La Cámara de Representantes elige hoy al nuevo defensor del Pueblo, en remplazo de Carlos Negret. Y la votación, según lo dicho por los partidos políticos, está prácticamente cantada: las mayorías se inclinan por Carlos Camargo como el más firme aspirante a quedarse en cabeza de la institución que nació con la Constitución de 1991 y empezó a funcionar en diciembre de 1992.
La puja por la elección de hoy no ha estado exenta, como en los últimos 20 años, de los intereses políticos de los partidos con asiento en el Congreso. La mayoría aspira a que su candidato se quede con una institución que goza de una amplia nómina con presencia en todos los rincones del país y un presupuesto cercano a los 600.000 millones de pesos.
Por eso, esta votación es ante todo una movida de filigrana política. Y se ha convertido en toda una novela que incluye en uno de sus capítulos la renuncia “por motivos personales” a última hora de una de las ternadas para el cargo, Elizabeth Martínez, quien tenía el apoyo unánime del partido de ‘la U’, las mayorías de Cambio Radical y el Partido Liberal, así como ocho representantes de oposición. Casi estaba elegida.
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La renuncia de Martínez obligó al presidente Duque a recomponer la terna con el nombre del abogado Luis Andrés Fajardo. No obstante, esto no cambió el panorama, la mayoría de las cartas juegan en favor de Carlos Camargo. Es el candidato del Partido Conservador y cercano a Duque.
Llega, además, con el apoyo del Partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático. Por su parte, Miryam Carolina Martínez y Andrés Fajardo, los otros dos de la terna, son vistos como “personas calificadas”, pero no han logrado el apoyo político.
Por todo ese entramado de intereses que se han visto en las dos primeras décadas de este siglo con la elección del defensor del Pueblo es que algunos, como el defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz, calificaron en su momento los diez primeros años como la “edad de oro” de la institución.
Una de las críticas más frecuentes es que los ternados no tengan experiencia en este campo, como sí la tuvieron los primeros defensores, Jaime Córdoba, José Fernando Castro y Eduardo Cifuentes. También estuvieron en el cargo Vólmar Pérez, quien fue reelegido, y Jorge Armando Otálora.
Lo que siento es que la gente ha tenido un contacto con el Sistema de Alertas Tempranas y con la defensoría pública
Pero, a pesar de todo, la Defensoría del Pueblo ha logrado un nivel alto de reconocimiento, gracias al contacto y la cercanía de la gente con el Sistema de Alertas Tempranas y el Sistema de Defensoría Pública.
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“En la época de Pérez (Vólmar), las alertas tempranas no se podían sacar sin autorización y hubo muchas cosas que no se hicieron. Lo que siento es que la gente ha tenido un contacto con el Sistema de Alertas Tempranas, con la defensoría pública, y esas dos partes de la Defensoría han tenido un comportamiento institucional muy grande”, dijo el analista Ariel Ávila.
La Defensoría tiene como misión la protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos, lo cual, en las actuales circunstancias de posconflicto y pandemia, le impone enormes retos.
Luego de meses de aguda discusión, los congresistas de la Cámara de Representantes volvieron este viernes al Capitolio de manera presencial, para elegir al nuevo defensor del Pueblo.
Para la sesión de hoy, por decisión de la mesa directiva, se distribuirá a los congresistas en diferentes sitios del Capitolio para no superar la cifra de 40 representantes en cada recinto.
Esta decisión, sin embargo, no cayó bien en todos los congresistas, quienes, por razones de salud pública, prefieren que las sesiones sigan siendo de manera remota.
“Estamos en pleno pico de la pandemia, y algunos representantes venimos de regiones en las que el nivel de contagio es bajo, ¿por qué quieren hacernos ir a Bogotá a llevar el virus a las regiones?”, dijo el representante Jairo Cristancho.
Por su parte, el congresista César Lorduy, quien manifestó que asistirá presencialmente, se mostró inconforme con el hecho de que no se les permita votar de manera remota a los congresistas que, por razones médicas, no pueden ir al Capitolio Nacional.
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