Esta semana se conoció el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2025, elaborado por el Ministerio de Hacienda y presentado al Congreso de la República para su debate, y con esto se destaparon las cartas del Gobierno Nacional sobre los gastos e ingresos que tiene proyectados durante el próximo año.
Dentro de lo que se ha visto inicialmente en este proyecto de ley, la inversión es la gran sacrificada el próximo año, puesto que se dará prioridad al pago de la deuda, con el fin de aliviar las cargas que tiene la Nación por cuenta los intereses y a futuro destinar mayores recursos a iniciativas que impulsen el crecimiento económico.
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En cuentas rápidas, el presupuesto del otro año quedó en $523 billones, de los cuales $327,9 billones (62,7%) corresponden a gastos de Funcionamiento, $112,6 billones (21,5%) al pago del servicio de la deuda, $82,5 billones (15,8%) a inversión. Cabe destacar que cuando se incluye servicio de la deuda, crece un 3,9% respecto al vigente para 2024, y 0,4%, si no se incluye.
Hay que recortar
Si bien la estrategia de bajar la inversión para pagar más deuda ha sido controvertida, pero aceptada en algunos sectores, hay un punto que tiene en alerta a los expertos y centros de estudio económico y es el aumento de los gastos de funcionamiento, que contrario a lo que se recomendó, seguirán creciendo, principalmente por cuenta de las transferencias que realiza el Estado a subsidios y gasto social.
En este sentido, sin hacer énfasis en los gastos de funcionamiento, Fedesarrollo publicó un informe en el que advierte que el Presupuesto General de la Nación está desfasado en más de $20 billones y es necesario ajustarlo para evitar riesgos fiscales en los meses venideros, repitiendo lo que se ha visto durante este año.
“Estas cifras implicarían un crecimiento de los ingresos tributarios del 22,4% frente a la meta de 2024 ($258,6 billones), más de tres veces el crecimiento del PIB nominal, que se estima alrededor del 7,4% en 2025. Como porcentaje del PIB, los ingresos tributarios aumentarían de 16,3% del PIB a 17,8% del PIB, un incremento de 1,5 puntos porcentuales”, manifestaron.
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Así las cosas, para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, “hay un riesgo alto de que estos ingresos adicionales no se materialicen, ya que $12 billones tendrían que provenir de una reforma tributaria que podría afectar aún más la recuperación económica, y los restantes $14,6 billones no parecen tener una fuente confiable”.
Para Fedesarrollo, acudir a una ley de financiamiento o reforma tributaria para financiar el Presupuesto no es un camino conveniente en una economía como la de Colombia, que viene mostrando un bajo crecimiento, entre otras cosas, por los efectos de las reformas que se aplicaron en 2021 y 2022 y que tuvieron un impacto directo tanto en hogares como en empresas.
“Además, recaudar $14,6 billones adicionales por encima de lo estimado para el próximo año parece difícil, especialmente dado el comportamiento del recaudo en lo corrido del año. En este sentido, lo prudente desde el punto de vista fiscal y de recuperación de la actividad productiva sería reducir el monto del presupuesto en $26,6 billones (1,5% del PIB)”, agregaron.
Regla fiscal
Este informe cerró recordando que una de las prioridades del país, en materia macroeconómica, es mantener el equilibrio fiscal, que todavía está lejos de una garantía a largo plazo y requiere cada vez más esfuerzos por parte de las autoridades monetarias, entre esas, el Ministerio de Hacienda.
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«El Gobierno Nacional ha mostrado un importante compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal, tomando decisiones difíciles como el aumento del precio de la gasolina y el reciente recorte en el presupuesto de 2024. Para continuar en la senda de consolidación de las finanzas públicas del país, es esencial que el monto del presupuesto para el próximo año sea ajustado a la baja,” concluyó el Director de Fedesarrollo.
Si bien hasta el momento no hay un texto oficial de la ley de financiamiento que pretende impulsarse desde la Casa de Nariño, declaraciones del Ministro Ricardo Bonilla han dado luces de que rondará los $12 billones. No obstante, para autoridades como el Confis, el hueco fiscal es mucho mayor, puesto que llega a los $21,4 billones.