Un grupo de alrededor de 40 empresarios y representantes del sector privado le entregó recientemente al Gobierno Nacional una serie de recomendaciones para la recuperación económica.
El documento de 30 páginas, llamado “Estrategia para la recuperación, adaptación y preparación de Colombia a una nueva realidad”, es el producto del trabajo de este grupo, coordinado por el Consejo Privado de Competitividad.
No hay discusión en que el retorno a una senda de crecimiento con tasas altas y sostenidas pasa por el aumento en la productividad y la competitividad de la economía colombiana. Hace pocos días se cumplieron ocho meses de la detección del primer caso oficial de coronavirus en Colombia.
Ya en reapertura de los sectores productivos y sin claridad de cuándo llegará la vacuna, las medidas destinadas a enfrentar la emergencia sanitaria y su impacto en la economía deben acompañarse de debates de mediano plazo y con impacto estructural.
Esta estrategia, propuesta por los privados al Gobierno Nacional, acierta en las cuatro áreas a las que apunta: cambios en el aparato productivo; reformas para el empleo y las pensiones; la política social para los hogares golpeados por la crisis y el fortalecimiento del Estado, en especial frente a las consultas previas.
Las recomendaciones alrededor del mercado laboral como las contribuciones a seguridad social del trabajo por horas, la actualización de la normatividad laboral y la formalización de los trabajadores rurales, integran precisamente los componentes de la reforma laboral que el Gobierno Nacional no ha querido impulsar.
Incluso hay otros temas que tampoco han ganado tracción en la discusión política: mayor control a las incapacidades de salud, evaluación de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar y evitar los abusos en las incapacidades laborales.
Una reflexión similar cobija a la propuesta de reforma el sistema pensional. Las agendas laboral y de pensiones se convirtieron en “tóxicas” para la Casa de Nariño. Y ahora menos en el regreso a la “vieja” normalidad de los problemas de desfavorabilidad presidencial.
Al contrario, el paquete de recomendaciones para un “aparato productivo sofisticado” contiene propuestas que ya la administración Duque ha venido impulsando. Por ejemplo, en las medidas para una economía verde tanto la reforestación como la economía circular ya integran la estrategia de crecimiento limpio del plan de reactivación económica del Gobierno.
La conexión entre las políticas ambientales y de reactivación económica ya es parte fundamental de la estrategia del Ejecutivo- desde plantas de energía solar hasta eventuales impuestos verdes en la próxima reforma tributaria. La invitación a fortalecerlas, profundizarlas y, en varios casos, a implementar algunas que se quedan en el papel debe ser bien recibida por las autoridades.
La preocupación de estos representantes del sector privado por el robustecimiento y unificación de los programas sociales de ayudas monetarias está en el lugar adecuado. No solo millones de hogares colombianos necesitan ingresos básicos que los mantengan fuera de la pobreza sino también más capacitación que les permita conseguir puestos de trabajo.
Pero la mejor política social en medio de la pandemia es la reactivación de la economía con equidad, con empleos y con mecanismos de protección a los vulnerables. Parte de esa recuperación proviene de proyectos de infraestructura y energía que necesitan reglas más claras en sus requisitos, incluidas las consultas.
Con miras a un 2021 aún con el coronavirus afuera no se puede olvidar que la crisis actual puede ayudar a la adopción de cambios que mejoren la competitividad.