Gracias a la contundencia de la pruebas recaudadas por la Fiscalía en su contra, Miller Andrés Moreano Obando y Fernando Castañeda Serrato fueron condenados por distintos jueces del circuito con funciones de conocimiento de Neiva (Huila), a más de 17 años de prisión por haberle causado la muerte a dos hombres en hechos aislados registrados en esta ciudad.
En el primer caso, Moreano Obando fue condenado por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
El 2 de febrero de 2021, en el barrio Las Camelias, Moreano Obando le disparó con arma de fuego a Brayan Stiven Cortés Mogollón, quien luego falleció en un centro médico.
Momentos antes, las compañeras sentimentales del condenado y la víctima habrían tenido algunas discrepancias, por lo que el hoy occiso abordó de manera pacífica al hoy condenado, quien le disparó de forma indiscriminada aprovechando su estado de indefensión.
El hombre aceptó su responsabilidad en los hechos por medio de un preacuerdo por lo que cumplirá una pena de 17 años y 2 meses de prisión (206 meses). La decisión quedó en firme.
Una segunda condena se emitió en contra de Fernando Castañeda Serrato por el delito de homicidio que cometió en contra de Marlon Stick Sepúlveda Alarcón, a quien en medio de una riña con arma blanca le ocasionó la muerte el 22 de septiembre de 2019 en una discoteca ubicada en la vía Neiva – Palermo (Huila).
Por estos hechos, que se generaron por conflictos personales, Castañeda Serrato cumplirá una pena en prisión de 17 años y 4 meses (208 meses). Esta decisión es de primera instancia, pues la defensa apeló la decisión del juez.
La Fiscalía habla con resultados.
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LMGM/CFG/DSPB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
