Los fiscales federales antimonopolio y antipandillas acusaron a una docena de personas, incluido un cabecilla con presuntos vínculos con el Cartel del Golfo de México, por cargos de fijación de precios, extorsión y lavado de dinero relacionado con el envío de autos usados a México, según una acusación revelada el lunes.
El grupo, dirigido por Carlos Favian Martínez, encabezó un plan para fijar precios y repartirse ilegalmente negocios entre competidores en el mercado de «servicios de agencia de transporte transmigrante», o el transporte de automóviles usados desde los EE. UU. a través de México y hacia Centroamérica. según la acusación. Los acusados imponían su operación a través de un patrón de violencia y extorsión que incluía palizas y secuestros; varias personas fueron asesinadas. Ninguno de los acusados fue acusado de esas muertes.
Martínez es el yerno de un líder anónimo del Cartel del Golfo en México, según la acusación.
El caso marca un cambio poco común para la división antimonopolio del Departamento de Justicia, que generalmente se enfoca en investigaciones civiles de fusiones y otras supuestas conductas anticompetitivas, así como delitos de cuello blanco que involucran colusión entre empresas y ejecutivos rivales.
La sección de crimen organizado y pandillas del Departamento de Justicia también investigó el caso, junto con la Oficina del Fiscal Federal de Houston.
También es notable un cargo penal que involucra una conspiración para monopolizar. Los casos de monopolización generalmente involucran a una sola empresa y se discuten comúnmente en el contexto de los casos e investigaciones del Departamento de Justicia que involucran a Google y Apple. Sin embargo, hasta principios de la década de 1980, el departamento presentaba regularmente cargos penales por monopolización. El Secretario de Justicia Auxiliar Jonathan Kanter, quien encabeza la división antimonopolio, ha dicho que quiere reactivar la acusación de tales casos como un delito, y recientemente aseguró una declaración de culpabilidad de una empresa de pavimentación de carreteras en Montana.
La acusación revelada el lunes acusó a las 12 personas de violencia de amplio alcance utilizada para obligar a los rivales a participar en el esquema de fijación de precios, incluidos tiroteos, palizas y secuestros.
Cuando una mujer, identificada solo como CR, socavaba los acuerdos colusorios y no pagaba sobornos, su familia fue amenazada y uno de sus empleados fue secuestrado.
Martínez y otros están bajo custodia en espera de un juicio, mientras que algunos acusados han sido puestos en libertad bajo fianza, según los registros judiciales.