Los resultados de la Misión de Empleo que encargó el gobierno en julio de 2020, para hacer frente al deterioro del mercado laboral acentuado por el impacto de la pandemia, se dieron a conocer este miércoles.
(‘Mercado laboral en el país funciona mal’: reparos de misión de empleo).
El documento, liderado por el economista Santiago Levy y el académico Darío Maldonado, hizo un diagnóstico sobre la estructura laboral y el sistema colombiano, y revisó sus cuellos de botella, especialmente relacionados con el sistema de seguridad social, el nivel de los salarios y la normativa actual.
“El mercado laboral en Colombia funciona mal y como resultado la mayoría de los trabajadores recibe protección social deficiente, y tiene empleos precarios, con pocas posibilidades de mejora durante su carrera laboral”. Esta fue una de las primeras conclusiones que mencionó Levy, quien aseguró que la disfuncionalidad del mercado laboral genera exclusión social, castiga el crecimiento y la productividad, y genera tasas de desempleo persistentemente altas.
Entre las causas de ese mal funcionamiento, según la misión, están malos incentivos de la protección social asociados a la forma en que se financia, y a la calidad y reglas de acceso a sus beneficios; deficiencias en los mecanismos para proteger a trabajadores contra el despido; un salario mínimo muy alto relativo a la distribución salarial; un sistema de formación para el trabajo que no conecta con las demandas del sector productivo; y debilidad en los mecanismos de fiscalización e impartición de justicia laboral.
(Las fallas de la misión de empleo del Gobierno, según expertos).
En medio de la presentación, organizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Trabajo, Levy explicó que uno de los problemas está en que la mayoría de empresas en el país son pequeñas empresas, y que en estas el 59% de los trabajadores tienen un papel precario, pues el 97% de las empresas del país tienen de 1 a 3 empleados y el 81% son informales.
“La legislación laboral y la legislación de seguridad social colombiana tienen un papel protagónico en los resultados que estamos viendo”, dijo el experto, quien mencionó que en el sistema pensional nacional, en el cual coexisten tres regímenes (RAIS, Prima Media y Beps), alrededor de dos tercios de los trabajadores que están contribuyendo no van a cumplir los requisitos para acceder a una pensión.
Por el lado del salario, la misión destacó así mismo que este tiene dos roles dentro del sistema, como piso de ingresos de los trabajadores dependientes, y como un umbral para las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia al Régimen Contributivo, monto mínimo de pensión, y determinante de acceso a Régimen Subsidiado.
Allí, según Levy, el país “tiene uno de los niveles más altos de Latinoamérica respecto de la mediana de la distribución salarial, con independencia de su nivel respecto al costo de una canasta de consumo”, y esto implica que al menos 50% de los trabajadores urbanos y más del 75% de los rurales tienen ingresos inferiores a un salario mínimo, y que, ante ello, las empresas limitan la contratación en relaciones de dependencia.
LA IMPLEMENTACIÓN
Ahora, una vez puestos a consideración del Gobierno estos resultados, la tarea está en implementar los cambios, pero el análisis de la misión no solo cumple las veces de diagnóstico, sino que establece que, a futuro, Colombia requiere construir una visión objetivo que amplíe y mejore la protección social en el contexto de un mercado laboral menos segmentado y más favorable a la productividad, y diseñar un proceso de reformas consistente para alcanzar esa visión.
“El mensaje de la misión es que el problema laboral en Colombia requiere de una revisión completa sobre los principios fundamentales que deben estar detrás del diseño de la política. El problema no se resuelve con ajustes puntuales, poner una tuerca aquí o allá para mejorar todo. No hemos puesto suficiente atención a unos principios básicos de cómo se debe hacer la política pública, que tiene que ver con primero, alinear los usos y las fuentes de financiamiento”, mencionó Maldonado.
(¿A qué puede recurrir un trabajador en caso de despido?).
El académico dijo que también se requiere revisar las políticas para apoyar las necesidades de los trabajadores -protección contra el despido y formación- para asegurar que cubren a todos los trabajadores incluyendo los que hoy están en la informalidad.
Por su parte, Levy mencionó que este análisis “no implica reformar todo al mismo tiempo, y tampoco diseñar ni implementar reformas aisladas, pero sí requiere cambios legislativos que pueden llevarse a cabo por diversas rutas siempre y cuando se mantenga la consistencia global”.
Algunas voces como la de María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, señalaron que “es urgente que las propuestas de la Misión de Empleo pasen del diagnóstico a la realidad. Tenemos muchos diagnósticos y recetas para este y todos los males que aquejan a Colombia, pero casi siempre se quedan en papel, en el discurso. Los resultados de la Misión presentan propuestas importantes que debemos comenzar a desarrollar y ejecutar con políticas efectivas y las reformas necesarias”, dijo.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE