Después de que se retomaran las jornadas de debate sobre la reforma a la salud planteada por el Gobierno, fuertes opiniones se empezaron a generar sobre la viabilidad fiscal del proyecto.
Si bien hasta el cierre de esta edición se habían aprobado 63 artículos del texto y se habrían eliminado otros 8, durante el segundo debate en la Cámara de Representantes se aprobó el 49% del articulado.
Vale la pena recordar que ayer, a través de su cuenta de X (antes Twitter), la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, María Fernanda Valdez, reconoció que hasta ahora no se ha enviado aval fiscal a la reforma.
Es por esto que trayendo a colación los frentes financieros de la reforma, en meses pasados el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), advirtió que el proyecto de ley a la salud podría implicar esfuerzos fiscales adicionales de entre $4 billones a $7 billones.
En ese sentido, el Comité destacó que existen riesgos asociados a la reforma que pueden elevar el costo fiscal de la mismo, ya sea por el costo de la atención primaria que puede superar en “forma importante lo antes previsto”.
Así mismo destacan que el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de este sector por falta de alineación en de incentivos entre quieres prestan el servicio y quienes los pagan.
(Vea: Votación de la reforma de la salud continúa con 35 artículos aprobados).
El Carf aseguró que existe el riesgo de tener insuficiencia de capacidad en las regiones, así como la falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto.
Ahora bien, diferentes actores del sector se han pronunciado respecto al riesgo de la situación presentada frente a la viabilidad financiera del articulado.
Por ejemplo, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda a hora rector de la Universidad EIA, explicó que se requeriría un aval fiscal y articulación con el marco fiscal para esos recursos adicionales, sean de $6,7 billones o de $11,3 billones según la estimación usadal, “tal como lo establece la normativa vigente”.
“No hacerlo, aparte de no ser prudente fiscalmente, pone en riesgo el proyecto desde el punto de vista jurídico en su trámite y seguramente no pasaría el análisis que realice la Corte Constitucional”, dijo Restrepo.
(Vea: ‘Reforma a la salud mantiene riesgos de mayores barreras de acceso’).
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A la opinión se sumó el también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien manifestó que “tramitar un proyecto de ley de tanta magnitud como la reforma a la salud sin conocer de antemano sus costos fiscales, no solo es una irregularidad legal que acarrea inexequibilidad en caso de ser aprobada, sino un quebrantamiento al sentido común”.
De hecho, la representante por el Partido Verde, Katherine Miranda, advirtió que la “reforma a la salud es profundamente regresiva, pone en riesgo el acceso al servicio y no se ajusta a la realidad fiscal del país”.
Ahora bien, las opiniones respecto al articulado continúan colocando la agenda del país. Alejandro Gaviria, exministro de salud, apuntó en sus redes sociales que es tal el nivel de improvisación de la reforma, que falta claridad sobre el funcionamiento del sistema propuesto sobre quién hará qué, “que terminarán premiando a las EPS, entregándoles 8% del gasto por unas labores de intermediación”.
Agregó que “el papel de las mayorías de la Cámara en esta discusión es una vergüenza. Parece no importarles el país. La reforma es un Frankenstein terrible”.
En el marco del segundo debate de la Cámara de ayer, algunos de los artículos que fueron aprobados fueron el 107 y 109 que se refieren al régimen y Política Laboral de los profesionales y demás trabajadores de la salud, así como sobre los trabajadores de las Instituciones Privadas y Mixtas del Sector Salud.
(Vea: La nueva misión que tendrían: las EPS se volverían gestoras en salud).
Así como en otros de los artículos hubo una luz verde en medio de la plenaria, en el caso del 91, que es sobre la función jurisdiccional de la Superintendecia de Salud, fue eliminado con 119 votos negativos. Es decir que se niega la aprobación des este punto tal y como viene en la ponencia.
Una reforma “inviable”
Después de que se retomaran las jornadas de debate sobre la reforma a la salud planteada por el Gobierno, fuertes opiniones se empezaron a generar sobre la viabilidad fiscal del proyecto.
Si bien hasta el cierre de esta edición se habían aprobado 63 artículos del texto y se habrían eliminado otros 8, durante el segundo debate en la Cámara de Representantes se aprobó el 49% del articulado.
Vale la pena recordar que ayer, a través de su cuenta de X (antes Twitter), la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, María Fernanda Valdez, reconoció que hasta ahora no se ha enviado aval fiscal a la reforma.
Es por esto que trayendo a colación los frentes financieros de la reforma, en meses pasados el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), advirtió que el proyecto de ley a la salud podría implicar esfuerzos fiscales adicionales de entre $4 billones a $7 billones.
En ese sentido, el Comité destacó que existen riesgos asociados a la reforma que pueden elevar el costo fiscal de la mismo, ya sea por el costo de la atención primaria que puede superar en “forma importante lo antes previsto”.
Así mismo destacan que el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de este sector por falta de alineación en de incentivos entre quieres prestan el servicio y quienes los pagan.
El Carf aseguró que existe el riesgo de tener insuficiencia de capacidad en las regiones, así como la falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto.
Ahora bien, diferentes actores del sector se han pronunciado respecto al riesgo de la situación presentada frente a la viabilidad financiera del articulado.
Por ejemplo, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda a hora rector de la Universidad EIA, explicó que se requeriría un aval fiscal y articulación con el marco fiscal para esos recursos adicionales, sean de $6,7 billones o de $11,3 billones según la estimación usadal, “tal como lo establece la normativa vigente”.
“No hacerlo, aparte de no ser prudente fiscalmente, pone en riesgo el proyecto desde el punto de vista jurídico en su trámite y seguramente no pasaría el análisis que realice la Corte Constitucional”, dijo Restrepo.
(Vea: Reformar los servicios públicos: por qué Petro cree que es necesario).
A la opinión se sumó el también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien manifestó que “tramitar un proyecto de ley de tanta magnitud como la reforma a la salud sin conocer de antemano sus costos fiscales, no solo es una irregularidad legal que acarrea inexequibilidad en caso de ser aprobada, sino un quebrantamiento al sentido común”.
De hecho, la representante por el Partido Verde, Katherine Miranda, advirtió que la “reforma a la salud es profundamente regresiva, pone en riesgo el acceso al servicio y no se ajusta a la realidad fiscal del país”.
Ahora bien, las opiniones respecto al articulado continúan colocando la agenda del país. Alejandro Gaviria, exministro de salud, apuntó en sus redes sociales que es tal el nivel de improvisación de la reforma, que falta claridad sobre el funcionamiento del sistema propuesto sobre quién hará qué, “que terminarán premiando a las EPS, entregándoles 8% del gasto por unas labores de intermediación”.
Agregó que “el papel de las mayorías de la Cámara en esta discusión es una vergüenza. Parece no importarles el país. La reforma es un Frankenstein terrible”.
En el marco del segundo debate de la Cámara de ayer, algunos de los artículos que fueron aprobados fueron el 107 y 109 que se refieren al régimen y Política Laboral de los profesionales y demás trabajadores de la salud, así como sobre los trabajadores de las Instituciones Privadas y Mixtas del Sector Salud.
Así como en otros de los artículos hubo una luz verde en medio de la plenaria, en el caso del 91, que es sobre la función jurisdiccional de la Superintendecia de Salud, fue eliminado con 119 votos negativos. Es decir que se niega la aprobación des este punto tal y como viene en la ponencia.
Es de recordar que el jefe de la cartera, Guillermo Jaramillo, dijo que “a este ritmo”, antes de que se acabe el mes, se habrá aprobado el texto de reforma.
(Vea: ‘Reforma a la salud mantiene riesgos de mayores barreras de acceso’).
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