Los detenidos fueron asegurados con medidas privativas de la libertad, tres en centro carcelario y uno en lugar de residencia. Ninguno aceptó los cargos imputados luego de sus capturas fueran ejecutadas por la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
En un primer caso, Jhonier Mauricio Córdoba Román fue capturado por personal de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos, cuando presuntamente se movilizaba por la vereda San Antonio, en Colón (Putumayo), en una motocicleta, con 9 kilos heroína que iban alojados dentro de 36 paquetes en dos morrales. De acuerdo con labores de inteligencia, la sustancia tendría como destino final Estados Unidos. La Fiscalía le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
En otros hechos, uniformados de la Policía Nacional, en colaboración con Ejército Nacional, realizaron un registro al camión en el que se movilizaba Javier Julián García, quien llevaba consigo una mercancía de bultos de hierro y de cemento en las cuales se hallaron varias cajas con 49 kilos de marihuana.
Su captura se produjo en la vía nacional del corregimiento de Santana, en Puerto Asís (Putumayo), donde además le fue incautado más de 8 millones de pesos en efectivo.
Finalmente, en el km 28 vía Mocoa (Putumayo) – Pitalito (Huila), fueron capturados Jander Ferney Pérez Suárez y Carlos Daniel Saldarriaga Machado, quienes al parecer transportaban en dos motocicletas cuatro bultos que contenían 99 paquetes con 136.8 kilos de base de coca. A los hombres les fue imputado el delito mencionado con circunstancias de agravación punitiva.
La Fiscalía habla con resultados.
LMGM/CFG/GRM
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.