La noche del miércoles 3 de febrero miembros de la comunidad del barrio Juan XXIII, de Buenaventura (Valle del Cauca), denunciaron que dos grupos armados se enfrentaron con armas de fuego y artefactos explosivos en la zona. La crisis de seguridad y el temor a quedar en medio del fuego cruzado, llevó a que este jueves por lo menos 30 familias salieran desplazadas de ese barrio.
Al parecer, se trata de disputas entre las bandas Los Shotas y Los Espartanos, cuyo accionar ha sido alertado y documentado por la Defensoría del Pueblo.
Solo hasta el sábado 6 de febrero las autoridades locales podrán hacer el censo de cuántas personas han sido desplazadas en el barrio Juan XXIII. En esa misma fecha se les ofrecerá ayudas humanitarias, según informó el secretario de Gobierno, Ulpiano Riascos, a Blu Radio.
En contexto: “No es delincuencia común, lo que hay es una disputa por el control del territorio”: alcalde de Buenaventura
Víctor Hugo Vidal, alcalde de Buenaventura, le dijo a El Espectador que no ha sido fácil caracterizar los desplazamientos internos que se han registrado durante el 2021 porque no hay registros formales al respecto. “La Personería en la semana anterior dijo que no tenía casos reportados, a pesar de que se ha escuchado en las comunidades que se van a desplazar”, dijo Vidal.
Los Shotas y Los Espartanos se disputan el dominio de la zona desde diciembre de 2020 y los enfrentamientos entre las dos bandas no cesan. Al parecer, luego de un atentando contra el jefe de una de ellas y de la pérdida de un cargamento de drogas, “han tenido lugar retaliaciones directas contra los presuntos autores de esos hechos, los cuales fueron asesinados, conllevando la coordinada reacción de sus compañeros el 30 de diciembre, día en el que oficialmente se registraron siete homicidios por proyectil de arma de fuego”, explicó la Defensoría en la Alerta Temprana de inminencia.
Ambas estructuras están integradas por criminales que hacían parte de la banda La Local, que ejerce control territorial en la zona y es señalada de múltiples asesinatos y reclutamiento de menores. Esta banda ha estado bajo la lupa del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, que en diciembre, luego de un consejo de seguridad, ofreció $100 millones por información que permita desarticularlos y dar con el paradero de los responsables del asesinato de las siete personas en diciembre.
El espectador