Con el título ‘El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia’, más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales agrupadas en tres plataformas de derechos humanos presentaron su balance del segundo año de gobierno del presidente Iván Duque, en el que el Ejecutivo.
Esta realidad ha tenido varias consecuencias y quizás la más grave es que el presidente Iván Duque ha gobernado por decreto en un sinnúmero de temas sin el respectivo control del Congreso y la Corte Constitucional, alterando el equilibrio de poderes.
En cuanto al manejo de los recursos de la pandemia, el informe señala que el Gobierno Nacional solo ha ejecutado el 12% del presupuesto destinado a conjurar la crisis: de $29.6 billones del presupuesto para atender la emergencia sólo se han ejecutado $3.6 billones.
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“No es posible encontrar una explicación razonable que excuse la baja ejecución de los recursos previstos para atender esta crisis; el ministerio de Hacienda cuenta con $26.3 billones congelados con los que podría financiar tres meses de renta básica a unos nueve millones de hogares”, indica el informe.
Frente a este tema, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, del total de los recursos disponibles para atender la emergencia, que son $28,9 billones, ya hay contratos por $12,3 billones, y de esos se han desembolsado $10,8 billones. Es decir, hay una ejecución del 42 por ciento, lo que representa mucho más de lo que afirman las organizaciones sociales, aunque según analistas sigue siendo una ejecución baja.
El informe de las organizaciones sociales señala, además que, la renta básica se ha constituido en una importante demanda social que cuenta hoy con cuatro proyectos de ley, “pero ninguno ha sido aprobado ante la desidia de las mayorías del Congreso y el desinterés absoluto del Gobierno Nacional”.
Frente a este tema de las ayudas directas, el Gobierno Nacional ha resaltado la extensión hasta junio del próximo año de la entrega del ingreso solidario, que es un auxilio por 160 mil pesos que entrega el Ejecutivo a cerca de 3 millones de familias vulnerables. Igualmente se mantienen las transferencias para los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y Colombia Mayor.
Uno de los puntos en los que el informe es más crítico tiene que ver con las agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos. “Durante este año se registraron 844 agresiones individuales, de las cuales 124 corresponden a homicidios”.
Esto pone en evidencia un hecho que siempre se ha señalado y es una diferencia entre estos informes y las cifras que maneja el Gobierno Nacional. De acuerdo con la Alta Consejería para los Derechos Humanos, en 2016 se presentaron 61 asesinatos de líderes sociales; en 2017 la cifra subió a 84, para 2018 se presentó el mayor pico cuando se registraron 115 homicidios, en 2019 se llegó a 108.
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El documento de las organizaciones sociales también contiene un apartado frente a la implementación del acuerdo de paz.
“Importantes logros del Acuerdo Final, como la existencia de un capítulo étnico racial, se encuentran desfinanciados y se registra solo un 12.14 por ciento de avance en el cumplimiento de las metas trazadas por este enfoque, seguido por el enfoque de género con 23.65 por ciento, los PDET con 23.88 por ciento y un total general del 27.08%, tras casi cuatro años de la firma del Acuerdo Final. Según el balance, a tres años de la firma del Acuerdo Final, puede decirse que solo se ha completado el 4% de lo pactado y apenas un 10% adicional está iniciando”, indica el informe.
Sobre los recursos para implementar lo pactado, el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró en entrevista con EL TIEMPO, que “en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque se contemplaron recursos por $ 37,1 billones para la implementación de la política de paz con legalidad. A través del Presupuesto General de la Nación, ha dispuesto $ 27,8 billones. En el 2019 se destinaron $ 7,3 billones, durante el 2020 se presupuestaron $ 9,8 billones y para 2021 se espera contar con un presupuesto de $ 10,7 billones”.
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