Casi una semana se cumple desde que el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0163 del 2024, con el cual buscaba poner fin a la polémica que se desató luego de que Portafolio reveló serias inconsistencias en el Presupuesto General de la Nación que comprometían más de $13 billones de los rubros de inversión y dejaba en el aire 108 proyectos de infraestructura.
Si bien inicialmente los gremios dieron un parte de tranquilidad y señalaron que los cambios en esta normativa devolvían la confianza a los inversionistas, este tema no paró aquí, ya que se supo que el Gobierno viene trabajando en un nuevo decreto para dar poderes especiales al presidente Gustavo Petro sobre el manejo de estos recursos.
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La nueva controversia radica en la parte del texto, que está en consultas y dice que “cuando se trate de proyectos de inversión, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, deberán solicitar la conformidad del presidente de la República”.
Esto, según los expertos, deja en manos del jefe de Estado las decisiones finales frente a cuáles obras se realizan y cuáles no y también le da potestad, según confirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de modificar las vigencias futuras a su antojo, reviviendo el escenario de incertidumbre entre los inversionistas.
Presupuesto General de la Nación
Más allá de la conveniencia de que este decreto se haga realidad o no, Portafolio realizó un análisis a la normatividad vigente (Decreto 0163), contrastándola con el Plan Operativo Anual de Inversiones, el presupuesto de inversión regional que aprobó el Congreso y el decreto que Hacienda envió inicialmente a Presidencia y que nunca vio la luz y pudo constatar que va en contra de las leyes.
El Decreto de Liquidación, con características de decreto de yerros, el Gobierno hizo cambios en el 50% de los 108 proyectos y programas que estaban en vilo, a los cuales les modificó las asignaciones presupuestales, desconociendo lo establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el Presupuesto de Inversión Regional.
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Esto, según expertos consultados, va en contra de los artículos 12 y 13 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), que compila las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, todas orientadas a organizar el gasto del país cada año.
“El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones”, dice el artículo 13 de esta ley.
Presupuesto 2024
Para Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, no hay que pasar por alto que la norma ya mencionada “tiene rango cuasi constitucional”, razón por la cual no puede ser modificada mediante un decreto ordinario del Ejecutivo, tal y como está haciendo el Ministerio de Hacienda.
“El costo de hacer esto es grande: significa desinstitucionalizar el proceso presupuestal que la ley ha querido que se haga en base a criterios técnicos y por instancias técnicas”, agregó.
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Ahora bien, en las consultas realizadas por este medio también se pudo determinar que el Gobierno estaría violando el artículo 345 de la Constitución Política, el cual establece que no “podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el presupuesto”.
En este punto, Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, agregó que “en el artículo 339 de la Constitución se dice que en el mismo momento que se aprueba el Plan de Desarrollo, salen aprobados los planes plurianuales de inversión de un Plan Nacional de Inversiones Públicas, que luego van a ser los planes operativos anual de inversiones”.
Presupuesto General de la Nación 2024
“Si en algún momento, en la aprobación qué hiciere en el presupuesto del Congreso de la República, se tuviese algún desconocimiento de este Plan Operativo Anual de Inversiones, desde luego no se estaría actuando en consistencia y armonía con lo que dice el Plan de Desarrollo, tal y como ordena el Artículo 339 de la Constitución y se establece también en los principios de la Ley de Presupuesto”, explicó.
Por último, para Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, es importante decir que “el Decreto de Liquidación no solamente tiene que guardar coincidencia con la Ley de Presupuesto. El Estatuto Orgánico de Presupuesto exige que el decreto tenga coincidencia con lo que el Gobierno presenta como proyecto al Congreso de la República, incluyendo todos sus anexos técnicos”.
Con base en lo ya mencionado, estos analistas resaltaron que el Presupuesto General de la Nación sigue abierto a demandas en la rama judicial, que pongan en riesgo la ejecución de los recursos de inversión, sin contar con las investigaciones y proceso que pueden abrir los entes de control, como la Procuraduría.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio