Once días después de que se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia, específicamente el 17 de marzo mediante el decreto 417, el Gobierno Nacional invocó el artículo 215 de la Constitución para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional, que le permitió sacar decretos con fuerza de ley durante 30 días calendario y que terminaron el pasado 15 de abril.
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Esto último, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. A pesar de que ese tiempo terminó, vale decir que el Ejecutivo podrá declarar dicho estado por lapsos hasta de 30 días, que sumados no podrán superar los 90 días en el año calendario. Así que, de requerirlo, el Gobierno podrá volver a decretar la emergencia descrita y mantener las facultades en mención.
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Pero, ¿necesita el Gobierno razones distintas a la primera emergencia económica para decretar una nueva? Según explicó Héctor Riveros, abogado constitucionalista, “el artículo 215 de la Constitución no exige que haya hechos nuevos, solo pone plazos de 30 días para evitar que el Gobierno mantenga innecesariamente una facultad legislativa que ordinariamente le corresponde al Congreso de la República”.
Aunque al cierre de esta edición el Gobierno no había hablado mucho sobre el tema, en una sesión virtual de la plenaria del Senado, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno está estudiando la posibilidad de declarar una segunda emergencia económica. Aunque no detalló cuándo, dijo que sería pronto.
Al indagar con fuentes del Palacio de Nariño, estas confirmaron que este es uno de los temas que se encuentra en discusión.
Con base en lo anterior, Portafolio consultó con expertos para preguntarles cuáles serían esos aspectos que deberían ser abordados en esta nueva emergencia económica, en caso de que se declarara una segunda fase.
e acuerdo con Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, “en una segunda emergencia, la prioridad debería ser subsidiar a las empresas para que preserven empleos formales, empleos plenos que tienen alto impacto en el consumo y en la financiación de la seguridad social (…) ¿Cómo? El Gobierno tendrá que considerar si lo hace directamente a los trabajadores a través de un equivalente al seguro de desempleo o directamente a apoyos de las empresas con la condición de conservar empleos”.
Lo anterior lo sustentó diciendo que el desempeño del mercado laboral en marzo en el que 1,6 millones de personas dejaron de ocuparse, con solo una semana y media de confinamiento, “significa que las cifras de abril van a ser aún peores y esto lleva a que podamos tener un problema estructural en crecimiento económico”, sumado a las implicaciones sociales que esto trae, comentó.
Para Mauricio Santamaría, presidente de Anif, quien coincide con el apoyo a las empresas, explica que esto se podría hacer a través de transferencias o créditos directos para mantener la nómina al menos dos meses. Respecto a esto último, entre los sectores a apoyar destacó al comercio, restaurantes, bares, entretenimiento, turismo, entre otros.
Sin embargo, aseguró que cree que lo más importante si se llega a declarar una nueva emergencia económica es encontrar “financiamiento adicional para incrementar las transferencias de los hogares más vulnerables porque sus pérdidas de ingresos ya van por el orden de $10 billones y el gobierno va a transferir cerca de $2,5 billones, entonces el hueco es todavía grande”.
Por su parte, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, indicó que “una nueva emergencia podría reconocer que el estar otorgando créditos y reducciones de impuestos no es suficiente y que lo que se necesitan son medidas transversales, subsidios a la nómina y una atención muy especial al sector informal que es más difícil de alcanzar a través de los canales establecidos por los pagos de nómina formales”.
Según Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, desde el punto de vista económico, en la medida en la que la etapa de contención de la pandemia se va prolongando es mucho más complejo tener herramientas que sostengan el aparato productivo que tiene el país actualmente.
“Hay un mayor riesgo de deuda, aumento de desempleo y quiebra de empresas, se requieren etapas de atención más fuertes a hogares vulnerables y a firmas no solo pequeñas y medianas que es un segmento vulnerable, sino también a las grandes empresas que se empiezan a afectar con consecuencias profundas para la recuperación posterior”, destacó Sepúlveda.
Por último, algunos de los expertos coincidieron en que no se trata de escoger uno o dos sectores más que puedan irse activando, sino que se deben seguir pensando formas más estructurales de cómo balancear la emergencia de salud con la económica.
¿QUÉ TAN CONVENIENTE PUEDE SER?
Sobre qué tan oportuno sería declarar una segunda emergencia económica, Santamaría, de Anif, expuso que “el Gobierno tendrá que sopesar bien eso porque la emergencia es útil para encontrar fuentes adicionales de financiación para un gasto que cada vez se ve más grande pero, por otro lado, es riesgoso en el sentido de que la probabilidad que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional es más grande”.
Para Héctor Riveros, abogado constitucionalista, hay que hacerse la pregunta de si las medidas que se deben adoptar dan espera a tener trámite en el Congreso, “en mi opinión, no. Estamos en una situación anormal, cuyas consecuencias son aún difíciles de cuantificary por tanto es cálido que el Gobierno la decrete de nuevo”.