El centro de estudios de derecho Dejusticia insistirá en su demanda de inconstitucionalidad del estatuto tributario, la cual, en un primer intento, fue inadmitida por el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, a través de un auto dado a conocer el jueves de la semana pasada.
“Aunque discrepamos los demandantes del auto de inadmisión por considerar que la demanda reunía los requisitos necesarios, se decidió complementar la demanda y volver a presentarla”, precisó Luis Jorge Garay, economista, investigador y uno de los demandantes.
La presentación de la demanda ante el alto tribunal se haría hoy martes, pues según Garay Salamanca están “convencidos de su evidente pertinencia ante las circunstancias actuales que enfrenta el país”.
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Ante este nuevo intento Jorge Humberto Botero, exministro de Estado, abogado y uno de los mayores críticos de la acción, dijo que con esta demanda se pretende someter el Congreso a la supervisión de la Corte Constitucional, lo que implicaría una ruptura de la separación de poderes que la misma carta política establece.
“Eso generaría una profunda inseguridad jurídica, porque leyes que podrían ser constitucionales, declarado así por la Corte, en otras circunstancias podrían ser inconstitucionales”, agregó.
Si el magistrado ponente la rechazara de nuevo, quedaría la posibilidad de acudir a un recurso de súplica que se presentaría ante la Sala Plena de la Corte, la cual tomará una decisión definitiva de si se admite o no la demanda.
Ahora bien, si el pleno de la Corte rechaza este recurso, en una tercera ocasión, ahí termina el litigio, pero si la admite se entra al fondo del litigio.
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“Esto me parece fatal por las razones que he mencionado”, señala Botero.
Y es que desde el momento mismo en que se conoció la demanda de dicho centro de estudios, expertos abogados y economistas prendieron las alarmas sobre los efectos negativos que tendría sobre el país el solo hecho de que la Corte Constitucional admitiera esta acción.
Para los exministros de Estado Juan Camilo Restrepo y Jorge Humberto Botero, esa posibilidad tiene graves consecuencias económicas e institucionales.
“Si la demanda prosperara, de un día para el otro el Estado central se quedaría sin ingresos para atender sus obligaciones; esta sería una catástrofe quizás peor que la del covid-19”, sentencian.
Su admisión podría tener un efecto perturbador en el clima de inversión, la demanda no es idónea para iniciar un debate judicial válido
En ese sentido consideran que la acción no va por algunas normas particulares del estatuto, vigente desde 1989, sino que se pretende “que se caiga todo” debido a que los resultados, “en términos de equidad tributaria y progresividad, no son adecuados desde la perspectiva de los promotores del litigio”.
No son los únicos que advierten sobre las consecuencias negativas de esta demanda. Hernando Herrera Mercado, abogado y director de la Corporación Excelencia en la Justicia, advirtió sobre algunos vacíos e inconsistencias en la demanda inicial.
“De admitirse, la Corte Constitucional entraría a cuestionar múltiples pronunciamientos de exequibilidad que en el pasado ha dado respecto de varios aspectos del estatuto tributario”.
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Las alertas de los expertos van en distintas direcciones, dados los alcances que tendría el proceso de admisión.
Además del impacto económico, Herrera Mercado advierte que “injustificadamente se perturbará el pacífico tránsito de la cosa juzgada”, y agrega que “como la misma jurisprudencia constitucional lo ha reiterado hasta el cansancio, esa institución jurídica otorga a las decisiones el carácter de inmutables y definitivas, privando de la posibilidad de nuevos pronunciamientos. De manera tal que incitar a su decaimiento, como lo sugiere la omnívora demanda precitada, vulneraría la realización efectiva de los principios constitucionales de debido proceso, seguridad jurídica y confianza legítima”.
En un extenso análisis, los exministros de Estado Restrepo y Botero no solo insisten en que el país quedará en una profunda recesión, con crecimiento de la pobreza, desempleo y alto endeudamiento por la pandemia, por lo que una vez superada esta se requerirá un enorme flujo de inversión tanto pública como privada.
En consecuencia, dicen que “en un contexto tan complejo como el actual, la sola admisión de la demanda podría ser muy dañina para el clima de inversión y el crecimiento económico, elementos claves para la reactivación social que necesita nuestro país”.
Y agregan que de prosperar, se generaría un riesgo gravísimo de parálisis del Estado como consecuencia de la incapacidad de recaudar impuestos y, por consiguiente, de cumplir sus funciones básicas.
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“Su admisión podría tener un efecto perturbador en el clima de inversión, la demanda no es idónea para iniciar un debate judicial válido”, consideran Botero y Restrepo.
Por su parte, el jurista Herrera Mercado señala que, desde la perspectiva económica, la demanda también posee vacíos y presenta paradojas.
“Dice atacar el estatuto tributario bajo el cargo de desigualdad del ingreso monetario, pero sorprende detectar que no se hayan tenido en cuenta factores objetivos económicos que ayuden a corroborar el punto”.
Y explica, a renglón seguido, que los demandantes omitieron decirle a la Corte que durante la regencia de tal ordenamiento, la población por debajo de la línea de pobreza nacional pasó de 50 por ciento en 2002 a 27 por ciento en 2018.
También se olvidaron de indicar que la carga tributaria de las empresas del país se ubica por encima del 60 por ciento.
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