Una semana después de que el Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de reforma tributaria y fiscal siguen creciendo las voces críticas en el Legislativo y en varios gremios económicos, lo cual pone en riesgo la aprobación de esta iniciativa.
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En el Congreso y en sectores económicos aumentan las posturas que se oponen a la reforma, ¿por qué insistir ante un ambiente tan adverso?
Esta no es una decisión caprichosa ni impulsiva. Para Colombia es urgente mantener la protección a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas. No hacerlo en este momento puede crear una bomba de tiempo que afecte la confianza de inversión en el país y golpee a toda la nación. Una pérdida de confianza se traduce en un aumento del costo de la deuda para el Gobierno y las empresas, devaluación y aumento del costo de vida para todos.
Es momento de obrar con grandeza y sentido de urgencia y por eso el Gobierno llega al Congreso para que allí se pueda dar un proceso constructivo donde logremos los objetivos que requiere el país con las propuestas de los partidos. La calificadora Standard and Poors nos ha mantenido el grado de inversión solo con presentar una reforma social y fiscal, esto demuestra que hay confianza en que las instituciones obrarán con responsabilidad.
¿Qué mensaje les envía a los sectores políticos que piden revaluar la reforma?
Que como lo han hecho siempre, lleguen con sus propuestas al Congreso y que todos juntos construyamos una reforma que proteja a los más vulnerables y estabilice las finanzas de la nación. Que es en el Congreso y en la elaboración de las ponencias como se va construyendo el consenso.
Desde el Centro Democrático, su partido, también se han escuchado voces que no están de acuerdo con aspectos de la reforma, entre estas las del expresidente Uribe…
Primero que todo, siempre he tenido un gran aprecio, respeto y amistad por el expresidente Uribe. Sus comentarios y opiniones siempre son patrióticas y buscan ser propositivas para el bien del país. En el partido hay muchas voces y propuestas y con esas opiniones se puede construir.
Quienes están en las comisiones económicas siempre han hecho valiosos aportes en el debate de proyectos e iniciativas de gran trascendencia. Con el Centro Democrático hemos sacado muchas leyes adelante como también lo hemos hecho con partidos de Gobierno e independientes. El Centro Democrático es un partido que siempre está proponiendo y eso lo valoro mucho.
Varios sectores piden ajustar el recaudo de 24 billones de pesos, de la reforma, por considerarlo exagerado en un contexto de crisis. ¿Qué les responde?
Estamos abiertos a un debate constructivo pensando en el país. Hay propuestas muy interesantes por parte del Consejo Gremial y su presidente, Julián Domínguez, y hay propuestas sobre la mesa de la Andi, Fedesarrollo, Anif, Asocapitales, Fededepartamentos, entre otros, que enriquecen el debate. Las medidas sociales están previstas para continuar este año y las medidas fiscales entrarán en vigencia en el 2022, pero sus efectos se sentirán en el 2023 y en adelante.
La voz de todos en el Congreso es crucial para enfrentar la peor crisis que ha vivido la humanidad en 100 años. Esta es una reforma no para mi gobierno, sino para el país.
¿Pero existe la posibilidad de revisar ese monto o es una cifra inamovible?
La política y los acuerdos de país no se hacen con dogmatismos ni con actitudes hirsutas o cerreras. Necesitamos llegar a un sano equilibrio que permita mantener las ayudas a los más vulnerables y estabilizar las finanzas de la nación. Ese tipo de acuerdos se deben dar en el Congreso de la República pensando en el país. Si en decenas de oportunidades de retos fiscales el Congreso ha respondido a las necesidades del país, con más razón para salir de la peor crisis que ha vivido la humanidad en 100 años.
¿Cuál podría ser un alcance moderado de la reforma?
El propósito de la reforma es seguir protegiendo a los más pobres y vulnerables y estabilizar las finanzas de la nación que mantengan la confianza en el país y nos permita financiar la reactivación económica con inversión pública y activación de empleo.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para lograr consensos y en qué temas sería posible alcanzarlos? ¿Existe algún tema vedado?
Colombia requiere lograr los recursos para seguir protegiendo a los más pobres y evitar retrocesos en materia de pobreza y lucha contra la desigualdad. El PNUD ha dicho que gracias a los programas sociales que hemos implementado evitamos que 4 millones de personas caigan en la pobreza y el BID ha dicho que hemos puesto en marcha el más efectivo programa social para enfrentar la pandemia.
No podemos darnos el lujo de no mantener estos programas y tampoco el de no estabilizar las finanzas de la nación. Una pérdida de confianza dificulta el crédito, afecta la inversión, encarece el endeudamiento para departamentos, municipios y sector privado, trae devaluación y aumentos abruptos en el costo de vida. El consenso debe ser proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas de la nación.
Este es el debate que está teniendo lugar en todo el mundo y todos los países lo abordarán; quienes lleguen tarde van a sufrir demasiado.
Si el alcance de la reforma se llegara a moderar en el recaudo, ¿cómo se afectaría el alcance de los programar sociales?
Los programas sociales buscan que el 50 por ciento de la población más vulnerable de Colombia tenga apoyos económicos y contribuyen también a la reactivación del país. Queremos que 5 millones de hogares tengan ingreso solidario por más tiempo y, mejorando el monto, que la devolución del IVA pueda llegar a 4 millones de hogares.
Buscamos que el Paef, que ha subsidiado la nómina a 3,4 millones de trabajadores, se extienda en el año; que las micro y pequeñas empresas paguen menos impuestos para generar más empleo; que subsidiemos la seguridad social para la contratación de jóvenes por 5 años y que brindemos educación universitaria pública gratuita a los estratos 1, 2 y 3.
En adición a esto, queremos la estabilidad de las finanzas de la nación. Estos programas ya existen y han dado resultados. El Congreso en su discusión con el Gobierno pueden llegar a la mejor solución y al mejor equilibrio en términos de tamaño para alcanzar este propósito de país.
¿Los subsidios permanentes de la agenda social podrían ser contraproducentes al incentivar un Estado excesivamente asistencialista, luego de superar la emergencia?
La pandemia ha dejado en el mundo más de 3 millones de muertos, más de 300 millones de desempleados, las peores recesiones en años para más de 100 países y más de 400 millones de personas en pobreza. Como lo han dicho la ONU, el FMI, el BID, la Ocde y la OMS, no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia porque nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo.
Eso quiere decir, en un mundo donde decenas de países no han podido poner una sola vacuna, que no podemos abandonar a los más vulnerables porque tendremos que convivir y adaptar nuestra política económica y social a una convivencia con un enemigo invisible que muta y se hace más peligroso y que la forma para enfrentarlo amenaza muchas veces a los más pobres e informales.
Dicho esto, la agenda social debe diseñarse para estas circunstancias y la duración de las ayudas deben ir de la mano con esos preocupantes fenómenos. Las ayudas sociales han sido vitales para que las familias más vulnerables acompañen las medidas de salud.
El secretario Gurría, de la Ocde, le dijo a EL TIEMPO que si bien la aprobación de la ley puede ser ya, la implementación puede ser gradual. ¿Se ha pensado en eso?
Así es y así está previsto el proyecto. Que las medidas sociales para los más vulnerables sigan desde el 2021 y que en los aspectos fiscales exista gradualidad en el tiempo, pero dando claras señales de estabilidad de nuestras finanzas en el corto, mediano y largo plazo.
¿Se podría revisar el piso desde el que las personas naturales comenzarían a pagar impuesto de renta, uno de los puntos álgidos de la reforma?
El Congreso de Colombia y los gobiernos en los últimos 20 años han ido dando pasos graduales donde siempre se va bajando ese piso y aún así somos uno de los países de América Latina donde se empieza a pagar renta desde un monto más alto.
Lo propio ocurre cuando nos comparamos con los miembros de la Ocde. Crear una mayor cultura de pago, gradualmente y con montos simbólicos es urgente en un país donde solo el 4 por ciento de la población paga impuesto de renta.
Varios expertos dicen que el impuesto al patrimonio afectará la inversión y, de paso, el empleo, en un momento en el que el desempleo es uno de los principales problemas.
¿Cómo evitar una carga excesiva sobre las empresas que son las responsables del empleo formal?
El impuesto al patrimonio lleva 20 años en Colombia. Se creó para financiar la Seguridad Democrática, luego para pagar la ola invernal, luego en el gobierno anterior se llevó solo a personas naturales por encima de 5.000 millones de pesos.
Si hemos apelado en situaciones menos extraordinarias que una pandemia a este tipo de herramientas, cómo no hacerlo para enfrentar la peor crisis mundial en 100 años. Lo cierto es que debe ser transitorio, progresivo y descontable de renta, entre otros, y solo para personas naturales con patrimonios superiores a 5.000 millones y 15.000 millones con tarifas marginales.
Hoy países como EE. UU., Chile, Perú, España, Francia y Reino Unido, entre otros, están proponiendo estas medidas. Por supuesto, el balance es que estas medidas no afecten la confianza de inversión y ahí está el reto en la configuración regulatoria.
¿Qué caminos le quedan al país para hacer sostenibles sus finanzas públicas si la reforma se hunde?
Sin una reforma social y fiscal será casi imposible mantener el grado de inversión. Por eso estamos actuando ahora y con sentido de responsabilidad. A mí muchas personas me dijeron: “Déjele ese chicharrón al que viene y no asuma ese costo político”. Actuar de esa manera sería ser irresponsable con el país y mucho más cuando el FMI alerta que la relación de deuda sobre PIB en el promedio mundial llegará al 99 por ciento en este año.
Eso quiere decir que se vendrá una competencia feroz por recursos para repagar deudas, tan feroz como ha sido la competencia por vacunas o ventiladores. Los países que lleguen a esa competencia con grado de inversión, con finanzas estables y una agenda social sostenible estarán “vacunados e inmunes” frente a una situación que puede ser muy dolorosa en los próximos años.
¿Está convencido de que la reforma será aprobada por el Congreso?
Estoy convencido de que este es un momento crítico para el mundo y que una reforma social y fiscal es urgente porque necesitamos seguir protegiendo a los más vulnerables y estabilizar las finanzas de la nación.
Estoy convencido de que si hay voluntad y grandeza podremos de manera constructiva sacarla adelante en el Congreso como ha ocurrido en tantas ocasiones. No hacer esto ahora y bien y más cuando las propias calificadoras como Standard and Poors nos han ratificado el grado de inversión ante el inicio de la discusión con el Congreso, sería un error que nos costará mucho como país.
Confío en que con el Congreso y con las propuestas de los partidos y los distintos sectores podamos mostrar que, en momentos donde la historia lo requiere, Colombia consolida soluciones colectivas.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS / EL TIEMPO
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