Redacción
Hace seis meses, el Gobierno Nacional declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; hace seis meses, también, el Ejecutivo tiene el control de decidir en qué se gasta el presupuesto nacional y en qué no, sin la necesidad de consultarle al Congreso de la República. Por esta razón, Unisabana Medios y EL TIEMPO les pusieron la lupa a los 189 Decretos que ha expedido el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por el covid-19.
El presidente Iván Duque tuvo la potestad para hacer estas modificaciones desde el 12 de marzo, cuando informó que Colombia entraba en fase de contención del covid-19 en el territorio nacional y declaró una Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días.
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Días más tarde, el Ejecutivo “activó” el Artículo 215 de la Constitución Nacional; desde entonces ha tenido la potestad de dictar decretos con fuerza de Ley y de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Los primeros 6 decretos se hicieron públicos el 13 de marzo. Estaban enfocados en el cierre de fronteras con Venezuela, la flexibilización de procesos de pago y uso de recursos provenientes de impuestos, subsidios para el servicio público de energía eléctrica y flexibilización para el sector turístico.
Ninguno de ellos declaraba, aún, la Emergencia Sanitaria. Esta llegó el 17 de marzo, cuando por primera vez se hicieron públicos los pronósticos que tenía el Instituto Nacional de Salud (INS) para el ritmo de contagio en el país, si no se tomaban medidas drásticas: casi 4 millones de contagios, de los cuales el 18% necesitaría hospitalización.
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A partir de ahí, el Gobierno ha expedido en promedio un decreto por día. El 55% de ellos han estado destinados a atender la Emergencia Económica (38), a flexibilizar normas y procesos de contratación (35) y a brindar apoyos al sector Salud (32). Pese a que los colombianos han sentido fuertemente la limitación de sus libertades, lo cierto es que solo hay 5 decretos en los que se consignaron las medidas que limitaron los aforos, prohibieron el tránsito de viajeros, cerraron los cultos religiosos y nos encerraron a todos en casa.
En ese sentido, ha sido MinHacienda (59) la entidad que más decretos ha promulgado, seguida por MinInterior (19) y MinComercio (18). Es claro que la intención del Ejecutivo ha sido redistribuir recursos para atender las nuevas necesidades sanitarias a la vez que paliar el golpe en una economía que venía creciendo por encima del 4%.
Sin embargo, el primer semestre del año se contrajo en un 7,4% respecto al mismo período de 2019; es decir, fue un 7,4% menos productiva. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió en abril que América Latina sufrirá la mayor crisis económica de su historia por la pandemia.
La mayoría de los decretos destinados a brindar ayudas económicas corresponden a subsidios (8%), en los que se prioriza a la población beneficiaria de programas sociales existentes, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Para quienes no reciben ayudas de dichos programas, y son calificados como población vulnerable, se creó el subsidio de Ingreso Solidario. Los decretos restantes dentro de esta categoría corresponden a exenciones y disminuciones de impuestos -en su mayoría destinados a organizaciones, más que a particulares-.
Llama la atención la creación de nuevos programas o incentivos para apoyar la economía en los emprendedores y trabajadores durante el marco de la Emergencia. Por un lado, el Ministerio de Hacienda ha incentivado la creación de un patrimonio autónomo que ayude a fortalecer los emprendimientos de mujeres. Por el otro, el Ministerio de Trabajo ha hecho lo mismo con la creación del Programa de Apoyo para el Pago de Prima de Servicios (PAP), que tiene como objetivo ayudar a los trabajadores con un único aporte monetario estatal para subsidiar el primer pago de la prima de servicios.
Dos días que marcaron el rumbo del país
De los 193 días que han pasado desde el 13 de marzo, dos fechas marcaron el rumbo del país: el 15 de abril y el 4 de junio, cuando se expidió el 28% del total de normas que han dirigido a Colombia en medio de la pandemia.
El 15 de abril se publicaron 28 decretos que buscaban principalmente atender la emergencia económica (9) y flexibilizar procesos para la contratación y compra directa de instrumentos médico-quirúrgicos de primera necesidad (8). Para esta fecha, Colombia registraba 3.105 contagiados y entre 100 y 230 casos nuevos por día. Esto hacía de Colombia el cuarto país con más casos detectados de covid-19, por detrás de Brasil, Perú, Chile y Ecuador.
El 4 de junio se sancionaron 25 decretos que dictaminaban medidas para ayudas sociales, financieras y empresariales, así como otras para atender la emergencia económica y apoyar al sector Salud. Para esta fecha, el número de contagiados era de 35.120 y los nuevos casos diarios oscilaban entre los 1.300 y 1.600 casos. Ese día, MinComercio anunciaba medidas para apoyar al sector Turismo y MinTic confirmaba que el auxilio de transporte se convertía en auxilio de conectividad.
La Corte Constitucional ha aprobado el 60% de los decretos del Gobierno
Los magistrados de la Corte Constitucional se han puesto en la tarea de revisar los decretos emitidos por el Gobierno en el marco de esta emergencia económica. Con el paso de los meses, han sido más estrictos con las justificaciones que dio el Ejecutivo para tomar decisiones. Ejemplo de esto es que aprobó la primera Emergencia económica pero tumba el decreto que amplía el plazo de la misma pues considera que no se le puede dar una «carta blanca» al Gobierno para que legisle de modo permanente mientras dure una pandemia que no sabemos cuándo acabará.
Sin embargo, el organismo judicial ha aprobado el 60% de los decretos que ha emitido el Gobierno; de estos, el 69% ha sido aceptado en su totalidad, mientras un 26% ha sido aprobado con alguna condición, ya sea la eliminación de un apartado o la modificación del mismo.
Por otro lado, la Corte solamente ha tumbado 5 decretos (4% del total estudiado), entre los que priman aquellos que flexibilizan normas y procesos de contratación, pues considera que el Ejecutivo no dio datos suficientes para justificar las medidas que proponía. Tal vez la decisión más sencilla para la Corte ha sido tumbar el Decreto 580, mediante el cual el MinVivienda establecía subsidios para el pago de los servicios de alcantarillado y acueducto; argumentaron su decisión en que el decreto no había sido firmado por todos los ministros, un requisito fundamental.
La Corte solamente ha tumbado 5 decretos (4% del total estudiado), entre los que priman aquellos que flexibilizan normas y procesos de contratación
Por su parte, han sido aprobados parcialmente cinco de los 16 decretos que hablan de la movilización de recursos desde y para el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) -emitidos en el mes de abril-. La Corte considera que los cambios presupuestales sólo pueden ser realizados por medio de leyes, por lo tanto, los traslados presupuestales hechos por el Ministerio de Hacienda en los decretos 571 y 572 carecen de legalidad.
La Corte además tumbó la creación del Impuesto Solidario (Decreto 568), con el que se buscaba destinar al FOME una parte del sueldo de los funcionarios públicos que ganan más de 10 millones de pesos. El ente aseguró que esta medida es inconstitucional al violar los principios de generalidad del tributo y la equidad tributaria. Según la Corte, el impuesto debía cobijar a las personas del sector privado también. Además, le dio a esta medida un carácter retroactivo, por lo que quienes ya hayan pagado ese impuesto solidario tendrán un descuento por el mismo valor en el impuesto a la Renta en 2021.
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EQUIPO DE DATOS UNISABANA MEDIOS*Este reportaje fue hecho como parte del seminario optativo de Periodismo de Datos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana
