económico de las regiones.
Este fortalecimiento es clave para el traslado de competencias 1 a 1 que pretende el proyecto de acto legislativo: Esto no se hace de la noche a la mañana y es necesario un acompañamiento fuerte del Estado para asegurar que este traslado de competencias se haga de la forma más eficiente y así asegurar que no haya duplicidad de funciones “cedidas”. Esto también debe ir acompañado de una participación de la sociedad civil que haga veeduría sobre la implementación de la reforma y los ajustes que se necesiten el camino.
La plenaria de la Cámara de Representantes está a tiempo de corregir estos errores y de llevarle a las regiones lo que han pedido por años: una verdadera descentralización. La reforma al SGP no puede ser una nueva promesa incumplida.
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ANGÉLICA LOZANO
Senadora de la República
