Bogotá, 19 de junio de 2024. En una revelación alarmante, la representante a la Cámara Carolina Giraldo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, señalando la presunta influencia del Clan del Golfo en la empresa contratista Proicom S.A.S. Según Giraldo, esta empresa ha sido adjudicataria de contratos de obras públicas en ocho departamentos de Colombia, y entre sus socios se encuentran individuos capturados por su presunta relación con la estructura de testaferrato y lavado de activos del Clan del Golfo.
La denuncia, presentada ante la fiscal general Luz Adriana Camargo, destaca que Proicom S.A.S. tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza Zea y César Augusto Rincón González. Ambos fueron capturados en 2021 por su presunta relación con actividades ilícitas del Clan del Golfo. Según la representante del partido Alianza Verde, Hipólito Mendoza ha tenido control sobre más de 3.000 bienes, incluyendo inmuebles, ganado y establecimientos comerciales, valorados en más de 250.000 millones de pesos.
La denuncia de Giraldo también señala que Mendoza Zea ha sido miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Cristóbal Rodríguez Hernández, exrepresentante a la Cámara por Boyacá del Partido de La U. Además, Mendoza Zea fue contratista de la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes por recomendación del congresista Óscar Villamizar Meneses, del Centro Democrático por Santander.
César Augusto Rincón González, otro socio de Proicom S.A.S., también está señalado por su presunta vinculación con el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado. Según la denuncia, ambos socios tendrían lazos con figuras criminales de alto perfil como John Freddy Zapata Garzón, alias ‘Messi’ o ‘Candado’, y John Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’.
Proicom S.A.S. ha obtenido contratos valorados en 22.000 millones de pesos en 12 municipios distribuidos en ocho departamentos, incluyendo Bahía Solano (Chocó), Chinchiná, Manizales, Samaná y Pácora (Caldas), Marsella y Pereira (Risaralda), Girardota (Antioquia), Puerto Inírida (Guainía), Puerto Rico (Caquetá), Purificación (Tolima) y Tame (Arauca). Además, a través de sus accionistas, ha contratado sistemas de alumbrado en Cauca y Risaralda.
La denuncia presentada por Carolina Giraldo no solo apunta a la posible corrupción en la adjudicación de contratos públicos, sino también a cómo estas operaciones pueden estar financiando actividades criminales del Clan del Golfo. «Esta estructura delincuencial se nutre de dinero público, del dinero de los contribuyentes, para fortalecer su operación criminal,» advirtió Giraldo en su intervención.
La denuncia de la representante Giraldo coloca un foco crítico sobre la relación entre entidades contratistas y organizaciones criminales en Colombia. Ahora, la Fiscalía General de la Nación tiene la tarea de investigar a fondo estas acusaciones y determinar la veracidad de los vínculos entre Proicom S.A.S. y el Clan del Golfo. La expectativa es que se tomen medidas contundentes para garantizar la transparencia en la adjudicación de contratos públicos y cortar cualquier flujo de recursos hacia estructuras criminales.
Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre las empresas que manejan fondos públicos, asegurando que los recursos destinados al desarrollo y bienestar de la comunidad no sean desviados para financiar actividades ilegales.
