Cuando comenzó su trabajo, el entendimiento general era que los países sudamericanos no habían reformado sus fuerzas policiales durante su transición a la democracia porque había mucho más por hacer. En esa versión de la historia, arreglar a la policía simplemente no había sido una prioridad.
Pero cuando profundizó un poco más, descubrió que en realidad había una gran demanda pública de una mejor seguridad y control del crimen y, a menudo, mucha ira en las comunidades afectadas por la violencia policial. La policía no había sido pasada por alto: habían sido protegidos.
La policía era políticamente poderosa porque podía retirar selectivamente sus servicios, lo que permitía que aumentaran la delincuencia y el desorden, lo que provocaba la ira de los funcionarios electos. También tendían a estar bien conectados, capaces de cabildear eficazmente para proteger sus propios intereses. Eso significaba que el conflicto con la policía era costoso para los políticos, que tendían a evitarlo, dejando prácticamente intactas las prácticas y los departamentos de policía.
Pero había un conjunto de condiciones específicas y difíciles de lograr que, de cumplirse, conducirían a la reforma policial, descubrió González. Resumiendo brevemente, su fórmula era esta: escándalo + unidad pública + oposición política creíble = reforma.
La secuencia comenzó con un escándalo o crisis que llevó a la opinión pública a unir a una mayoría de personas a favor de la reforma, escribió en su libro “Policía autoritaria en democracia”. Si también existiera una amenaza electoral real de parte de los opositores políticos que piden reformas, eso podría ser suficiente para persuadir a los líderes a actuar para evitar su competencia.
En Argentina y Colombia, esa secuencia condujo a importantes reformas después de asesinatos policiales de alto perfil.
Pero si faltaba incluso uno de esos elementos, el statu quo continuaba. En Brasil, la masacre de Carandiru fue ciertamente un escándalo, y hubo una oposición política bastante fuerte que se unió a las críticas, hasta cierto punto. Pero la opinión pública al respecto estaba fragmentada: citando encuestas en ese momento, González descubrió que alrededor de un tercio de los brasileños aprobaba la forma en que la policía había manejado la situación. Faltaba el segundo elemento de la secuencia, la convergencia de la opinión pública. El resultado: ninguna reforma.
