La Defensoría del Pueblo realizó una visita a Magüí Payán (Nariño) para verificar las condiciones en las que se encuentran unas 3.000 personas que llegaron a la cabecera municipal como víctimas de desplazamiento forzado, debido a combates armados entre grupos armados ilegales en zona rural de esa localidad.
Se estableció que hay cuatro espacios habilitados para recibir a las familias, aunque no cuentan con suficiente espacio. Por ejemplo, en el albergue municipal están alojadas familias de la vereda Cualalá, que llegaron desde el pasado 29 de febrero. En esta vereda se presentan frecuentemente eventos de desplazamiento masivo debido a los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
En el albergue principal, hay 15 habitaciones equipadas con dos camarotes cada una, así como una cocina y dos baños. Aunque existen dos sedes, solo se utiliza una, debido a que la otra no cumple con las condiciones habitacionales necesarias y se encuentra en un estado de deterioro considerable.
El desagüe de este albergue está provocando afectaciones en las viviendas del sector, principalmente debido a la falta de un mantenimiento adecuado y al uso extensivo de los baños por parte de múltiples personas. Se hace necesario mejorar la ventilación para hacer frente a las altas temperaturas, ya que cada habitación alberga a dos familias y solo dispone de dos camarotes pequeños. Como resultado, algunas personas se ven obligadas a dormir en colchonetas en la sala. Es crucial prestar atención especial a niños, niñas, adultos mayores y a una mujer que se encuentra en el quinto mes de embarazo. En resumen, este albergue no cuenta con la capacidad para hospedar a muchas familias.
Sitios con poco espacio
El segundo espacio es la escuela del municipio, en donde desde hace 15 días están 27 familias de la vereda San Luis, del Consejo Comunitario la Voz de los Negros; otras 11 familias de la vereda Aguacate y 200 personas de la vereda Alto Estero Arriba. En este espacio hay dos mujeres en embarazo que ya recibieron la atención médica. Los niños, niñas y adolescentes pueden asistir a recibir clases en la Institución Educativa Liceo Bayón.
El tercer espacio es el salón social Luis Gonzalo Marín, en donde, desde hace 15 días, están familias de la vereda Punta de Barco; y desde el 29 de febrero pasado, de la vereda Ricaurte. En este salón hay una mujer en embarazo que recibió atención en salud. Las familias duermen en colchonetas o sobre cobijas. Debido a que son veredas que han presentado continuos desplazamientos, solicitaron que se estudie la posibilidad de reubicarse en casas de Magüí Payán. En este sitio hubo atención en salud mediante una brigada médica.
El cuarto lugar es la Casa de la Cultura, en donde hay 60 familias de la vereda Canquisté, quienes salieron de sus hogares desde el 2 de marzo pasado. Y otras 160 familias de la vereda Nansalvi, que huyeron desde el 29 de febrero. De la vereda Canquisté hay dos mujeres en estado de embarazo, quienes recibieron atención en salud.
Debido a que no hay espacio en este sitio, algunas familias buscan dormir en casas de amigos o familiares. De estas veredas solicitan la reubicación de las familias a la cabecera municipal, debido a que han sido víctimas de varios desplazamientos masivos.
Dentro de la información recogida por la Defensoría del Pueblo se encontró el caso de una persona que quiso volver a su finca a recoger cultivos y hombres armados le advirtieron que regresara a la cabecera municipal, debido a que no respondían por lo que le podría pasar.
Reuniones con autoridades
La Defensoría del Pueblo, a través de los funcionarios de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, verificaron que se han hechos esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes reciban clases en las instituciones educativas de la cabecera municipal; sin embargo, no les han entregado kits de educación.
La administración municipal ha entregado la alimentación y en salud, se han organizado jornadas de atención.
Lo preocupante es que los combates continúan y por eso los planes de retorno no se ven viables en el corto plazo. Además, teniendo en cuenta que, al parecer, instalaron minas antipersona en las veredas Punta de Barco, Nansalvi y Canquisté.
Ante esto, la Defensoría se reunió con la Secretaría de Gobierno y asesores de la Alcaldía para desarrollar una ruta de atención a las víctimas. También con el Personero municipal para brindar orientación respecto a la toma de declaración y activación de rutas de atención. Y se recogieron testimonios e información con los líderes de los Consejos Comunitarios.
La Defensoría solicitó instalar un Consejo Municipal de Justicia Transicional (CMJT) para atender la queja de las familias de la vereda Alto Estero Arriba, quienes dijeron no tener ayuda o atención. Además, analizar cómo atender a las familias que se desplazan forzosamente hacia los municipios de Olaya Herrera y El Charco.
Fuente y foto: Defensoría del Pueblo
