Redacción
Se trata de Bray Alexis Rodríguez, alias Bray; Miguel Ángel Rey Buitrago, alias Miguelito; Darwin Johan Rico León, alias La Mija; Juan Esteban Rodríguez Estepa; y Leonel Francisco Rada Contreras, quienes durante las audiencias concentradas fueron imputados por los delitos de hurto calificado y agravado.
Por su parte, Alejandro Martín Arrieta Laserna, alias Chuky, deberá responder por el punible de fabricación tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Las investigaciones adelantadas establecieron la presunta participación de estas personas en varios hurtos bajo la modalidad de fleteo. Se evidenció que seleccionaban a sus víctimas una vez salían de entidades financieras y cajeros electrónicos, ubicados en el centro de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), donde luego las robaban.
En diligencia de registro y allanamiento realizada este 12 de septiembre, a un inmueble, ubicado en el barrio San Martin de la comuna 4 de esta localidad, las autoridades capturan a cinco de los procesados mediante orden judicial y en flagrancia alias Chuky.
Durante los operativos fueron incautando 5 motocicletas y un arma de fuego tipo revolver elementos que, al parecer, eran utilizados para realizar sus acciones criminales.
Un juez con funciones de control de garantías de la capital nortesantandereana avaló los argumentos de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de 5 de los procesados, mientras que a alias la Mija fue afectada con detención domiciliaria.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
MPHA/DATO/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
