La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), aseguró que los vacíos del proyecto de Ley Estatutaria en Educación que se debate actualmente en el senado ponen en riesgo el futuro del sector en el país.
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De acuerdo con el gremio, a pesar de haber llevado las audiencias públicas y conversaciones con los actores del sector, hoy preocupa que el proceso “no se escucha” y “no fue efectivo” durante los debates en la Cámara.
“Aunque se proporcionaron algunos espacios para la participación, las propuestas y preocupaciones del sector no fueron tomadas en cuenta en el proyecto, lo que indica que el ejercicio de participación ciudadana no fue genuino”, indicaron vía comunicado.
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Para esta ocasión Ascun referenció los ocho puntos, que a su criterio, generan mayor preocupación y de los cuales esperan que el Senado revise “urgentemente” en los próximos debates.
Esto “para que esta ley responda a las expectativas de la sociedad, de los sectores económicos y productivos, de los jóvenes y niños y de todos los colombianos que estamos esperando un instrumento de transformación de la educación del país”, aseguran.
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Ahora bien, el primero de los puntos que referencia la Asociación es el artículo 2 del proyecto. Según ellos, allí se define la educación como un bien común, “abriendo paso a posteriores interpretaciones nocivas del papel del Estado y de los gobiernos. Además, esta definición desconoce lo previsto en el art. 67 de la Constitución”.
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Asimismo, detallan que limitar el alcance del proyecto de ley solo a la educación formal es regresivo, puesto que excluye las demás vías de educación y formación que el país ha creado desde hace 18 años, por ejemplo, la educación para el trabajo y las cualificaciones.
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Respecto al artículo 4 del proyecto de ley también hay controversia, teniendo en cuenta que este no define la educación del país bajo un sistema mixto. “no basta con mencionar a las instituciones estatales y no estatales (privadas) como parte de un sistema. Además, dejar toda la carga de la educación sólo a las instituciones estatales puede terminar desbordándolas”, indican.
Agregan que pasar la mayoría de la carga a las instituciones estatales, hace que pierdan capacidades y por ende, no se garantice el derecho a la educación, eje central de este articulado.
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Otro de los focos de debate que plantea Ascun se refiere a que se privilegie el acceso a la educación frente a la calidad. En este sentido, plantean que el hecho de que los estudiantes entren a instituciones no le asegura la calidad, por ende no habría una garantía real, sino que se les “estaría cumpliendo parcialmente su derecho a la educación”.
“En los artículos 5 (literal s) y 12 (literal o), aunque se tiene la intención de fortalecer la democracia, lo que plantea el proyecto es restringir los procesos de participación democrática y debilitar la autonomía universitaria, al prohibir la democracia representativa en las comunidades académicas, con el riesgo de permitir la interferencia de los poderes políticos en la gobernanza de las IES”, dicen.
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Mérito, impacto fiscal y sostenibilidad
Si bien las preocupaciones respecto a este proyecto vienen al alza, otro de los puntos de quiebre es la eliminación del mérito en el sistema educativo. Para este punto, la asociación menciona que “por lo que se requiere reconocer, para el caso de la educación superior y teniendo en cuenta sus características particulares, un equilibrio entre meritocracia y acciones afirmativas”.
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Añaden, que la reforma hoy carece de estudios sobre el impacto fiscal, por lo que afirmar que el proyecto de ley no requiere análisis de impacto fiscal “dado que no ordena un gasto adicional”, refleja la inquietud del sector educativo sobre la falta de novedad en la iniciativa.
Finalmente, dicen que la ley estatutaria establece la gratuidad total en las instituciones estatales, sin embargo, aún no se conoce el mecanismo para que esto mismo se garantice de manera sostenible y tampoco la calidad, pues también excluye las instituciones privadas.
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“Promueve además la financiación de la oferta, en lugar de una financiación integral de oferta y demanda, lo que podría dejar fuera a más de un millón de estudiantes que optan por la educación no estatal”, concluyen.