La oficina de Putumayo de la oficina del fiscal general de la nación logró encarcelar a dos hombres presuntamente involucrados en agresiones sexuales.
Entre los investigados se encuentra Cristian Camilo Carvajal Velasco quien, el 9 de octubre de 2022, aparentemente agredió sexualmente a una mujer con la que había tenido una relación. Los hechos ocurrieron mientras la víctima intentaba ingresar a su domicilio, en el barrio Sinaí de Puerto Asís (Putumayo).
La evidencia física determinó que el acusado probablemente rasgó la ropa de la mujer y la sometió a múltiples humillaciones. En la primera oportunidad, la mujer afectada logró huir y fue auxiliada por un vecino.
Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional capturaron al hombre por orden del juzgado en la colonia Las Américas de dicho municipio. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía acusó a Carvajal Velasco como posible responsable del delito de acceso carnal violento.
El segundo caso se referiría a Gerardo Marino Rodríguez Morán, presunto responsable de haber cometido violencia física y verbal contra su pareja sentimental. Agresiones cometidas entre octubre de 2022 y enero de 2023.
La fiscalía tiene información que demostraría que el 31 de diciembre Rodríguez Morán obligó a la mujer a tener relaciones sexuales mientras se encontraban en su domicilio, ubicado en el Valle de Guamuez (Putumayo).
Por estos hechos, denunciados por la víctima, el imputado fue capturado por miembros de la Sijín. La fiscalía lo imputó por los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar.
La fiscalía habla con resultados.
LMGM/MAGA/OJPG/DSP
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de hechos objetivos de actualidad, proporcionados por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la publicación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
