Redacción
Los testigos de excepción de las negociaciones en La Habana entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc cuentan que los momentos más difíciles pasaban cuando los insurrectos lanzaban una pregunta que quedaba gravitando en el ambiente: ¿Cuándo estemos sin las armas quién nos va a garantizar nuestras vidas?
Este fin de semana que pasó fue asesinado Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, en zona rural de La Uribe (Meta). Lo balearon junto con uno de sus escoltas, Luis Alexander Largo (Mandela).
Se trata de un muerto más en la larga lista de excombatientes que creyeron en la firma del Acuerdo de Paz y que hoy están en una tumba. Ya son 234 los exguerrilleros asesinados, 146 de ellos bajo el actual gobierno.
Su caso, sin embargo, es distinto y con consecuencias imprevisibles en el ámbito político. ¿Por qué? El propio presidente Iván Duque se había comprometido a protegerlo.
En efecto, Monroy era no solo uno de los líderes más caracterizados de nuevo partido Farc sino que por su convicción en que la política sin armas era el mejor camino para construir un país distinto, era el elegido en muchas reuniones para expresar los reclamos de la comunidad.
Por eso, participó del taller Construyendo País en Villavicencio en octubre de 2018. En este, el exguerrillero denunció las condiciones de inseguridad, hizo una dramática radiografía de los complejos riesgos que los acosaban y le exigió con enorme franqueza al Jefe del Estado protección y garantías para la implementación del Acuerdo de Paz.
Duque, por su parte, tomó el micrófono y le prometió ante las cámaras que “para que puedan hacer esa transición exitosa tendrán la protección del Estado”.
A pesar de esto, lo mataron. Eso explica el sentimiento en la declaración de Emilio José Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al informar del hecho: “Es una triste noticia”, dijo. Y luego enumeró todas las virtudes de este hombre en el camino de construir proyectos benéficos para su región, en particular en el desarrollo rural.
Monroy era integrante de la dirección nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
De hecho, la colectividad le había encomendado estar al frente del proceso de reincorporación en el departamento del Meta y “se había granjeado el respaldo y apoyo de las comunidades de la región que lo habían adoptado como su líder natural”, según informó este movimiento en un comunicado.
“Fue vocero en la audiencia que realizó la Jurisdicción Especial de Paz el pasado 22 de agosto para analizar los problemas de seguridad de los exguerrilleros en el oriente del país”, agregó el texto.
Por su parte, Luís Alexander Largo era su escolta, integrante del programa de protección de la subdirección especializada de la UNP. “Dos hombres comprometidos decididamente con la paz y el progreso de la región”, dice el partido Farc.
Eso explica la indignación en este partido que dice que: “La racha de asesinatos contra los firmantes de la paz se da en el contexto de un gobierno que mantiene un silencio cómplice, seguramente convencido de que estos asesinatos favorecen su propósito de impedir la consolidación de la paz, tal como es la aspiración expresa de su partido, el Centro Democrático”.
Para ellos, “estos asesinatos no son hechos aislados ante la arremetida contra la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la simulación de la implementación del Acuerdo que hemos venido denunciando”.
Según interpretan en el partido Farc, se trata de “una convergencia de factores” que “ha terminado uniendo en sus propósitos a la extrema derecha que hoy ocupa la Casa de Nariño con aquellos que traicionaron el Acuerdo de Paz, convirtiendo a los exguerrilleros en blanco de los odios y de intereses mezquinos de ambos extremos”.
La reacción en otro caso no hubiera tenido el impacto mediático que ha tenido en este por la promesa que quedó registrada por parte del Jefe del Estado.
Así, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lamentó el hecho.
“Nuestras condolencias a sus familiares y a la comunidad en reincorporación. Expresamos nuestro total rechazo a las acciones que atentan contra toda persona”, aseguró el organismo internacional.
«Monroy Ayala fue una persona clave en la implementación del proyecto de reincorporación y de protección ambiental Ambientes para la Paz», expresó, entre tanto, la Embajada de Noruega en Colombia.
«Es urgente fortalecer la protección de quienes dejaron las armas. Nuestras condolencias a familiares y a toda la población en proceso de reincorporación de la región», agregó la embajada.
Así es. No se trata de un crimen más. En este caso, el impacto es internacional lo que pone de nuevo sobre la mesa las tremendas dificultades para el Gobierno Nacional de mostrar en la realidad, como lo dijo la canciller en la ONU, que el compromiso para implementar el acuerdo no son solo palabras.
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