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El pasado 20 de agosto de 2020, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) abrió un expediente de medidas correccionales contra el gerente de EPM (Empresas Públicas de Medellín), Álvaro Guillermo Rendón, por desacatar instrucciones específicas del organismo relacionadas con la exhumación de cuerpos desaparecidos en el proyecto Hidroituango.
60 días después, luego de recibir la documentación compilada por el representante legal de la compañía, abogado Pedro Steve Páez Pirazán, cerró el incidente contra Rendón, dado que encontró que EPM siguió los procedimientos exigidos por la licencia ambiental y sustentó con pruebas que las identidades de los cuerpos inhumados estaban completamente establecidas y no contaban con vinculación alguna con actores armados presentes en el área de influencia de la represa, que no entra en funcionamiento por un colapso en sus túneles ocurrido en 2018.
Sin embargo, la JEP, a través de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz declaró que “”, dado que la empresa reiteradamente no cumplió con los tiempos de entrega establecidos por el tribunal para establecer claridad con respecto a la inhumación de dichos cuerpos. El plazo era de cinco días hábiles, y el apoderado legal de la compañía allegó la documentación el 17 de septiembre de 2020.
El incidente que motivó a la JEP a abrir proceso contra gerente EPM
En marzo de 2020, el tribunal notificó a EPM por un proceso de inhumación de cuerpos hallados en zonas aledañas a Hidroituango en 2017. Para esta jurisdicción, esclarecer lo ocurrido en el área de influencia de la represa aporta el componente de verdad, justicia y reparación, a las denuncias de familias y colectivos de Antioquia que señalan masacres y limpieza social en esa región entre 1990 a 2010. Por lo que ha exigido una inspección judicial terrestre, fluvial y aérea, sin desembalsar la represa, lo que no ha sido de buen recibo para el Alcalde de Medellín, así mismo miembro de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, quien en septiembre se pronunció en contra de dichas medidas en El Colombiano.
Al no entregar las pruebas, la JEP inició el proceso de medidas correlacionales, o de desacato según la justicia ordinaria, contra el gerente de EPM, Alvaro Guillermo Rendón. Esto dado que la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y presumiblemente enterradas en dicha zona es de vital “importancia para el esclarecimiento de la verdad”. Los cuerpos, enterrados en los cementerios de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque), y La Fortuna (Burítica), no hicieron parte de los actores armados, según EPM con base en documentación recabada por la Fiscalía en el momento de la exhumación y análisis de restos en 2017.
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El largo camino para encontrar la verdad.
La primera audiencia pública de la JEP para determinar si hubo o no desaparecidos en el área de influencia de Hidroituango ocurrió en 2019. A ella asistieron representantes de la sociedad civil, colectivos de defensa de DDHH como movimiento Ríos Vivos, además del comité de búsqueda de personas desaparecidas conformado por miembros del gobierno y la desmovilizada guerrila de las FARC. Ríos vivos demandaba la medida cautelar que después de un año implantó la JEP. Mientras se esclarece este caso, la jurisdicción prosigue en su tarea por desentrañar la verdad de la violencia acaecida en el conflicto colombiano.
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