El pasado 27 de mayo, autoridades civiles, policiales y militares de Hato Corozal llegaron hasta el punto conocido como San Salvador, en el límite con el municipio araucano de Tame, y desalojaron, de manera no muy pacífica, a cerca de un centenar de venezolanos que esperaban allí para poder seguir hacia la frontera con su país.
La denuncia es del personero de Tame, Juan Carlos Villate Camargo, quien aseguró que a los extranjeros no solo les quemaron los cambuches en los que estaban durmiendo, sino que “los metieron a la brava a Arauca”, justo el día en que la guerrilla había bloqueado las carreteras con carros aparentemente cargados con bombas.
Y es que este punto, San Salvador, un pequeño caserío a orillas del río Casanare, se ha convertido en epicentro de malestar entre las autoridades de Tame y de Hato Corozal por la gran concentración de migrantes que retornan a su país.
En los últimos dos meses, unos 12.000 venezolanos han cruzado la frontera por Arauca. Pero no ha sido un camino tranquilo. No solo por los largos recorridos que han debido realizar, sino porque en el trayecto, así como han encontrado almas caritativas, también han topado personas y funcionarios públicos a los que solo les interesa que salgan del país.
San Salvador es el punto a donde llegan, incluso en volquetas y en los remolques de las tractomulas, los venezolanos que autoridades de otras regiones del país han despachado con unas pocas ayudas. “Para algunas autoridades, el asunto aquí es cómo sacarlos y cómo quitarse el problema”, dice el personero Villate, quien asegura que hasta su municipio han llegado buses procedentes de Casanare, Meta, Boyacá y Cundinamarca.
La pregunta que él se hace es cómo pueden esos buses, la gran mayoría de ellos sin tener los permisos, transitar por carreteras nacionales hasta Arauca sin que aparentemente ninguna autoridad se entere. Incluso, tiene el video de un alcalde que megáfono en mano salió a llamar a los venezolanos que quisieran embarcarse en un camión que los llevaría a Tame.
Dice que a los venezolanos “los están tirando” a la entrada de Arauca. Y, puntualmente, cuestiona la actitud de las autoridades del departamento vecino, Casanare, y de otras administraciones que, considera, no están asumiendo las responsabilidades establecidas por el Gobierno Nacional.
“Tenemos reportes de venezolanos que han llegado de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Casanare, que aseguran que les han pagado el transporte hasta ahí, hasta San Salvador”, dijo el secretario de Gobierno de Arauca, Merardo Tovar.
La participación de algunos venezolanos en actividades delictivas alimenta la prevención en contra de los migrantes. Así, el secretario de Gobierno de Casanare, Óscar Gómez, dice que esos extranjeros tienen una alta incidencia en delitos en su departamento, especialmente en lo que tiene que ver con tráfico de estupefacientes, hurto, porte de armas y violencia en general. “Organizan asentamientos, nos generan paros, invasión de predios, taponamiento de vías”, dijo el funcionario, pero aseguró que la gobernación ha implementado corredores humanitarios para ayudar a los que quieren retornar.
“Hemos sido claros en que no se puede permitir el transporte ilegal de migrantes, y los comparendos que se han impuesto a quienes no cumplen esto así lo demuestran”, dijo.
Por su parte, la alcaldía de Hato Corozal aseguró que el problema que se estaba dando en San Salvador se debía exclusivamente a que en Arauca no se dejaba ingresar a los migrantes.
Sobre lo ocurrido el pasado 27 de mayo, la Personería de ese municipio aseguró que no hubo ningún hostigamiento a los migrantes. Que los que se hallaban en el lugar voluntariamente decidieron pasar al lado araucano y que tras esto los bomberos y funcionarios de la alcaldía realizaron la limpieza y desinfección del lugar.
Ingreso controlado
En Arauca instalaron hasta retén militar para tratar de tener un control con el retorno de los venezolanos y también se coordina un corredor humanitario con las autoridades del estado Apure. De acuerdo con el secretario de Gobierno departamental, al comienzos de marzo, en un día permitían el acceso de unos 300 retornados, pero ahora limitaron el paso a tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes.
En Guasdualito (estado Apure) se habla de más de 500 casos de covid-19. Y aseguran que en su mayoría se trata de gente retornada desde Colombia, pero hasta ahora no hay información oficial sobre esa versión. EL TIEMPO se comunicó con el alcalde de esa población, José María Romero, quien dijo que “no tenía autorización” para referirse a este asunto.
Tenemos reportes de venezolanos que han llegado de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Casanare, que aseguran que les han pagado el transporte hasta ahí, hasta San Salvador
Para acabar de completar el complejo panorama, los grupos irregulares que operan en la zona no permiten el tránsito de personas ajenas a la región por las carreteras.
Por el cierre del lado venezolano, en Arauca hay asentamientos de venezolanos llegados de todo el país y de Ecuador, quienes esperan que los dejen entrar a su tierra. La semana pasada, por ejemplo, pasaron cuatro buses que venían desde Cali con 182 personas. Pero al llegar a la frontera, las autoridades de Venezuela no los dejaron pasar, por lo que los automotores debieron regresarse hasta San Salvador a esperar que se pudiera coordinar su paso.
En esa zona del país temen que los caminantes traigan la enfermedad, una prevención que en todo caso no encaja con los registros oficiales sobre la nacionalidad de los afectados por el coronavirus.
El gobernador Facundo Castillo le envió una carta al presidente Iván Duque en la que le pide que el corredor humanitario que se estableció por el departamento para el retorno de los migrantes venezolanos se adelante por vía aérea con apoyo del Gobierno Nacional y la cooperación internacional.
Castillo asegura que Arauca no cuenta con los recursos necesarios para garantizar el traslado de estas personas, que una vez llegan se convierten en una responsabilidad para la administración seccional.
Según las cuentas de las autoridades de esa región, darles transporte, alojamiento, alimentación y protocolos de bioseguridad a los migrantes puede valer hasta un millón de pesos por cabeza.
El tema ya llegó a los tribunales. El Tribunal Administrativo de Arauca acaba de fallar una tutela interpuesta por la Personería de Tame y les ordenó al Gobierno Nacional, a cuatro gobernaciones y a algunos municipios coordinar esfuerzos y recursos para el retorno de los migrantes venezolanos.
En su fallo, los magistrados les ordenan a los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Arauca; a los alcaldes de Hato Corozal, Tame y Arauca, al igual que a Migración Colombia y a la gerencia para la Frontera de la Presidencia de la República que “en un término perentorio de 48 horas, contados a partir de la notificación de la presente decisión y sin que supere un plazo máximo de 10 días calendario, den inicio y materialicen la mesa de trabajo interinstitucional en la que se unifique un protocolo de ruta común de todas las entidades”.
En el caso del municipio de Hato Corozal, el fallo le dice que debe coordinar con la gobernación, Migración Colombia y la gerencia para la Fronteras de la Presidencia, a fin de que se garantice la recepción de migrantes, su ubicación en lugares de paso, y el “traslado seguro y digno” hasta los límites con Arauca.
JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ
SUBEDITOR DE POLÍTICA