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Coyuntura Portafolio: La reforma que impulsa la generación de empleo vs. reforma que destruye empleo | Empleo | Economía

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En el Análisis Cuantitativo de Algunos Impactos del Proyecto de Ley de Reforma Laboral, el Banco de la República diagnosticó, que la pasada ponencia de reforma laboral del Gobierno conllevaría la destrucción de aproximadamente 450.000 empleos, lo cual resulta sumamente grave para el país, si tenemos en cuenta que hoy ostentamos el tercer lugar en desempleo entre los países Ocde.

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Pero, pareciera que para el Gobierno fuera algo menor, el desastroso indicador de desempleo del país, que se agravará con su reforma; primero, porque insisten en mantener las normas cuestionadas por el Banrepública como factores determinantes de la destrucción de empleo y segundo, porque recientemente celebraban la disminución del índice de desempleo en 9,3 % a junio pasado, cuyo mayor aporte provino de la creación de empleo público con 1,2 puntos porcentuales, más no de una dinámica de crecimiento económico del país. 

Por si fuera poco, esa tasa no nos permite ubicarnos siquiera en el promedio de los países Ocde (4,8%), mientras que nuestros vecinos, a junio de 2023, tienen tasas inferiores de 6,6% en Perú; 3,8% en Ecuador; 8% en Brasil y 7,1% en Chile. 

Ciertamente, tal índice no es motivo de celebración, por lo que la brújula debe virar hacia la verdadera prioridad con un importante plan de choque. Y esta prioridad no es otra que la generación de empleo para dar ingreso y protección social a los más vulnerables del mercado laboral.  

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Acertadamente, el partido Conservador atendió a esta necesidad presentando un proyecto de ley, que sirviera a dicho propósito, en cuya ideación y construcción participamos como sus asesores técnicos. Dentro de los objetivos más importantes de ese proyecto, se encuentran, al lado de la generación de empleo, la reducción de la informalidad y el mejoramiento de los ingresos de los empleados de forma razonable y proporcionada al tamaño de las empresas, sin poner en riesgo su existencia. 

Para lograr lo anterior, la propuesta se estructuró sobre cuatro ejes principales: El primero, denominado ‘Crea Empleo’ conformado por estímulos a favor de las empresas que generen puestos de trabajo, especialmente a favor de los grupos con mayores niveles de desempleo como son las mujeres, jóvenes, discapacitados y personas próximas a cumplir la edad para pensionarse o, que ya la tienen, pero les falten semanas de cotización y, finalmente. 

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La reducción de los ‘ninis’ es asunto fundamental en este eje, pues también se proponen incentivos para pequeñas empresas que contraten o aumenten el número de aprendices sin estar obligadas legalmente a ello.‘Crea Empleo’ se apalanca en los excelentes resultados del PAEF, y en la Ley de Primer Empleo, que culminó el pasado agosto. 

El segundo eje se compone de reglas y derechos mínimos para formalizar las nuevas formas de trabajo y relaciones laborales atípicas, bajo el entendido que no todo es contrato de trabajo, pero sí, que todos gozamos de protección social; esa es la formalidad que debe lograrse hasta hacerla universal.  

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El tercer bloque se orienta hacia la mejora de beneficios de los trabajadores en equilibrio con la sostenibilidad empresarial, sin poner en riesgo las micro y pequeñas empresas, que son el mayor empleador de nuestro país (constituyen el 98% de las empresas formales del país), pero a su vez donde se evidencia mayor informalidad. 

Finalmente, el cuarto eje actualiza el Código, que aún contiene normas anacrónicas, como la publicación física de reglamentos en carteleras de la empresa, sin que pueda suplirse por medios electrónicos o, el permiso previo del Ministerio para laborar horas extras, cuando ya tiene un límite legal que es el que debe ser respetado y fiscalizado.  

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Todo lo anterior, acompañado de estructuras de política pública, que se acompasan en la cohesión del mercado laboral y en la satisfacción de sus verdaderas necesidades para afrontar los cambios tecnológicos y demográficos de la modernidad, a saber: (i) La ampliación del espectro del subsidio de desempleo, sin colapsar la capacidad del Estado colombiano. Uruguay lo tiene y es una economía más pequeña que la nuestra; (ii) El fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, de tal manera que se presente un mejor alineamiento de la oferta y demanda de empleo, lo que tiene el efecto de reducir el desempleo; (iii) La creación de un Programa de Formación y Capacitación Permanente para el Trabajo, de tal suerte que los colombianos podamos tener educación para toda la vida, mediante el acceso a programas gratuitos de actualización en sus áreas de conocimiento o en las que requiera el mercado laboral, contribuyendo a la competitividad y adaptabilidad de la población en edad de ocuparse, cualquiera que esta sea. 

En esta propuesta se descarta la ampliación de la licencia de paternidad del proyecto de reforma gubernamental, que la aumenta a 12 semanas en 2026, y que, según cálculos del Emisor, le costaría al Estado $1,07 billones de aprobarse la reforma, suma está nada despreciable, que puede atender otras necesidades no cubiertas del mercado laboral. 

De igual manera, elimina la inamovilidad y las cuantiosas indemnizaciones por despido injusto, que redundan en el proyecto gubernamental, lo que en nada colabora a la garantía de empleabilidad, que es lo que requiere nuestro país. 

Como corolario, este proyecto del conservadurismo cuenta con viabilidad financiera, soportada en el remanente de recursos no gastados del presupuesto de la Nación del 2014 al 2022, que pueden destinarse a impulsar estas iniciativas. El proyecto además prevé que estos incentivos requieren reglamentación, lo que permitirá que se adapten al marco fiscal de mediano plazo y al cumplimiento de la regla fiscal. 

Resulta concluyente, que la apuesta es por la reforma que construye empleo formal, amplía la protección social, contribuye a la sostenibilidad de las empresas y fortalece la educación, como motores del crecimiento económico y social del país. 

CHARLES CHAPMAN
Socio Chapman Wilches

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